Javier o Xavier Alexis Aguilera Aguilera

Expediente 544/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
544/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
28/11/2017

Partes del expediente

  • Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
  • Javier o Xavier Alexis Aguilera Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 544/2017, promovido por Javier Alexis Aguilera Aguilera o Xavier Alexis Aguilera Aguilera, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que se precisará en el considerando segundo. II. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 14, 16, 18, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de doce de julio siguiente, una vez desahogada la prevención ordenada, se admitió a trámite la demanda con el orden 544/2017; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a la sala responsable; se tuvo como terceras interesadas a Fernanda Tejero García y Sara Angélica Andrade Romero, quienes fueron emplazadas; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es: * La resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 12/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso, decretado contra el quejoso, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio "agravado". TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó la autoridad judicial responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con el original del toca de referencia, entre cuyas constancias se encuentra la determinación reclamada; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Así, es infundado el motivo de inconformidad expuesto por el amparista en que manifiesta que se infringieron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, pues contrario a lo que sostiene, este órgano de control constitucional no advierte que se haya trasgredido en su perjuicio el artículo 14 constitucional, en lo concerniente a la resolución reclamada, el cual debe interpretarse en relación con el numeral 20 de la propia Ley Fundamental y con los numerales 477, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El referido precepto constitucional citado en primer término, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "(.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes exactamente aplicables al delito de que se trata.(.)". Se estima que no existe violación a dicho artículo constitucional con motivo de la resolución impugnada, pues de las constancias de autos se advierte que se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; se afirma lo anterior, ya que cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por un tribunal de apelación, aquéllas se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento al imputado y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas (en que se incluye la posibilidad de acceder a un recurso efectivo). Exigencias que en el caso a estudio se encuentran satisfechas, pues en primer lugar, del análisis de las constancias que informan el presente juicio de amparo se advierte que el solicitante del amparo fue notificado del inicio del procedimiento de segunda instancia. En relación con el segundo aspecto planteado, se resalta que de los autos del toca respectivo se advierte que el promovente del amparo tuvo oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, sin que lo hubiere hecho. En lo atinente al tercer requisito de mérito, también se satisfizo, pues en la sala responsable se llevó a cabo la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios formulados. En lo relativo al cuarto aspecto mencionado, también se colma pues precisamente con el dictado del acto reclamado se dirimió la cuestión debatida. De ahí que la resolución impugnada deriva de un procedimiento en el que hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del mismo y, por ende, no se advierte ataque a los derechos públicos subjetivos plasmados en el artículo 14 constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Segunda Sección-, Debido proceso, titulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Por otra parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Ley Fundamental establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro siguiente "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, previo a exponer las consideraciones que sustentan esta decisión, con la finalidad de tener mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los hechos por los que se vinculó a proceso al peticionario de amparo, que son acordes con los que fueron materia de la imputación formulada en la audiencia inicial relativa y que la sala responsable reprodujo en los siguientes términos: ".el 3 de marzo de 2017, aproximadamente antes de las 23:49. en la avenida San Pablo Xalpa, en la colonia Xochinahuac, en la Delegación Azcapotzalco de esta ciudad, en concreto a las afueras de la puerta de entrada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. para privar de la vida al señor VICENTE TEJERO GARCÍA fue utilizado un cuchillo y que le provocó tres lesiones de las cuales dos fueron clasificadas como mortales. desde luego hay indicios para establecer que en efecto el señor XAVIER ALEXIS AGULERA AGUILERA o JAVIER ALEXIS AGUILERA AGUILERA lo realizó, ello atendiendo aún cuando no paso por alto los argumentos que expone la defensa y que desde luego aún cuando considero. que en efecto no hay una prueba directa que establezca que el señor XAVIER ALEXIS AGUILERA AGUILERA o JAVIER ALEXIS AGUILERA AGUILERA fue el que lo realizó. atentos al contexto que da el ministerio público no se aprecia una persona o un testigo que hubiera presenciado las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se realizó, así como también lo destaca el órgano de defensa. Atendiendo a este momento procedimental en el que nos encontramos, el estándar probatorio es mínimo y se requiere exclusivamente información que me lleve al convencimiento en primer lugar de que el hecho sucedió y desde luego que el señor JAVIER ALEXIS fue el que lo realizó, pues al valorar todos estos datos de prueba que ha mencionado el agente del ministerio público me llevan al convencimiento de que así sucedió." Hechos que la sala responsable analizó acorde con el tipo penal previsto en los artículos 123 -al que prive de la vida a otro-, 124 -se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados-, 138, fracción I -hipótesis de ventaja-, inciso d) -pasivo-inerme, activo-armado-, todos del Código Penal para esta ciudad. