Javier Primitivo España García
Expediente 274/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Primitivo España García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Glósese el escrito de Jorge Antonio Ramírez Cruz, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Javier Primitivo España García, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase las demás copias entre las partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el escrito original de los agravios y copia de éste, así como el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso. Fórmese el cuaderno de antecedentes a partir de este auto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo, por lo que de ser necesario su consulta se hará por ese medio. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el acuerdo de dieciséis de abril de este año, sin que las tercera interesada Cindy López España y Juana Clara España España, hayan cumplido con el requerimiento que se le formuló en dicho acuerdo, esto es, señalar domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le hagan por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto subsane dicha omisión. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis número II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 1058, del Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista. Por otra parte, vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito; se advierte que no le fue posible notificar a las mencionadas terceras interesadas la sentencia dictada en autos, por las razones que expone; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles dicha sentencia, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, lo que permanecerá hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE NOTIFICA LAS TERCERAS INTERESADAS DE REFERENCIA, LA SENTENCIA QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - - - - - - - - Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 274/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Javier Primitivo España García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, y magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistentes en: i) El auto de vinculación a proceso, dictado el doce de octubre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal número 126/2017, por el hecho que la ley señala como delitos de violencia familiar y lesiones, en primero, en agravio de Cindy López España y, el segundo, de ésta y de Juana Clara España España; y ii) La resolución de fecha veinticinco de febrero del año en curso, emitida en el toca penal número JOTP/94/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de Cindy López España. Acto que estima violatorio de los artículos 1º, 19 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintidós de marzo pasado, este juzgado Federal admitió la demanda de referencia, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados Cindy López España, Juana Clara España España y agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en la ciudad de Tlaxiaco, a quienes se les corrió traslado con copia de la demanda de amparo (folios 25-31); y previos los trámites pertinentes citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Las autoridades responsables juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, y magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, aceptaron los actos reclamados (folios 15-16 y 22). Para corroborar lo anterior remitieron dos discos ópticos relativos a la causa penal número 126/2017, y al toca penal número JOTP/94/2017, así como un tomo de pruebas correspondiente a dicho toca penal, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En sustento se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, en relación al acto reclamado al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley en cita, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La fracción transcrita contempla la improcedencia del amparo, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro asunto de la misma naturaleza, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional, lo cual no es jurídicamente permisible. Así, la razón fundamental de la citada causa estriba en evitar una cadena de juicios del orden constitucional interminable. En ese tenor, constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la existencia en este juzgado del juicio de amparo 119/2018, promovido por el aquí quejoso, contra actos del juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el doce de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 126/2017, por los hechos considerados por la ley como los delitos de violencia familiar y lesiones, asunto en el cual se sobreseyó al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley rectora del juicio de garantías, toda vez que dicha resolución había sido sustituida procesalmente por la determinación emitida por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, dentro del toca penal 94/2017. En tanto, en el caso particular, el propio impetrante reclama el idéntico acto reclamado, que atribuye a la propia autoridad responsable. Por tanto, de una interpretación del arábigo 61, fracción IX, de la ley en cita, se arriba a la conclusión de que al expresar los vocablos "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias en sentido amplio que emiten los órganos de control constitucional sin importar su sentido. En el caso, el peticionario agotó su instancia constitucional al haber promovido el diverso juicio de amparo 119/2018 -contra los mismos actos reclamados-. Lo que implica la inmutabilidad de lo ya resuelto, en torno al acto que por esta vía se reclama nuevamente. Con base en lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de la ley rectora del juicio de garantías. