Javier Rueda Velázquez o Velásquez

Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
314/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Javier Rueda Velázquez o Velásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo 314/2022, por desistimiento expreso del quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicha determinación para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído por desistimiento de la parte quejosa, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio 7237/2022 con firma electrónica y evidencia criptográfica de la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, resiente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que transcribe el acuerdo de presidencia de once de octubre del año en curso, dictado en el conflicto competencial 22/2022, del que se advierte que se admitió a trámite dicho conflicto suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca y este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio 18099/2022 con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que no acepta la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos que expone. No obstante lo anterior, este juzgador sostiene el criterio emitido el veinticinco de agosto del año en curso, en el sentido de que el competente para conocer y resolver este asunto es un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por los motivos y fundamentos legales ahí puntualizados. Por tanto, remítase este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que corresponda, a fin de que sea éste, quien resuelva el conflicto competencial. Hágase del conocimiento la presente determinación a las partes, así como al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quejoso ***, dentro del término legal que se le concedió, no hizo manifestación alguna respecto al requerimiento que se le formuló en proveído de veinte de mayo del actual, a efecto de que a éste órgano jurisdiccional diversas documentales, sin que lo hubiere hecho. Por otra parte, visto el estado el estado de autos así como las constancias que lo integran, se advierte que ****, promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades y actos siguientes Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste Oaxaca, Tercera Ponencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Que hizo consistir literalmente en IV- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. De las autoridades señaladas en los incisos a), b) y c), reclamo: La negativa a dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecho 01 de agosto de 2018, dictada por los CC. Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia fiscal y Administrativa, dentro del julio de nulidad *** La negativa a dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por los CC. Magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad *** - El inmediato cumplimiento a la sentencia definitiva, fecha 01 de agosto de 2018 y a la sentencia interlocutoria de fecha 02 de septiembre de 2019, dictadas por los CC. Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad *** De la autoridad señalada en el inciso III), reclamo: - La omisión de imponer dentro del juicio de nulidad ****, a las autoridades señaladas como demandadas las multas de apremio previstas en el artículo 58. tracción I, inciso a y b), ante el incumplimiento a la sentencia definitiva fecha 01 de agosto de 2018 y a la sentencia interlocutoria de fecho 02 de septiembre de 2019." INCOMPETENCIA. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto, se estima que este órgano de control carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa ***, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución materia es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda En ese sentido, existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda. Como puede advertirse, la regla establecida con el numeral 2, precisa que es competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa línea expositiva, es de señalar que el quejoso en su demanda de amparo indirecto señaló como autoridades responsables al Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca; y a los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Oaxaca de Juárez, Oaxaca y como acto reclamado destacado la negativa de cada una de las aludidas autoridades de realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de uno de agosto de dos mil dieciocho y la interlocutoria de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictadas en el juicio de nulidad 305/2018 del índice de la sala de referencia. En orden de ideas, quien aquí resuelve estima que resulta obligado considerar que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues aun cuando en la demanda el quejoso señaló que los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tenía su domicilio dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción (Salina Cruz, Oaxaca), lo cierto es que dicha autoridad tiene su residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo que se corrobora con la razón actuarial de trece de mayo de dos mil veintidós, en la que la fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional asentó que dicha autoridad tiene su domicilio en dicha municipalidad y entidad federativa. Amén de que tal razón actuarial se robustece con el informe con justificación que rindió dicha Sala responsable (folio 7147). Por todo lo anterior, resulta innegable que la ejecución del acto reclamado puede tener ejecución en un municipio en el que este órgano jurisdiccional no ejerce Jurisdicción, dado que pertenece a la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Máxime que las diversas autoridades señaladas como responsables, también tienen su residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 8/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página foja 5, Tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 190372, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente". De igual forma, la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 9/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 190373, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". Así como, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción PC.I.P. J/39 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito en la Décima Época, registro 2016596, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, materias común-penal, página 1071, que es de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." En tales condiciones, se estima que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en la presente resolución; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, con apoyo en el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que, por su conducto le sean enviados y conforme a sus atribuciones legales determine lo procedente, solicitándose al órgano jurisdiccional respectivo, el acuse de recibo correspondiente. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 245025, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, a saber, las nueve horas con treinta minutos de este día. Notifíquese

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