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio, debe tenerse en cuenta que para la acreditación del hecho delictivo es necesario precisar que basta con que la autoridad judicial encuadre la conducta relativa a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es decir, para tener por satisfecho ese tópico sólo es necesario acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio en relación con el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos de prueba, cuya diferenciación se hace patente en el artículo 261 del código procesal penal nacional, pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio respecto del delito y su autor o partícipe. Es orientadora la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto tribunal de justicia del país, publicada en la página 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, no debe perderse de vista que el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el tribunal de alzada sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. De igual forma, debe tenerse presente que el principio de contradicción, que rige tal sistema penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante la autoridad judicial, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas por las partes. Situación que en el caso se satisfizo, pues previo traslado con copia del escrito de agravios, la representación social contestó tales motivos de disenso y una vez que tuvo lugar la audiencia de exposición oral de alegatos aclaratorios sobre los agravios expresados, la defensa refirió no tener aclaración que manifestar. Al respecto, es orientadora la tesis 1a. CCXLIX/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, cuyo título es: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN". Consecuentemente, a efecto de analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada y constatar que no existió alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso, es necesario precisar que este juzgado de Distrito se impuso del contenido de las videograbaciones correspondientes a la audiencia inicial, audiencia en que se vinculó a proceso al quejoso y la relativa a la audiencia de exposición oral de alegatos aclaratorios. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, con el epígrafe: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Precisado lo anterior, los agravios expuestos por la defensora del quejoso y la forma en que la sala respondió a cada uno de ellos se señalan a continuación: 1. El juez responsable no aplicó las reglas de la lógica jurídica al ponderar los datos de prueba presentados por la representación social, por lo que existió parcialidad en su determinación, violentando con ello el artículo 17 constitucional, en relación con el numeral 20 apartado "A", fracción V, parte inicial, en relación con la fracción X del mismo ordenamiento, así como los preceptos 11 y 105, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que otorgó un valor excesivo a la entrevista de los policías Ignacio Espinosa Calderón, Patricia Antonio Andrés, Gabriel Álvarez Quiroz e Israel Munguía Días, no obstante que no les constaron los hechos de manera directa. Son infundados tales argumentos, toda vez que se comparte el criterio del juez responsable en el sentido de que: "el dato de prueba relativo a la entrevista de IGNACIO ESPINOSA CALDERÓN Y PATRICIA ANTONIO ANDRÉS quienes desde luego es notorio que no les consta el evento, sin embargo son testigos de referencia porque estas personas al estar precisamente realizando sus funciones ven con vida al ahora occiso y desde luego éste les informa que había sido lesionado y les dice quién fue, lo identifica como ALEXIS y no solamente eso, sino lo señala.", porque los policías expusieron hechos sucesivos al evento delictivo, que torna creíble su versión, contrario a las pretensiones de la defensa, que trata de desestimar su aporte mediante planteamientos de índole subjetivo, toda vez que pretende colocarse en el pensar del primero de los policías; amén de que no demerita el hecho de que la víctima estaba en "estado agónico", para calificar de mendaz lo expuesto en su entrevista por los dos primeros elementos. Además de que los mismos no se pueden desestimar porque estén redactadas en términos similares, pues ello no es indicativo de que hubieran sido aleccionados, máxime que es lógico que refieran lo sucedido en esos términos, ya que estaban juntos al momento de su intervención. Que lo mismo ocurre con las entrevistas de Gabriel Álvarez Quiroz e Israel Munguía Díaz, pues si bien no les constan los hechos de manera directa, su aporte robustece lo expuesto por Ignacio y Patricia, ya que respecto del primero el juez indicó: "GABRIEL ÁLVAREZ QUIROZ, quien se presenta de manera inmediata, da ese seguimiento a esta persona que es señalada, va tras de él. lo identifica, lo sigue. es la persona que lo detiene. y ante ese señalamiento es precisamente esa circunstancia que lleva al indicio.", en tanto que en relación con el segundo refirió: ". contrario a lo que afirma la defensa. se robustece con la entrevista de ISRAEL MUNGUÍA DIAZ. este policía se presenta mucho tiempo después, pero a su vez corrobora circunstancialmente el hecho de que precisamente donde se encontraba el occiso, existe ese goteo hemático que se dirige al domicilio en que es mencionado que vive el imputado JAVIER ALEXIS AGUILERA.". 2. Que en el informe policial y formato de recepción de denuncia, suscritos por el oficial Ignacio Espinoza Calderón, omitió precisar que la víctima le refirió "ME PICO. UNA AMBULANCIA. FUE EL PINCHE ALEXIS. AHÍ VA", lo que también ocurre con el informe suscrito por Gabriel Álvarez Quiroz, pues no obstante que no estuvo presente, refirió que la víctima sólo repetía "FUE EL PINCHE ALEXIS, FUE EL PINCHE ALEXIS". Es infundado lo expuesto por la defensa respecto de tales informes, porque en nada demeritan lo aportado por los oficiales en sus entrevistas. 