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.7o.A.132 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página: 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO". QUINTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en relación al acto reclamado a la sala responsable, son infundados. En efecto, en este asunto el impetrante del amparo reclama la resolución de fecha veinticinco de febrero del año en curso, emitida en el toca penal número JOTP/94/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de Cindy López España. Dicho ilícito se encuentra previsto en los artículos 404 y 404 Bis, y sancionado en el diverso numeral 405, del Código Penal del Estado, que establece: "Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; III. Violencia patrimonial.- Acto u omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos; IV. Violencia económica.- Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos; V. Violencia sexual.- A toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo, lesiona o daña la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. Se expresa a través de la inducción a presenciar o realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, así como la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja, entre otros y; VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las personas a decidir libre, responsable y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, servicios obstétricos de emergencia y servicios de interrupción legal y segura del embarazo en casos de violación. Artículo 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además, se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo, en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores, personas con discapacidad o mujeres en estado de gravidez. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". Los hechos que dieron origen al ilícito, son los siguientes: "Que el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entre las catorce horas con quince minutos y catorce horas con treinta minutos, cuando la víctima Juana Clara España España, se encontraba en su domicilio ubicado en el paraje "Cascada", en Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, llegó el hoy quejoso a bordo de un taxi, estacionándose sobre la carretera que pasa arriba de ese domicilio, llamando a la señora Cindy López España, a quien le reclamó el por qué su hijo no tenía todas las vacunas, pidiéndole verlo, acto seguido ésta se acercó con el menor, para luego quitárselo a la fuerza, llevándoselo al interior del taxi, diciéndole que lo iba a llevar, y para evitar que se lo llevara se acercó al vehículo agarrándose del mismo y del activo, que en ese momento salió la señora Juana Clara España España, y se acercó al vehículo para ayudar a su hija y evitar que se llevara al menor, y en el momento que tenía su cabeza adentro del vehículo, Javier Primitivo España García, puso en marcha el vehículo arrastrándolas aproximadamente entre ocho y diez metros, causándoles las lesiones que se hicieron constar en el certificado médico expedido a favor de Juana Clara España España". En la resolución impugnada, la sala responsable tomó en consideración los siguientes datos de prueba: 1.- La declaración de la víctima Cindy López España, quien en esencia refirió que el día del evento el imputado le arrebató de sus brazos a su menor hijo AIEG, y posteriormente, al tratar de que no se lo llevara, fue arrastrada por el vehículo de motor que conducía el propio quejoso, causándole lesiones. 2.- La declaración de Juana Clara España España, en la que expresó que el día del hecho, al encontrarse en su domicilio, llegó el imputado a bordo de un taxi y le gritó a su hija (Cindy) que quería ver a su hijo, que después le arrebató a éste y lo introdujo al coche, que para evitar que se llevara al niño se agarraron del automóvil pero el sujeto activo lo puso en marcha y las arrastró causándoles lesiones. 3.- La declaración de los testigos Candelaria y Manuel, de apellidos López Santiago, quienes en lo medular refirieron que el día del hecho escucharon gritos y se percataron que Cindy López España y Juana Clara España España, estaban tiradas y lastimadas, gritando que el imputado se llevaba al menor de edad. 4.- El certificado médico de lesiones, expedido por Fausto López Santos en el que se hizo constar que Cindy López España presentaba: "Una escoriación en cepillo de veintiuno por nueve centímetros de largo y ancho, que abarca hombro y parte superior del antebrazo izquierdo, una herida de nueve centímetros de largo por procedimiento quirúrgico y colocación de una placa con tornillo por fractura del tercio medio de clavícula izquierda, escoriación de doce por seis centímetros de largo y ancho, en rodilla derecha, escoriaciones de cinco por cuatro centímetros en rodilla derecha, dos escoriaciones de tres por dos centímetros y otra de cuatro por cuatro centímetros de ancho, en rodilla izquierda, no ponen en peligro su vida y tardan en sanar menos de quince días". 5.- El dictamen psicológico de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en el que la perito oficial María del Pilar Luna Ortiz, estableció que la víctima Cindy López España presentaba un estado anímico de miedo, vulnerabilidad, temor de ser agredida, ansiedad, tristeza, baja autoestima, llanto e impotencia. 6.