Javier Reyes Robles

Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
14/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Javier Reyes Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado, dicho proveído para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 inciso b)del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre del actual, se requirió al quejoso ***, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de ese acuerdo, compareciera a este órgano jurisdiccional a efecto de que se le hiciera entrega de los edictos de mérito para su publicación por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Así también, en dicho auto se ordenó requerir al quejoso de mérito, para que dentro del citado plazo legal, manifestara expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar tal circunstancia con prueba fehaciente, para estar en aptitud de determinar si procedía su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; apercibiéndolo que no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo legal, se entendería que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos, sin que lo hubiera hecho, por lo que, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento respectivo, entendiéndose que sí tiene capacidad En consecuencia, se actualiza una causal de improcedencia; cuestión que es de orden público y, por ende, de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisaran y al tenor de lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de esa Ley. Ello es así, toda vez que el quejoso Javier Reyes Robles dentro del plazo legal que se le otorgó por acuerdo de veintisiete de septiembre del actual, no manifestó expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, por lo que es evidente que con dicha conducta contumaz por parte del quejoso de mérito, actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 27, fracción I, y 5, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Funda lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Desde luego, no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", en la que se determinó que en aquellos casos en los que el quejoso afirme que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos y consten en autos elementos que demuestren esa circunstancia, se determinará que su pago (edictos) correrá a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se estima que ese criterio no es aplicable en el caso, en razón de que como ya se dijo, la parte quejosa no acreditó que estuviese imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza pues no hizo manifestación alguna en ese sentido, no obstante habérsele requerido expresamente para ese efecto. Déjese sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese; por lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de diecinueve de enero del actual.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos de septiembre del año en curso, se requirió a la parte quejosa ***, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de ese acuerdo, manifestara lo que a sus intereses convenga, respecto del impedimento que tuvo Alcalde único constitucional, de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, para emplazar a la tercera interesada ***, sin que ninguna hiciera manifestación alguna. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional agotó la búsqueda a que hace alusión el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo anterior toda vez que mediante auto de veintidós de febrero del año en curso, se ordenó girar oficios a diversas dependencias, para que informaran a este juzgado, si en los archivos de éstas, se encontraba registrado algún domicilio de la tercera interesada Isabel Ortiz Ramírez, sin que a la fecha se haya proporcionado dato de localización alguno. En consecuencia, a fin de no retrasar el procedimiento y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 27, fracción III, párrafo segundo, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la referida tercera interesada, por medio de edictos, los cuales en términos del primer numeral citado, correrán a cargo de la parte quejosa, y deberán contener los requisitos que previene el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, a efecto de cumplir con lo señalado, se precisa: A. Se determinó el emplazamiento de la tercera interesada a través de edictos, con cargo de la parte quejosa, con fundamento y por las razones desarrolladas en el presente acuerdo. B. La publicación del edicto deberá realizarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana precisando que deberá realizarse en días hábiles, además se fijará en la puerta de este propio Juzgado, copia íntegra del mismo por todo el tiempo del emplazamiento. Lo edictos contendrán: *Una relación sucinta de la demanda. *El conocimiento a la tercera interesada que cuenta con el término de treinta días, a partir del siguiente de la última publicación, para que acuda a este Juzgado de Distrito a apersonarse al juicio si a sus intereses conviene, por lo que en el expediente queda a su disposición copia de la demanda. *Se les hará saber que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la cual podrá diferirse hasta en tanto el expediente esté debidamente integrado. C. Se ordena por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, hágase entrega a la parte quejosa de los edictos de mérito, debidamente firmados por la secretaria autorizada, de los edictos a publicar en el diario de mayor circulación y el Diario Oficial de la Federación, con acuse de recibo por separado, conteniendo lugar y fecha de elaboración, la leyenda del escudo nacional, número de expediente, y el sello íntegro y legible de este órgano jurisdiccional. D. Asimismo, se anexan dos discos compactos, que contienen los archivos de los edictos a publicar, con formato letra arial, sin negrillas, en mayúsculas y minúsculas, tamaño nueve, espacio sencillo entre líneas y justificado; en configuración "Word for Windows" con extensión ".doc", cuyo texto coincide íntegramente con el impreso firmado; en tamaño, para el periódico de circulación nacional de nueve centímetros de altura, y nueve punto ocho centímetros de ancho y, para el Diario Oficial de la Federación el equivalente a un cuarto de su página. Por lo que, la parte quejosa deberá presentarse en este Juzgado a recibir los edictos de mérito, dentro del plazo legal de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído. En ese sentido, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace de su conocimiento que para efectuar la entrega de los edictos, previamente deberá generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendido por el personal adscrito en la entrega de la documental que se refiere. APERCIBIMIENTO Se hace saber a la parte quejosa, que en caso de no comparecer a este Juzgado a recoger los edictos para su publicación; y de no entregar sin causa razonable los ejemplares del Diario Oficial de la Federación y del periódico de mayor circulación de la República Mexicana, en el que conste la publicación de los edictos para el emplazamiento de la tercera interesada mencionada o de no manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de publicación; se sobreseerá en el juicio conforme lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, a efecto de no hacer nugatorio sus derechos correspondientes, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este proveído, manifieste expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar con prueba fehaciente tal circunstancia, para estar en aptitud de determinar si procede su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que el no hacer manifestación alguna dentro de la temporalidad concedida, se entenderá que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página cuatrocientos dieciséis, del tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 164074, cuyo tenor literal es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Finalmente, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que se le concedió al quejoso Javier Reyes Robles, en auto de seis de julio del año en curso, para el efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto del impedimento legal que tuvo la fedataria para notificar a la responsable señalada por el quejoso como "Comandante Regional de la Costa de la Agencia Estatal de investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado, destacamentado en la ciudad de San Pedro Pochutla, del Estado de Oaxaca, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diecinueve de enero del actual, y con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera inexistente a la prenombrada autoridad responsable, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

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