3. Que no existen datos de prueba que demuestren que el imputado ocasionó las lesiones presentadas por la víctima, ni que el cuchillo encontrado fue utilizado para ello, pues existe indolencia en la investigación, ya que se debió verificar si el mismo cuenta con indicios dactiloscópicos compatibles con las huellas del amparista. Es infundado tal argumento, porque el juez responsable de manera acertada precisó que se está en un momento procedimental en que el estándar probatorio es bajo, por lo que el motivo de la vinculación es que se inicie una investigación formalizada, que cumpla con el objetivo previsto en el artículo 20 constitucional, es decir, esclarecer el hecho para que se castigue al responsable, para que no se castigue al inocente y no exista impunidad, así como para que las víctimas conozcan cómo ocurrieron los hechos, de ahí que tanto el ministerio público como la defensa pueden realizar la investigación correspondiente a fin de esclarecer lo ocurrido, pero hasta este momento el estándar probatorio aportado, es suficiente para vincular a proceso al imputado. 4. Que en la especie no se puede concluir que se está en presencia de un homicidio calificado bajo las circunstancias y condiciones mencionadas, porque a la víctima se le encontró una navaja plegable, amén de que el quejoso está lesionado, de ahí que este tenga la calidad de víctima y no de victimario. Es infundado lo expuesto por la defensa, porque de los datos aportados por la fiscalía no se obtiene que al ofendido se le hubiese encontrado la navaja que refiere, ni que tal dato hubiese sido expuesto en la audiencia inicial ni en la continuación de la misma por la defensa del imputado, de ahí que el juez responsable no estuvo en condiciones de tomarlo en consideración, amén de que dicho juzgador señaló: "no aprecio información para establecer que esta persona estuviera armado, y por lo tanto estaba inerme.". 5. Que la detención del quejoso no cubrió los requisitos previstos por el artículo 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es infundado este argumento, porque la determinación de detención en flagrancia fue sustituida por la imposición de medida cautelar decretada en la audiencia de seis de marzo pasado, sin embargo, ello no es impedimento para que con posterioridad se pueda determinar que deben excluirse pruebas derivadas de una detención ilegal. 6. Que el agente del Ministerio Público investigador de manera indebida cambió al quejoso el estatus de víctima a imputado. Son inoperantes los motivos de agravio expuestos, ya que en los mismos se reclaman actos del ministerio público, los cuales no puede ser materia de estudio, porque conforme a los artículos 458, 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo las resoluciones judiciales son apelables. 7. Que se infringió en perjuicio del imputado el derecho de acceso a la justicia imparcial, a ser visto y tratado como inocente y a la libertad ambulatoria. Es infundado dicho agravio porque no se advierte que se haya violado en perjuicio del imputado algún derecho consagrado en su favor, ya que el juez de control verificó la existencia y acreditación de los elementos que exige el artículo 19 constitucional y el numeral 316 del código invocado. 8. Que el juez responsable desatendió los principios de igualdad entre las partes y el de contradicción, ya que actuó con parcialidad supliendo las deficiencias argumentativas y de razonabilidad expuestas por la fiscalía, pues introdujo argumentos que no fueron debatidos por las partes, ya que el fiscal sólo enunció los datos de prueba, sin realizar un ejercicio de razonabilidad de los mismos, sin embargo, los elementos anunciados por la fiscalía y tomados en consideración por el juzgador nada aportan a la comisión de la conducta, además de que dicho juzgador desestimó la contra-argumentación que la defensa realizó bajo las reglas de la justipreciación. Es infundado lo expuesto por la defensa del imputado, porque el juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso impugnado, en todo momento justificó los motivos por los que no fueron tomados en consideración los argumentos de la defensa para los fines pretendidos, pues para ello indicó lo siguiente: ".como lo menciona el mismo órgano de la defensa, está el dicho, el dato de prueba relativo a la entrevista de IGNACIO ESPINOSA CALDERÓN y PATRICIA ANTONIO ANDRÉS, quienes desde luego es notorio no les consta el evento, sin embargo, son testigos de referencia porque estas personas al estar precisamente realizando sus funciones ven con vida al ahora occiso y desde luego éste les informa que había sido lesionado y les dice quién fue, lo identifica como ALEXIS y no solamente eso, sino lo señala.". ". como se ha destacado e incluso no pasa por alto el órgano de la defensa, no hay prueba directa, sino una prueba circunstancial, atendiendo a la información que proporcionaran en primer momento los policías que llegan a ese lugar y que se percatan de la presencia de la persona lesionada y que son los policías IGNACIO ESPINOSA CALDERÓN y PATRICIA SANTONIO ANDRÉS.". Por lo que se cumplió con lo previsto en el artículo 265 del código adjetivo penal, así como con las formalidades que exige dicho ordenamiento, sin que se advierta que se hayan suplido deficiencias de la fiscalía, de ahí que no se violaron en perjuicio del imputado los principios de contradicción o igualdad entre las partes, además, tampoco se violentó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues si se le vinculó a proceso fue porque se reunieron los requisitos previstos por el artículo 316 del código invocado, sin embargo, tal principio lo conserva durante toda la secuela procedimental. 9. Que el juez de control desconoció el dicho del imputado, ya que al valorarlo contravino el principio de presunción de inocencia y suplió la deficiencia de la carga de la prueba de la fiscalía. Es infundado tal motivo de inconformidad, porque en la audiencia inicial de seis de marzo pasado, después de que el juez calificó de legal la detención y el Ministerio Público formuló imputación, se otorgó al imputado la oportunidad de declarar, sin embargo, este se reservó su derecho a hacerlo, en tanto que la fiscalía expuso los antecedentes de la investigación, de ahí que el juez no suplió deficiencias de dicho representante social. Consideraciones que este órgano de control constitucional estima legales para concluir que la resolución reclamada está adecuadamente fundada y motivada, pues acorde con la litis que debe prevalecer en el recurso de apelación, la sala responsable analizó los agravios expuestos, sin que advirtiera alguna violación a los derechos fundamentales del justiciable, por lo que fue correcto que confirmara el auto de vinculación a proceso recurrido. En efecto, tal decisión fue correcta, pues los agravios expuestos por la parte recurrente no revelan que el juez responsable haya otorgado valor excesivo a la