- El atestado de registro civil del menor, expedido por el Oficial Primero del Registro Civil de Putla de Guerrero, Oaxaca. Datos de prueba que fueron valorados por la sala responsable de manera libre y lógica, de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que resultaron eficaces para configurar hasta ese estadio procesal, indicios razonables y suficientes, que permitieron acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y hacen probable la participación del impetrante en su comisión y, sustentaron la emisión del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama. Lo cual, contrariamente a lo que señala el quejoso, se realizó de manera fundada y motivada en términos del artículo 16 constitucional, porque se citaron como fundamento los artículos 19 de la Carta Magna, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 404, 404 Bis, 405, del Código Penal del Estado, en relación con los numerales 8, fracción I, 11, fracción II y 14, del Código Penal vigente en el Estado, donde se encuentra previsto y sancionado el hecho atribuido al impetrante, así como la forma de su comisión y participación, expresando las razones tenidas en cuenta para emitir el auto cuestionado. En efecto, la responsable tuvo por acreditado el hecho constitutivo del delito de mérito, con los datos de prueba a que se hizo referencia, en donde se señala al imputado como la persona que el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entre las catorce horas con quince minutos y catorce horas con treinta minutos, llegó a bordo de un taxi al domicilio ubicado en el paraje "Cascada", en Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, estacionándose sobre la carretera, llamando a Cindy López España, a quien le reclamó que su hijo no tuviera todas las vacunas y pidiéndole verlo, acto seguido la víctima se acercó con el menor, siendo éste arrebatado por medio de la fuerza y conducido al interior del taxi, que para evitar que se lo llevara la pasivo se acercó al vehículo agarrándose del mismo, lo cual también hizo la señora Juana Clara España España, sin embargo, el imputado puso en marcha el vehículo arrastrándolas aproximadamente entre ocho y diez metros, causándoles lesiones. Por lo que respecta a la probable intervención del peticionario del amparo en la comisión del hecho delictivo referido, la sala responsable estimó que intervino como autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, lo que tuvo por acreditado en su conjunto con los datos de prueba precisados, cuya reproducción nuevamente se estima innecesaria. También, como bien lo consideró la responsable, y contra lo que arguye el impetrante, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado, en razón de que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito en términos del arábigo 14 del ordenamiento legal citado. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". En ese contexto, se procede a dar respuesta a los conceptos de violación que en forma destacada formula el quejoso, mismos que resultan infundados. Aduce que en la página nueve del acto reclamado, específicamente en el tercer párrafo, la responsable estableció que no se apreciaba que el imputado hubiera logrado el sometimiento o control de la víctima, sin embargo, concluyó que con su conducta resultó lesionada la pasivo. Que lo anterior implica una contradicción, pues por una parte se le otorga la razón y por otra se le quita, lo que le genera inseguridad jurídica. Es desacertado lo que afirma el agraviado, toda vez que si bien la responsable realizó dicho razonamiento, lo cierto es que, leyendo la resolución en su contexto, en la parte que se señala, la sala penal estaba analizando una parte de sus agravios en la que expresó: "(.) si de los datos de prueba apreciamos una conducta que lesiona a la víctima, pero no que tenga por objeto lograr su sometimiento a control, si de lo expuesto por la fiscalía jamás se señala de qué forma la actividad desarrollada por el agente sometió a control a la pasivo", y en donde efectivamente le da la razón al impetrante, estableciendo que al desplegar el hecho que se le atribuye, no se advertía que hubiera sometido a la víctima. Sin embargo, no debe perderse de vista que, la sala penal señaló que pese a la inexistencia del sometimiento, los numerales 404 y 404 Bis, del Código Penal del Estado, prevén que el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, contempla diversas medios a través del cual puede cometerse (toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar)-. Y en el caso en concreto, existe una hipótesis que regula la conducta del impetrante, como es el hecho que utilizando un objeto (en este caso el taxi) agredió de manera física a la víctima, puesto que la arrastró junto con diversa persona alrededor de ocho o diez metros, en los momentos en que trataban de impedir que se llevara al menor de edad, causándoles las lesiones descritas en el certificado médico expedido por la perito oficial, así como el correspondiente daño psicológico que destacó la perito oficial (presenta un estado anímico de miedo, vulnerabilidad, temor de ser agredida, ansiedad, tristeza, baja autoestima, llanto e impotencia). Por tanto, es claro que se actualizan los extremos exigidos por los numerales 404 y 404 Bis, fracción I, del Código Penal del Estado, en cuanto al hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Para clarificar lo anterior, se insertan nuevamente los citados arábigos: "Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas". Siendo importante mencionar que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que se encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Que no se acredita el hecho típico, toda vez que no existe prueba que demuestre que tenga o haya tenido una relación con la víctima, tal como lo exige el numeral 404 del Código Penal del Estado. No asiste la razón al impetrante, en la medida que de los medios de pruebas reseñados, se colige que existió una relación de noviazgo entre el activo y víctima, muestra de ello es que procrearon a un menor de edad, quedando así acreditado el requisito que exige el numeral 404 precitado (cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima). Sin soslayar que en atención al principio pro persona, contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es innecesario acreditar, formalmente, el vínculo existente entre la víctima y el imputado, toda vez que la finalidad que persigue el hecho considerado por la ley como delito, es erradicar la violencia entre los integrantes de la familia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.7o.P.43 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página: 2558, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Materia(s): Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VIOLENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, ES INNECESARIO QUE SE ACREDITE FORMALMENTE EL VÍNCULO QUE UNE AL SUJETO PASIVO (EXCONCUBINA) CON EL ACTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). En observancia al principio pro persona, para efectos de configurar el delito de violencia familiar, es innecesario acreditar, formalmente, el vínculo que une al sujeto pasivo (exconcubina) con el activo, de conformidad con los requisitos establecidos en el Código Civil, pues los intereses, beneficios o perjuicios del concubinato son irrelevantes para asuntos penales de violencia familiar, en tanto que la finalidad que persigue dicho delito, es erradicar la violencia entre los integrantes de la familia; específicamente, en el caso, eliminar la violencia de género. Lo anterior, al tomar en consideración que, de la interpretación sistemática de los artículos 200 y 201 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para esta ciudad, atento a su evolución, y a lo expuesto en los procesos legislativos, se advierte que dicho ilícito no sólo protege las relaciones reconocidas jurídicamente por el mencionado ordenamiento civil, sino también los vínculos de hecho (noviazgo, amasiato, padrinazgo, relación entre los hijos y la pareja del progenitor, incluso, aun cuando no tengan algún parentesco, pero por cierta causa se incorporen al núcleo familiar); aunado a que en materia penal se juzgan hechos, no actos jurídicos; además, el estado civil es una categoría sospechosa, que no puede utilizarse injustificadamente, y es obligación del Estado Mexicano tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como asegurar su acceso efectivo a la justicia". En otro aspecto, es pertinente señalar que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se necesita expresar el hecho que la ley señale como el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, aspectos que fueron debidamente acreditados en el caso que se analiza. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado por el impetrante respecto al acto reclamado que fue analizado en este considerando. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Javier Primitivo España García, contra el acto reclamado al juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, de conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Javier Primitivo España García, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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PREVIO AVISO, NOTIFICO AL QUEJOSO LA SENTENCIA QUE ENSEGUIDA SE INSERTA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 274/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Javier Primitivo España García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, y magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistentes en: i) El auto de vinculación a proceso, dictado el doce de octubre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal número 126/2017, por el hecho que la ley señala como delitos de violencia familiar y lesiones, en primero, en agravio de Cindy López España y, el segundo, de ésta y de Juana Clara España España; y ii) La resolución de fecha veinticinco de febrero del año en curso, emitida en el toca penal número JOTP/94/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de Cindy López España. Acto que estima violatorio de los artículos 1º, 19 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintidós de marzo pasado, este juzgado Federal admitió la demanda de referencia, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados Cindy López España, Juana Clara España España y agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en la ciudad de Tlaxiaco, a quienes se les corrió traslado con copia de la demanda de amparo (folios 25-31); y previos los trámites pertinentes citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Las autoridades responsables juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, y magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, aceptaron los actos reclamados (folios 15-16 y 22). Para corroborar lo anterior remitieron dos discos ópticos relativos a la causa penal número 126/2017, y al toca penal número JOTP/94/2017, así como un tomo de pruebas correspondiente a dicho toca penal, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En sustento