Javier Rubio Rosas
Expediente 1446/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Rubio Rosas
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1446/2021; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. JAVIER RUBIO ROSAS, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer en su momento al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al titular del Órgano Superior de Fiscalización Oaxaca (antes Auditoria Superior del Estado), y del Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, que más adelante se precisarán. SEGUNDO. En proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, ese juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo bajo el número 1216/2021, solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación de su adscripción. Posteriormente, en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, y al advertir el juzgado de Distrito primigenio, la existencia de diversos expedientes administrativos, de oficio decretó la separación de juicios dentro del juicio de amparo 1216/2021. TERCERO. En auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el testimonio deducido del juicio de amparo 1216/2021, del índice del juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, mismo que quedó radicado con el número 1446/2021, el cual conocería de los actos reclamados derivados del expediente administrativo ASE/RIM/0423/2016. Atento a lo anterior, y al advertirse que el asunto se encontraba debidamente integrado, se dio la intervención correspondiente a la representación social de la federación adscrita, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del titular del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (antes Auditoria Superior del Estado), la resolución determinante de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo ASE/RIM/0423/2016, así como todas las actuaciones subsecuentes. Del Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, la emisión de los avisos previos de embargo números APECCCE0268NC19, relativos a los créditos fiscales 46358 y 46613. TERCERO. El Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas, y la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados, convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que anexaron al respecto, y a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, por cuanto hace al acto reclamado al titular del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (antes Auditoria Superior del Estado), consistente en la resolución determinante de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo ASE/RIM/0423/2016, así como todas las actuaciones subsecuentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17, de la misma ley; mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo; (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De dichos preceptos se obtiene que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, los cuales, entre otras hipótesis, empieza a correr el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. En el caso, conforme las constancias remitidas por el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas, revelan que la resolución emitida en el expediente administrativo ASE/RIM/0423/2016, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, le fue notificada al quejoso, por conducto de Daniela Alma Rendón Gómez, el siete de noviembre de dos mil dieciséis, por correo certificado conforme al artículo 132 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. Ahora, dicha notificación surtió efectos el día siguiente en que fue practicada, conforme al artículo 125 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. Por lo que el plazo para impugnar dicha determinación transcurrió del nueve al veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Luego, es claro que al haberse presentado la demanda de amparo el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Ofician de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, es evidente, la acción de amparo que es motivo de este juicio de garantías, se ejerció fuera del término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con la resolución reclamada, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la quejosa en este medio de control, si previamente la consintió. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En ese orden de ideas, y al actualizarse la causa de improcedencia en comento, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al titular del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (antes Auditoria Superior del Estado). En otro aspecto, por cuanto hace al diverso acto reclamado al Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, consistente en la emisión de los avisos previos de embargo números APECCCE0268NC19, relativos a los créditos fiscales 46358 y 46613, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De la porción normativa transcrita se colige que el juicio de amparo indirecto es procedente, de manera excepcional, contra actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución final, sino que, además, recaigan en derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible a página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, se tiene que el acto reclamado al Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, consistente en la emisión de los avisos previos de embargo números APECCCE0268NC19, relativos a los créditos fiscales 46358 y 46613, no son actos de imposible reparación, dado que su emisión tiene por objeto requerir al quejoso el pago por concepto de un crédito fiscal y accesorios legales. Por tanto, con su emisión, no se afecta materialmente algún derecho sustantivo que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente se traducen en actos procesales tendentes a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. A mayor abundamiento, tal acto no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, en términos del numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sino que se traduce en actos intermedios dirigidos a diligenciar un mandamiento de ejecución de un crédito fiscal, cuyo sujeto obligado es el aquí quejoso. Estimar lo contrario, es decir, declarar procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo que en modo alguno permitió el poder reformador. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 187, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." En ese orden de ideas, y al actualizarse la causa de improcedencia en comento, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 1446/2021, promovido por JAVIER RUBIO ROSAS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, mediante el cual informa que al aceptar este juzgado el conocimiento del juicio de amparo 1216/2021 de su índice, instruyó al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de su adscripción para que habilite de forma definitiva la vinculación de dicho expediente a este juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, y dos testimonios de constancias deducidas del juicio de amparo número 1216/2021, del índice de ese Juzgado, promovido por Javier Rubio Rosas, contra actos del Titular del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca, antes de la Auditoria Superior del Estado, y otra autoridad; acúsese recibo. Ahora bien, advirtiéndose que en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el referido juicio de amparo se decretó la separación de autos ordenándose que en uno diverso se ocupe únicamente del expediente administrativo ASE/RIM/0423/2016, del índice de la Auditoria Superior del Estado; en consecuencia se provee. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 1446/2021, y tal como se precisó en la resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se ocupará únicamente de los actos reclamados en el expediente administrativo ASE/RIM/0423/2016, al Titular del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca, antes de la Auditoria Superior del Estado, y otra autoridad, sin que haya lugar a ordenar el trámite del incidente de suspensión, toda vez que en el juicio de garantías 1216/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, del que deriva el presente asunto, ya se dictó la interlocutoria correspondiente, del cual únicamente se ordena formar por separado con las copias certificadas del incidente de suspensión aludido cuaderno de antecedentes. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, solicítese de la manera más atenta al Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, que de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación definitiva del expediente electrónico del juicio de amparo número 1216/2021, de su índice, al presente asunto. Lo anterior se ordena hacerlo del conocimiento de las partes. Prosígase con el procedimiento por lo que hace a los actos y autoridades que serán materia del presente juicio, sin que haya lugar a solicitar informes justificados, pues los mismos ya obran en autos. Se señalan las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y ante la actual situación de contingencia que se vive con la pandemia derivada del virus COVID-19; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Carbonera, número seiscientos uno A (601-A), Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a José Oswaldo Sánchez Javier, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Viany Citlali García Santiago, Yesica Edith Pérez y Janitzy Donají Ramírez García. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el correo electrónico abogadosemarglo@gmail.com, como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo; por lo que, en todo caso, se le exhorta para que en lo posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
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