entrevista de los policías Ignacio y Patricia, porque si bien es cierto no les constaron los hechos de manera directa, también lo es que vieron con vida a la víctima, quien les informó que había sido lesionado por Alexis, a quien señaló; además, como bien lo refirió, lo expuesto por Gabriel robustece el dicho de aquellos, al ser quien dio seguimiento al imputado y lo detuvo; mientras que a Israel le consta que en el lugar donde estaba la víctima, había un goteo hemático que se dirigía al domicilio en que se mencionó vivía el imputado; amén de que el hecho de que en los informes policiales y formato de recepción de denuncia, tales elementos hayan omitido precisar ciertos detalles y hayan expuesto algunos otros, ello en nada demerita lo aportado por los oficiales en sus entrevistas. Además, la sala responsable de forma certera compartió el argumento del juez responsable en el sentido de que si bien es cierto se está en un momento procedimental en que el estándar probatorio es bajo, el motivo de la vinculación es que se inicie una investigación formalizada, que permita esclarecer el hecho, por lo que el ministerio público y la defensa pueden realizar la investigación correspondiente a fin de verificar que el imputado ocasionó o no las lesiones presentadas por la víctima, así como si el cuchillo encontrado cuenta con indicios dactiloscópicos compatibles con las huellas del amparista, amén de que de los datos aportados no se obtiene que al ofendido se le hubiese encontrado la navaja que refiere la defensa, por lo que no estuvo en condiciones de tomarlo en consideración el juez del conocimiento. Además, fue correcto lo referido por la sala en el sentido de que con posterioridad se puede determinar que deben excluirse pruebas derivadas de una detención ilegal. También fue acertado su señalamiento de declarar inoperante lo expuesto en el sentido de que el fiscal de manera indebida cambió al quejoso el estatus de víctima a imputado, porque la resolución materia de impugnación lo es el auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable, no los actos realizados por el representante social. Asimismo, de manera correcta precisó que en la especie no se advierte que se haya infringido en perjuicio del quejoso algún derecho consagrado en su favor, ya que el juez de control en todo momento justificó los motivos por los que no fueron tomados en consideración los argumentos de la defensa para los fines pretendidos, sin que se advierta que se hayan suplido deficiencias de la fiscalía, ni que se haya desconocido el dicho del imputado, ya que este se reservó su derecho a declarar. Establecido lo anterior, contrario a la aseveración del quejoso en uno de los motivos de disenso, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la sala responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables al caso concreto y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió confirmar el auto de vinculación a proceso recurrido vía apelación, además indicó la adecuación entre los motivos señalados y las normas aplicadas. Por lo antes expuesto, es infundado el concepto de violación relativo a que se infringen en perjuicio del quejoso las garantías previstas en los artículos 14 y 17, porque la sala responsable actuó con parcialidad; esto es así, porque como se evidenció en párrafos que anteceden, fue acertada la forma en que la sala responsable atendió los agravios expuestos por el amparista. De igual forma, es infundado el motivo de inconformidad en que el quejoso refiere que se otorgó un peso demostrativo excesivo a lo manifestado por el policía Ignacio Espinoza Calderón, con lo que se infringió en su perjuicio el principio de presunción de inocencia; ello es así, porque como lo indicó la sala responsable, si bien es cierto al mismo no le constaron los hechos, lo cierto es que tal elemento vio con vida a la víctima, quien le informó fue lesionado por Alexis, de ahí que contrario a lo que refiere no se otorgó un peso demostrativo excesivo. Además, con base en todo lo expuesto, contrario a lo aseverado por el quejoso, se concluye que no se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, tomando en consideración la etapa procesal en que se emitió la resolución reclamada, pues como se dijo, fue correcto que el juez del conocimiento estimara, más allá de cualquier duda razonable, que el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba suficientes y eficaces para acreditar el hecho delictivo imputado al justiciable. Es orientadora, la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 546 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Así mismo, es infundado el concepto de violación hecho valer en el sentido de que el reconocimiento que se realizó del imputado por parte de los elementos policiacos carece de valor; ello es así, porque de lo expuesto por dichos elementos no se obtiene que hayan expresado tal reconocimiento. Del mismo modo, es infundado lo expuesto por la parte quejosa en el sentido de que la sala responsable de manera indebida precisó que no consta en autos que al occiso se le encontró una navaja con manchas hemáticas; lo que se considera de ese modo, porque lo que refirió la sala fue que de los datos aportados a dicho juzgador no se advierte tal circunstancia. Finalmente, es infundado el motivo de inconformidad en que dice el quejoso que se está ante una insuficiencia probatoria porque la representación social no aportó dato de prueba objetivo, es decir, que no sea indiciario ni presuncional; lo anterior es así, en virtud de que como se precisó en párrafos que anteceden, los datos de prueba aportados por la representación social, hasta ese momento procesal son suficientes para vincular a proceso al imputado, pues permiten concluir de manera probable que fue quien el tres de marzo de dos mil diecisiete, aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta y nueve minutos provocó tres lesiones a la víctima con un cuchillo, las cuales ocasionaron su muerte. En las relatadas circunstancias, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Alexis Aguilera Aguilera o Xavier Alexis Aguilera Aguilera, contra el acto reclamado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México consistente en la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 12/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso, decretado contra el quejoso, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio "agravado".