se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, en relación al acto reclamado al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley en cita, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La fracción transcrita contempla la improcedencia del amparo, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro asunto de la misma naturaleza, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional, lo cual no es jurídicamente permisible. Así, la razón fundamental de la citada causa estriba en evitar una cadena de juicios del orden constitucional interminable. En ese tenor, constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la existencia en este juzgado del juicio de amparo 119/2018, promovido por el aquí quejoso, contra actos del juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el doce de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 126/2017, por los hechos considerados por la ley como los delitos de violencia familiar y lesiones, asunto en el cual se sobreseyó al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley rectora del juicio de garantías, toda vez que dicha resolución había sido sustituida procesalmente por la determinación emitida por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, dentro del toca penal 94/2017. En tanto, en el caso particular, el propio impetrante reclama el idéntico acto reclamado, que atribuye a la propia autoridad responsable. Por tanto, de una interpretación del arábigo 61, fracción IX, de la ley en cita, se arriba a la conclusión de que al expresar los vocablos "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias en sentido amplio que emiten los órganos de control constitucional sin importar su sentido. En el caso, el peticionario agotó su instancia constitucional al haber promovido el diverso juicio de amparo 119/2018 -contra los mismos actos reclamados-. Lo que implica la inmutabilidad de lo ya resuelto, en torno al acto que por esta vía se reclama nuevamente. Con base en lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de la ley rectora del juicio de garantías. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.7o.A.132 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página: 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO". QUINTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en relación al acto reclamado a la sala responsable, son infundados. En efecto, en este asunto el impetrante del amparo reclama la resolución de fecha veinticinco de febrero del año en curso, emitida en el toca penal número JOTP/94/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de Cindy López España. Dicho ilícito se encuentra previsto en los artículos 404 y 404 Bis, y sancionado en el diverso numeral 405, del Código Penal del Estado, que establece: "Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; III. Violencia patrimonial.- Acto u omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos; IV. Violencia económica.- Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos; V. Violencia sexual.- A toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo, lesiona o daña la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. Se expresa a través de la inducción a presenciar o realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, así como la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja, entre otros y; VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las personas a decidir libre, responsable y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, servicios obstétricos de emergencia y servicios de interrupción legal y segura del embarazo en casos de violación. Artículo 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además, se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo, en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores, personas con discapacidad o mujeres en estado de gravidez. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". Los hechos que dieron origen al ilícito, son los siguientes: "Que el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entre las catorce horas con quince minutos y catorce horas con treinta minutos, cuando la víctima Juana Clara España España, se encontraba en su domicilio ubicado en el paraje "Cascada", en Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, llegó el hoy quejoso a bordo de un taxi, estacionándose sobre la carretera que pasa arriba de ese domicilio, llamando a la señora Cindy López España, a quien le reclamó el por qué su hijo no tenía todas las vacunas, pidiéndole verlo, acto seguido ésta se acercó con el menor, para luego quitárselo a la fuerza, llevándoselo al interior del taxi, diciéndole que lo iba a llevar, y para evitar que se lo llevara se acercó al vehículo agarrándose del mismo y del activo, que en ese momento salió la señora Juana Clara España España, y se acercó al vehículo para ayudar a su hija y evitar que se llevara al menor, y en el momento que tenía su cabeza adentro del vehículo, Javier Primitivo España García, puso en marcha el vehículo arrastrándolas aproximadamente entre ocho y diez metros, causándoles las lesiones que se hicieron constar en el certificado médico expedido a favor de Juana Clara España España". En la resolución impugnada, la sala responsable tomó en consideración los siguientes datos de prueba: 1.- La declaración de la víctima Cindy López España, quien en esencia refirió que el día del evento el imputado le arrebató de sus brazos a su menor hijo AIEG, y posteriormente, al tratar de que no se lo llevara, fue arrastrada por el vehículo de motor que conducía el propio quejoso, causándole lesiones. 