Javier Roberto Elizondo Portilla

Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
841/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Javier Roberto Elizondo Portilla

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinte de mayo de dos mil veinte. Luego, dado que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, téngase a la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la 75 Bis Agencia Investigadora de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintiuno de octubre pasado (fojas 57 y 58), pues precisa que las medidas de protección dictadas en favor de la tercero interesada Sofía Belaunzaran Reyes, estuvieron vigentes hasta el siete de octubre del año en curso. Ahora, con los elementos que integran el asunto destaca que en el caso se reclaman los siguientes actos: La determinación emitida en audiencia de veinte de agosto del año en curso, por Norma Elizabeth Marín Ramírez, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos, en que ratificó las medidas de protección decretadas en favor de la tercero interesada en la carpeta de investigación CI-FJF/75BIS/UI-1S/D/00926/08-2019; y La notificación de dicha resolución. Establecido lo anterior, este juzgado advierte actualizadas en relación con los referidos actos, dos causales de improcedencia. Respecto del apuntado en el numeral 1, la prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". Del precepto transcrito deriva la improcedencia del juicio de amparo con motivo de que el acto que se reclama ha surtido en forma total todos sus efectos y ello origina que ya no pueda ser reparable mediante la vía constitucional; entendido este como aquel que al realizarse en todas sus consecuencias, física y materialmente ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones alegadas, pues aun concediendo la protección de la justicia federal solicitada, no podría retrotraerse en sus efectos. Para determinar si un acto se ha consumado de modo irreparable, es necesario atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, de modo que si en el caso, se constata con las constancias allegadas que el ocho de agosto del año en curso fueron impuestas en favor de la tercero interesada las medidas de protección previstas en el artículo 137, fracciones I, II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por una temporalidad de sesenta días naturales; ratificadas por la autoridad judicial responsable en audiencia de veinte de agosto del año en curso y, como lo hizo del conocimiento en esta data la agente del Ministerio Público que tiene a cargo la indagatoria, dichas medidas tuvieron vigencia hasta el siete de octubre siguiente, es evidente que se han consumado de manera irreparable, al haber surtido en forma total todos sus efectos; razón por la que no existe motivo para la resolución del fondo del asunto, cuando es evidente que no podría alcanzarse su objetivo protector. Sirve de apoyo el criterio aislado emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, que en su rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Por lo que hace al diverso acto mencionado en el punto 2, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. .". Conforme a esta última previsión, destaca que en ella se establece el llamado principio de restitución, el cual implica que la finalidad de las sentencias de amparo en las que se otorgue la protección de la Justicia Federal es exclusivamente la de perseguir el objeto de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos) o bien, obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija (actos negativos). Por tanto, con total independencia de la naturaleza del acto reclamado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, por lo que para la procedencia del mismo es menester que la sentencia dictada en el controvertido, en el supuesto de ser favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución apuntada en cualquiera de sus vertientes. Estas consideraciones se retomaron de la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del país, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, que en su rubro dice "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE". En esas condiciones, si en la especie el quejoso reclamó la notificación de la determinación en que se ratificaron las medidas de protección impuestas y, estas últimas se han consumado en modo irreparable, resulta incuestionable que tal circunstancia por sí impide que pueda tener efecto el referido principio de restitución (finalidad práctica del juicio). Por lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia anunciadas, se sobresee fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada legislación. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el once de noviembre del año en curso a las diez horas. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

  3. Principal

    "...Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (...) Luego, vista la razón actuarial de cuenta, se tiene por emplazada en este juicio a la tercero interesada Sofía Belaunzaran Reyes, por autorizada a la persona que señala para los efectos precisados y, como lo solicita, realícensele las notificaciones mediante lista de acuerdos...".

  4. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso el auto de veintiuno de octubre en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remite el expediente 707/2019-V-B, promovido por Javier Roberto Elizondo Portilla, 1 tomo de prueba, 1 disco compacto y el incidente de suspensión en dos cuadernos, al considerar que es a este órgano de control constitucional a quien le corresponde el conocimiento del asunto por la razón que se expone. Al respecto, toda vez que del estado de autos se advierte que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto; fórmese expediente; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo el orden 841/2019, y hágase del conocimiento de las partes. Se señala el once de noviembre de dos mil diecinueve, a las diez horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin que sea necesario solicitar los informes de ley a las autoridades responsables, ya que fueron requeridos por el órgano jurisdiccional que previno en el conocimiento del juicio y los mismos ya constan en autos. Resguárdese en la secretaría de este juzgado el referido disco compacto; identifíquense con las carátulas correspondientes el incidente de suspensión, el tomo de prueba que remitió en apoyo a su informe de ley la juez responsable y, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de las autoridades responsables, las que allegaron al juicio, que se desahogan en este acto en virtud de su propia naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas al celebrarse la audiencia de ley. En torno al desahogo del dispositivo magnético, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Ahora, al imponerse del contenido de las referidas constancias, destaca que Sofía Belaunzaran Reyes, tiene calidad de víctima, de ahí que en términos del inciso c), fracción III, del numeral 5°, de la ley de la materia, se le reconoce carácter de tercero interesada en este asunto. Por tanto, comisiónese al actuario adscrito correspondiente, para que con copia simple de la demanda, autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, se constituya en el domicilio que consta en el diverso asunto 682/2019 de este juzgado, que se tiene como hecho notorio en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, y la emplace al presente juicio en términos del artículo 27 de la ley reglamentaria. Asimismo, le requiera para que en el momento de la diligencia o en los tres días siguientes al en que surta efectos la misma, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista, de conformidad con el dispositivo 26, fracción III, del ordenamiento invocado. Luego, acorde con la fracción III, inciso e), del mencionado numeral 5°, córrase traslado a Thanya Waleska Solis Tally, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, al ser la representación social que intervino en la audiencia en que se emitió la resolución reclamada. En otro aspecto, tomando en consideración que las medidas de protección de las que se duele el justiciable tuvieron su origen en la carpeta de investigación CI-FJF/75BIS/UI-1S/D/00926/08-2019, requiérase a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Agencia Investigadora 75 Bis de la Fiscalía mencionada, para que en el plazo de tres días, informe lo relativo al estado que guardan las medidas de protección que en su momento ratificó la juez de Control Norma Elizabeth Marín Ramírez en la carpeta judicial 002/1130/2019-O. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá una multa consistente en cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio...".

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