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 544/2017, promovido por Javier Alexis Aguilera Aguilera o Xavier Alexis Aguilera Aguilera, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que se precisará en el considerando segundo. II. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 14, 16, 18, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de doce de julio siguiente, una vez desahogada la prevención ordenada, se admitió a trámite la demanda con el orden 544/2017; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a la sala responsable; se tuvo como terceras interesadas a Fernanda Tejero García y Sara Angélica Andrade Romero, quienes fueron emplazadas; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es: * La resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 12/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso, decretado contra el quejoso, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio "agravado". TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó la autoridad judicial responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con el original del toca de referencia, entre cuyas constancias se encuentra la determinación reclamada; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Así, es infundado el motivo de inconformidad expuesto por el amparista en que manifiesta que se infringieron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, pues contrario a lo que sostiene, este órgano de control constitucional no advierte que se haya trasgredido en su perjuicio el artículo 14 constitucional, en lo concerniente a la resolución reclamada, el cual debe interpretarse en relación con el numeral 20 de la propia Ley Fundamental y con los numerales 477, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El referido precepto constitucional citado en primer término, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "(.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes exactamente aplicables al delito de que se trata.(.)". Se estima que no existe violación a dicho artículo constitucional con motivo de la resolución impugnada, pues de las constancias de autos se advierte que se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; se afirma lo anterior, ya que cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por un tribunal de apelación, aquéllas se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento al imputado y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas (en que se incluye la posibilidad de acceder a un recurso efectivo). Exigencias que en el caso a estudio se encuentran satisfechas, pues en primer lugar, del análisis de las constancias que informan el presente juicio de amparo se advierte que el solicitante del amparo fue notificado del inicio del procedimiento de segunda instancia. En relación con el segundo aspecto planteado, se resalta que de los autos del toca respectivo se advierte que el promovente del amparo tuvo oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, sin que lo hubiere hecho. En lo atinente al tercer requisito de mérito, también se satisfizo, pues en la sala responsable se llevó a cabo la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios formulados. En lo relativo al cuarto aspecto mencionado, también se colma pues precisamente con el dictado del acto reclamado se dirimió la cuestión debatida. De ahí que la resolución impugnada deriva de un procedimiento en el que hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del mismo y, por ende, no se advierte ataque a los derechos públicos subjetivos plasmados en el artículo 14 constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Segunda Sección-, Debido proceso, titulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Por otra parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Ley Fundamental establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro siguiente "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, previo a exponer las consideraciones que sustentan esta decisión, con la finalidad de tener mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los hechos por los que se vinculó a proceso al peticionario de amparo, que son acordes con los que fueron materia de la imputación formulada en la audiencia inicial relativa y que la sala responsable reprodujo en los siguientes términos: ".el 3 de marzo de 2017, aproximadamente antes de las 23:49. en la avenida San Pablo Xalpa, en la colonia Xochinahuac, en la Delegación Azcapotzalco de esta ciudad, en concreto a las afueras de la puerta de entrada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. para privar de la vida al señor VICENTE TEJERO GARCÍA fue utilizado un cuchillo y que le provocó tres lesiones de las cuales dos fueron clasificadas como mortales. desde luego hay indicios para establecer que en efecto el señor XAVIER ALEXIS AGULERA AGUILERA o JAVIER ALEXIS AGUILERA AGUILERA lo realizó, ello atendiendo aún cuando no paso por alto los argumentos que expone la defensa y que desde luego aún cuando considero. que en efecto no hay una prueba directa que establezca que el señor XAVIER ALEXIS AGUILERA AGUILERA o JAVIER ALEXIS AGUILERA AGUILERA fue el que lo realizó. atentos al contexto que da el ministerio público no se aprecia una persona o un testigo que hubiera presenciado las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se realizó, así como también lo destaca el órgano de defensa. Atendiendo a este momento procedimental en el que nos encontramos, el estándar probatorio es mínimo y se requiere exclusivamente información que me lleve al convencimiento en primer lugar de que el hecho sucedió y desde luego que el señor JAVIER ALEXIS fue el que lo realizó, pues al valorar todos estos datos de prueba que ha mencionado el agente del ministerio público me llevan al convencimiento de que así sucedió." Hechos que la sala responsable analizó acorde con el tipo penal previsto en los artículos 123 -al que prive de la vida a otro-, 124 -se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados-, 138, fracción I -hipótesis de ventaja-, inciso d) -pasivo-inerme, activo-armado-, todos del Código Penal para esta ciudad. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio, debe tenerse en cuenta que para la acreditación del hecho delictivo es necesario precisar que basta con que la autoridad judicial encuadre la conducta relativa a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es decir, para tener por satisfecho ese tópico sólo es necesario acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio en relación con el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos de prueba, cuya diferenciación se hace patente en el artículo 261 del código procesal penal nacional, pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio respecto del delito y su autor o partícipe. Es orientadora la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto tribunal de justicia del país, publicada en la página 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, no debe perderse de vista que el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el tribunal de alzada sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. De igual forma, debe tenerse presente que el principio de contradicción, que rige tal sistema penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante la autoridad judicial, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas por las partes. Situación que en el caso se satisfizo, pues previo traslado con copia del escrito de agravios, la representación social contestó tales motivos de disenso y una vez que tuvo lugar la audiencia de exposición oral de alegatos aclaratorios sobre los agravios expresados, la defensa refirió no tener aclaración que manifestar. Al respecto, es orientadora la tesis 1a. CCXLIX/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, cuyo título es: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN". Consecuentemente, a efecto de analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada y constatar que no existió alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso, es necesario precisar que este juzgado de Distrito se impuso del contenido de las videograbaciones correspondientes a la audiencia inicial, audiencia en que se vinculó a proceso al quejoso y la relativa a la audiencia de exposición oral de alegatos aclaratorios. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, con el epígrafe: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Precisado lo anterior, los agravios expuestos por la defensora del quejoso y la forma en que la sala respondió a cada uno de ellos se señalan a continuación: 1. El juez responsable no aplicó las reglas de la lógica jurídica al ponderar los datos de prueba presentados por la representación social, por lo que existió parcialidad en su determinación, violentando con ello el artículo 17 constitucional, en relación con el numeral 20 apartado "A", fracción V, parte inicial, en relación con la fracción X del mismo ordenamiento, así como los preceptos 11 y 105, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que otorgó un valor excesivo a la entrevista de los policías Ignacio Espinosa Calderón, Patricia Antonio Andrés, Gabriel Álvarez Quiroz e Israel Munguía Días, no obstante que no les constaron los hechos de manera directa. Son infundados tales argumentos, toda vez que se comparte el criterio del juez responsable en el sentido de que: "el dato de prueba relativo a la entrevista de IGNACIO ESPINOSA CALDERÓN Y PATRICIA ANTONIO ANDRÉS quienes desde luego es notorio que no les consta el evento, sin embargo son testigos de referencia porque estas personas al estar precisamente realizando sus funciones ven con vida al ahora occiso y desde luego éste les informa que había sido lesionado y les dice quién fue, lo identifica como ALEXIS y no solamente eso, sino lo señala.", porque los policías expusieron hechos sucesivos al evento delictivo, que torna creíble su versión, contrario a las pretensiones de la defensa, que trata de desestimar su aporte mediante planteamientos de índole subjetivo, toda vez que pretende colocarse en el pensar del primero de los policías; amén de que no demerita el hecho de que la víctima estaba en "estado agónico", para calificar de mendaz lo expuesto en su entrevista por los dos primeros elementos. Además de que los mismos no se pueden desestimar porque estén redactadas en términos similares, pues ello no es indicativo de que hubieran sido aleccionados, máxime que es lógico que refieran lo sucedido en esos términos, ya que estaban juntos al momento de su intervención. Que lo mismo ocurre con las entrevistas de Gabriel Álvarez Quiroz e Israel Munguía Díaz, pues si bien no les constan los hechos de manera directa, su aporte robustece lo expuesto por Ignacio y Patricia, ya que respecto del primero el juez indicó: "GABRIEL ÁLVAREZ QUIROZ, quien se presenta de manera inmediata, da ese seguimiento a esta persona que es señalada, va tras de él. lo identifica, lo sigue. es la persona que lo detiene. y ante ese señalamiento es precisamente esa circunstancia que lleva al indicio.", en tanto que en relación con el segundo refirió: ". contrario a lo que afirma la defensa. se robustece con la entrevista de ISRAEL MUNGUÍA DIAZ. este policía se presenta mucho tiempo después, pero a su vez corrobora circunstancialmente el hecho de que precisamente donde se encontraba el occiso, existe ese goteo hemático que se dirige al domicilio en que es mencionado que vive el imputado JAVIER ALEXIS AGUILERA.". 2. Que en el informe policial y formato de recepción de denuncia, suscritos por el oficial Ignacio Espinoza Calderón, omitió precisar que la víctima le refirió "ME PICO. UNA AMBULANCIA. FUE EL PINCHE ALEXIS. AHÍ VA", lo que también ocurre con el informe suscrito por Gabriel Álvarez Quiroz, pues no obstante que no estuvo presente, refirió que la víctima sólo repetía "FUE EL PINCHE ALEXIS, FUE EL PINCHE ALEXIS". Es infundado lo expuesto por la defensa respecto de tales informes, porque en nada demeritan lo aportado por los oficiales en sus entrevistas. 3. Que no existen datos de prueba que demuestren que el imputado ocasionó las lesiones presentadas por la víctima, ni que el cuchillo encontrado fue utilizado para ello, pues existe indolencia en la investigación, ya que se debió verificar si el mismo cuenta con indicios dactiloscópicos compatibles con las huellas del amparista. Es infundado tal argumento, porque el juez responsable de manera acertada precisó que se está en un momento procedimental en que el estándar probatorio es bajo, por lo que el motivo de la vinculación es que se inicie una investigación formalizada, que cumpla con el objetivo previsto en el artículo 20 constitucional, es decir, esclarecer el hecho para que se castigue al responsable, para que no se castigue al inocente y no exista impunidad, así como para que las víctimas conozcan cómo ocurrieron los hechos, de ahí que tanto el ministerio público como la defensa pueden realizar la investigación correspondiente a fin de esclarecer lo ocurrido, pero hasta este momento el estándar probatorio aportado, es suficiente para vincular a proceso al imputado. 