2.- La declaración de Juana Clara España España, en la que expresó que el día del hecho, al encontrarse en su domicilio, llegó el imputado a bordo de un taxi y le gritó a su hija (Cindy) que quería ver a su hijo, que después le arrebató a éste y lo introdujo al coche, que para evitar que se llevara al niño se agarraron del automóvil pero el sujeto activo lo puso en marcha y las arrastró causándoles lesiones. 3.- La declaración de los testigos Candelaria y Manuel, de apellidos López Santiago, quienes en lo medular refirieron que el día del hecho escucharon gritos y se percataron que Cindy López España y Juana Clara España España, estaban tiradas y lastimadas, gritando que el imputado se llevaba al menor de edad. 4.- El certificado médico de lesiones, expedido por Fausto López Santos en el que se hizo constar que Cindy López España presentaba: "Una escoriación en cepillo de veintiuno por nueve centímetros de largo y ancho, que abarca hombro y parte superior del antebrazo izquierdo, una herida de nueve centímetros de largo por procedimiento quirúrgico y colocación de una placa con tornillo por fractura del tercio medio de clavícula izquierda, escoriación de doce por seis centímetros de largo y ancho, en rodilla derecha, escoriaciones de cinco por cuatro centímetros en rodilla derecha, dos escoriaciones de tres por dos centímetros y otra de cuatro por cuatro centímetros de ancho, en rodilla izquierda, no ponen en peligro su vida y tardan en sanar menos de quince días". 5.- El dictamen psicológico de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en el que la perito oficial María del Pilar Luna Ortiz, estableció que la víctima Cindy López España presentaba un estado anímico de miedo, vulnerabilidad, temor de ser agredida, ansiedad, tristeza, baja autoestima, llanto e impotencia. 6.- El atestado de registro civil del menor, expedido por el Oficial Primero del Registro Civil de Putla de Guerrero, Oaxaca. Datos de prueba que fueron valorados por la sala responsable de manera libre y lógica, de conformidad con los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que resultaron eficaces para configurar hasta ese estadio procesal, indicios razonables y suficientes, que permitieron acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y hacen probable la participación del impetrante en su comisión y, sustentaron la emisión del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama. Lo cual, contrariamente a lo que señala el quejoso, se realizó de manera fundada y motivada en términos del artículo 16 constitucional, porque se citaron como fundamento los artículos 19 de la Carta Magna, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 404, 404 Bis, 405, del Código Penal del Estado, en relación con los numerales 8, fracción I, 11, fracción II y 14, del Código Penal vigente en el Estado, donde se encuentra previsto y sancionado el hecho atribuido al impetrante, así como la forma de su comisión y participación, expresando las razones tenidas en cuenta para emitir el auto cuestionado. En efecto, la responsable tuvo por acreditado el hecho constitutivo del delito de mérito, con los datos de prueba a que se hizo referencia, en donde se señala al imputado como la persona que el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entre las catorce horas con quince minutos y catorce horas con treinta minutos, llegó a bordo de un taxi al domicilio ubicado en el paraje "Cascada", en Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca, estacionándose sobre la carretera, llamando a Cindy López España, a quien le reclamó que su hijo no tuviera todas las vacunas y pidiéndole verlo, acto seguido la víctima se acercó con el menor, siendo éste arrebatado por medio de la fuerza y conducido al interior del taxi, que para evitar que se lo llevara la pasivo se acercó al vehículo agarrándose del mismo, lo cual también hizo la señora Juana Clara España España, sin embargo, el imputado puso en marcha el vehículo arrastrándolas aproximadamente entre ocho y diez metros, causándoles lesiones. Por lo que respecta a la probable intervención del peticionario del amparo en la comisión del hecho delictivo referido, la sala responsable estimó que intervino como autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, lo que tuvo por acreditado en su conjunto con los datos de prueba precisados, cuya reproducción nuevamente se estima innecesaria. También, como bien lo consideró la responsable, y contra lo que arguye el impetrante, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado, en razón de que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito en términos del arábigo 14 del ordenamiento legal citado. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". En ese contexto, se procede a dar respuesta a los conceptos de violación que en forma destacada formula el quejoso, mismos que resultan infundados. Aduce que en la página nueve del acto reclamado, específicamente en el tercer párrafo, la responsable estableció que no se apreciaba que el imputado hubiera logrado el sometimiento o control de la víctima, sin embargo, concluyó que con su conducta resultó lesionada la pasivo. Que lo anterior implica una contradicción, pues por una parte se le otorga la razón y por otra se le quita, lo que le genera inseguridad jurídica. Es desacertado lo que afirma el agraviado, toda vez que si bien la responsable realizó dicho razonamiento, lo cierto es que, leyendo la resolución en su contexto, en la parte que se señala, la sala penal estaba analizando una parte de sus agravios en la que expresó: "(.) si de los datos de prueba apreciamos una conducta que lesiona a la víctima, pero no que tenga por objeto lograr su sometimiento a control, si de lo expuesto por la fiscalía jamás se señala de qué forma la actividad desarrollada por el agente sometió a control a la pasivo", y en donde efectivamente le da la razón al impetrante, estableciendo que al desplegar el hecho que se le atribuye, no se advertía que hubiera sometido a la víctima. Sin embargo, no debe perderse de vista que, la sala penal señaló que pese a la inexistencia del sometimiento, los numerales 404 y 404 Bis, del Código Penal del Estado, prevén que el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, contempla diversas medios a través del cual puede cometerse (toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar)-. Y en el caso en concreto, existe una hipótesis que regula la conducta del impetrante, como es el hecho que utilizando un objeto (en este caso el taxi) agredió de manera física a la víctima, puesto que la arrastró junto con diversa persona alrededor de ocho o diez metros, en los momentos en que trataban de impedir que se llevara al menor de edad, causándoles las lesiones descritas en el certificado médico expedido por la perito oficial, así como el correspondiente daño psicológico que destacó la perito oficial (presenta un estado anímico de miedo, vulnerabilidad, temor de ser agredida, ansiedad, tristeza, baja autoestima, llanto e impotencia). Por tanto, es claro que se actualizan los extremos exigidos por los numerales 404 y 404 Bis, fracción I, del Código Penal del Estado, en cuanto al hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Para clarificar lo anterior, se insertan nuevamente los citados arábigos: "Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas". Siendo importante mencionar que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que se encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Que no se acredita el hecho típico, toda vez que no existe prueba que demuestre que tenga o haya tenido una relación con la víctima, tal como lo exige el numeral 404 del Código Penal del Estado. No asiste la razón al impetrante, en la medida que de los medios de pruebas reseñados, se colige que existió una relación de noviazgo entre el activo y víctima, muestra de ello es que procrearon a un menor de edad, quedando así acreditado el requisito que exige el numeral 404 precitado (cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima). Sin soslayar que en atención al principio pro persona, contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es innecesario acreditar, formalmente, el vínculo existente entre la víctima y el imputado, toda vez que la finalidad que persigue el hecho considerado por la ley como delito, es erradicar la violencia entre los integrantes de la familia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.7o.P.43 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página: 2558, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Materia(s): Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VIOLENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, ES INNECESARIO QUE SE ACREDITE FORMALMENTE EL VÍNCULO QUE UNE AL SUJETO PASIVO (EXCONCUBINA) CON EL ACTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). En observancia al principio pro persona, para efectos de configurar el delito de violencia familiar, es innecesario acreditar, formalmente, el vínculo que une al sujeto pasivo (exconcubina) con el activo, de conformidad con los requisitos establecidos en el Código Civil, pues los intereses, beneficios o perjuicios del concubinato son irrelevantes para asuntos penales de violencia familiar, en tanto que la finalidad que persigue dicho delito, es erradicar la violencia entre los integrantes de la familia; específicamente, en el caso, eliminar la violencia de género. Lo anterior, al tomar en consideración que, de la interpretación sistemática de los artículos 200 y 201 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para esta ciudad, atento a su evolución, y a lo expuesto en los procesos legislativos, se advierte que dicho ilícito no sólo protege las relaciones reconocidas jurídicamente por el mencionado ordenamiento civil, sino también los vínculos de hecho (noviazgo, amasiato, padrinazgo, relación entre los hijos y la pareja del progenitor, incluso, aun cuando no tengan algún parentesco, pero por cierta causa se incorporen al núcleo familiar); aunado a que en materia penal se juzgan hechos, no actos jurídicos; además, el estado civil es una categoría sospechosa, que no puede utilizarse injustificadamente, y es obligación del Estado Mexicano tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como asegurar su acceso efectivo a la justicia". En otro aspecto, es pertinente señalar que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se necesita expresar el hecho que la ley señale como el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, aspectos que fueron debidamente acreditados en el caso que se analiza. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado por el impetrante respecto al acto reclamado que fue analizado en este considerando. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Javier Primitivo España García, contra el acto reclamado al juez de Control de Tlaxiaco, Oaxaca, de conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Javier Primitivo España García, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
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