4. Que en la especie no se puede concluir que se está en presencia de un homicidio calificado bajo las circunstancias y condiciones mencionadas, porque a la víctima se le encontró una navaja plegable, amén de que el quejoso está lesionado, de ahí que este tenga la calidad de víctima y no de victimario. Es infundado lo expuesto por la defensa, porque de los datos aportados por la fiscalía no se obtiene que al ofendido se le hubiese encontrado la navaja que refiere, ni que tal dato hubiese sido expuesto en la audiencia inicial ni en la continuación de la misma por la defensa del imputado, de ahí que el juez responsable no estuvo en condiciones de tomarlo en consideración, amén de que dicho juzgador señaló: "no aprecio información para establecer que esta persona estuviera armado, y por lo tanto estaba inerme.". 5. Que la detención del quejoso no cubrió los requisitos previstos por el artículo 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es infundado este argumento, porque la determinación de detención en flagrancia fue sustituida por la imposición de medida cautelar decretada en la audiencia de seis de marzo pasado, sin embargo, ello no es impedimento para que con posterioridad se pueda determinar que deben excluirse pruebas derivadas de una detención ilegal. 6. Que el agente del Ministerio Público investigador de manera indebida cambió al quejoso el estatus de víctima a imputado. Son inoperantes los motivos de agravio expuestos, ya que en los mismos se reclaman actos del ministerio público, los cuales no puede ser materia de estudio, porque conforme a los artículos 458, 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo las resoluciones judiciales son apelables. 7. Que se infringió en perjuicio del imputado el derecho de acceso a la justicia imparcial, a ser visto y tratado como inocente y a la libertad ambulatoria. Es infundado dicho agravio porque no se advierte que se haya violado en perjuicio del imputado algún derecho consagrado en su favor, ya que el juez de control verificó la existencia y acreditación de los elementos que exige el artículo 19 constitucional y el numeral 316 del código invocado. 8. Que el juez responsable desatendió los principios de igualdad entre las partes y el de contradicción, ya que actuó con parcialidad supliendo las deficiencias argumentativas y de razonabilidad expuestas por la fiscalía, pues introdujo argumentos que no fueron debatidos por las partes, ya que el fiscal sólo enunció los datos de prueba, sin realizar un ejercicio de razonabilidad de los mismos, sin embargo, los elementos anunciados por la fiscalía y tomados en consideración por el juzgador nada aportan a la comisión de la conducta, además de que dicho juzgador desestimó la contra-argumentación que la defensa realizó bajo las reglas de la justipreciación. Es infundado lo expuesto por la defensa del imputado, porque el juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso impugnado, en todo momento justificó los motivos por los que no fueron tomados en consideración los argumentos de la defensa para los fines pretendidos, pues para ello indicó lo siguiente: ".como lo menciona el mismo órgano de la defensa, está el dicho, el dato de prueba relativo a la entrevista de IGNACIO ESPINOSA CALDERÓN y PATRICIA ANTONIO ANDRÉS, quienes desde luego es notorio no les consta el evento, sin embargo, son testigos de referencia porque estas personas al estar precisamente realizando sus funciones ven con vida al ahora occiso y desde luego éste les informa que había sido lesionado y les dice quién fue, lo identifica como ALEXIS y no solamente eso, sino lo señala.". ". como se ha destacado e incluso no pasa por alto el órgano de la defensa, no hay prueba directa, sino una prueba circunstancial, atendiendo a la información que proporcionaran en primer momento los policías que llegan a ese lugar y que se percatan de la presencia de la persona lesionada y que son los policías IGNACIO ESPINOSA CALDERÓN y PATRICIA SANTONIO ANDRÉS.". Por lo que se cumplió con lo previsto en el artículo 265 del código adjetivo penal, así como con las formalidades que exige dicho ordenamiento, sin que se advierta que se hayan suplido deficiencias de la fiscalía, de ahí que no se violaron en perjuicio del imputado los principios de contradicción o igualdad entre las partes, además, tampoco se violentó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues si se le vinculó a proceso fue porque se reunieron los requisitos previstos por el artículo 316 del código invocado, sin embargo, tal principio lo conserva durante toda la secuela procedimental. 9. Que el juez de control desconoció el dicho del imputado, ya que al valorarlo contravino el principio de presunción de inocencia y suplió la deficiencia de la carga de la prueba de la fiscalía. Es infundado tal motivo de inconformidad, porque en la audiencia inicial de seis de marzo pasado, después de que el juez calificó de legal la detención y el Ministerio Público formuló imputación, se otorgó al imputado la oportunidad de declarar, sin embargo, este se reservó su derecho a hacerlo, en tanto que la fiscalía expuso los antecedentes de la investigación, de ahí que el juez no suplió deficiencias de dicho representante social. Consideraciones que este órgano de control constitucional estima legales para concluir que la resolución reclamada está adecuadamente fundada y motivada, pues acorde con la litis que debe prevalecer en el recurso de apelación, la sala responsable analizó los agravios expuestos, sin que advirtiera alguna violación a los derechos fundamentales del justiciable, por lo que fue correcto que confirmara el auto de vinculación a proceso recurrido. En efecto, tal decisión fue correcta, pues los agravios expuestos por la parte recurrente no revelan que el juez responsable haya otorgado valor excesivo a la entrevista de los policías Ignacio y Patricia, porque si bien es cierto no les constaron los hechos de manera directa, también lo es que vieron con vida a la víctima, quien les informó que había sido lesionado por Alexis, a quien señaló; además, como bien lo refirió, lo expuesto por Gabriel robustece el dicho de aquellos, al ser quien dio seguimiento al imputado y lo detuvo; mientras que a Israel le consta que en el lugar donde estaba la víctima, había un goteo hemático que se dirigía al domicilio en que se mencionó vivía el imputado; amén de que el hecho de que en los informes policiales y formato de recepción de denuncia, tales elementos hayan omitido precisar ciertos detalles y hayan expuesto algunos otros, ello en nada demerita lo aportado por los oficiales en sus entrevistas. Además, la sala responsable de forma certera compartió el argumento del juez responsable en el sentido de que si bien es cierto se está en un momento procedimental en que el estándar probatorio es bajo, el motivo de la vinculación es que se inicie una investigación formalizada, que permita esclarecer el hecho, por lo que el ministerio público y la defensa pueden realizar la investigación correspondiente a fin de verificar que el imputado ocasionó o no las lesiones presentadas por la víctima, así como si el cuchillo encontrado cuenta con indicios dactiloscópicos compatibles con las huellas del amparista, amén de que de los datos aportados no se obtiene que al ofendido se le hubiese encontrado la navaja que refiere la defensa, por lo que no estuvo en condiciones de tomarlo en consideración el juez del conocimiento. Además, fue correcto lo referido por la sala en el sentido de que con posterioridad se puede determinar que deben excluirse pruebas derivadas de una detención ilegal. También fue acertado su señalamiento de declarar inoperante lo expuesto en el sentido de que el fiscal de manera indebida cambió al quejoso el estatus de víctima a imputado, porque la resolución materia de impugnación lo es el auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable, no los actos realizados por el representante social. Asimismo, de manera correcta precisó que en la especie no se advierte que se haya infringido en perjuicio del quejoso algún derecho consagrado en su favor, ya que el juez de control en todo momento justificó los motivos por los que no fueron tomados en consideración los argumentos de la defensa para los fines pretendidos, sin que se advierta que se hayan suplido deficiencias de la fiscalía, ni que se haya desconocido el dicho del imputado, ya que este se reservó su derecho a declarar. Establecido lo anterior, contrario a la aseveración del quejoso en uno de los motivos de disenso, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues la sala responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables al caso concreto y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió confirmar el auto de vinculación a proceso recurrido vía apelación, además indicó la adecuación entre los motivos señalados y las normas aplicadas. Por lo antes expuesto, es infundado el concepto de violación relativo a que se infringen en perjuicio del quejoso las garantías previstas en los artículos 14 y 17, porque la sala responsable actuó con parcialidad; esto es así, porque como se evidenció en párrafos que anteceden, fue acertada la forma en que la sala responsable atendió los agravios expuestos por el amparista. De igual forma, es infundado el motivo de inconformidad en que el quejoso refiere que se otorgó un peso demostrativo excesivo a lo manifestado por el policía Ignacio Espinoza Calderón, con lo que se infringió en su perjuicio el principio de presunción de inocencia; ello es así, porque como lo indicó la sala responsable, si bien es cierto al mismo no le constaron los hechos, lo cierto es que tal elemento vio con vida a la víctima, quien le informó fue lesionado por Alexis, de ahí que contrario a lo que refiere no se otorgó un peso demostrativo excesivo. Además, con base en todo lo expuesto, contrario a lo aseverado por el quejoso, se concluye que no se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, tomando en consideración la etapa procesal en que se emitió la resolución reclamada, pues como se dijo, fue correcto que el juez del conocimiento estimara, más allá de cualquier duda razonable, que el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba suficientes y eficaces para acreditar el hecho delictivo imputado al justiciable. Es orientadora, la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 546 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Así mismo, es infundado el concepto de violación hecho valer en el sentido de que el reconocimiento que se realizó del imputado por parte de los elementos policiacos carece de valor; ello es así, porque de lo expuesto por dichos elementos no se obtiene que hayan expresado tal reconocimiento. Del mismo modo, es infundado lo expuesto por la parte quejosa en el sentido de que la sala responsable de manera indebida precisó que no consta en autos que al occiso se le encontró una navaja con manchas hemáticas; lo que se considera de ese modo, porque lo que refirió la sala fue que de los datos aportados a dicho juzgador no se advierte tal circunstancia. Finalmente, es infundado el motivo de inconformidad en que dice el quejoso que se está ante una insuficiencia probatoria porque la representación social no aportó dato de prueba objetivo, es decir, que no sea indiciario ni presuncional; lo anterior es así, en virtud de que como se precisó en párrafos que anteceden, los datos de prueba aportados por la representación social, hasta ese momento procesal son suficientes para vincular a proceso al imputado, pues permiten concluir de manera probable que fue quien el tres de marzo de dos mil diecisiete, aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta y nueve minutos provocó tres lesiones a la víctima con un cuchillo, las cuales ocasionaron su muerte. En las relatadas circunstancias, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Alexis Aguilera Aguilera o Xavier Alexis Aguilera Aguilera, contra el acto reclamado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México consistente en la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 12/2017, que confirmó el auto de vinculación a proceso, decretado contra el quejoso, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio "agravado".

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