Javier Renan Ascencio Alcocer

Expediente 1238/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1238/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Javier Renan Ascencio Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible, además de que no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a las diez horas con trece minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1238/2021-IV, promovido por JAVIER RENAN ASCENCIO ALCOCER, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; estando en audiencia pública la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, quien actúa asistida de la Secretaria, Maricarmen Zermeño Ocampo, que autoriza y da fe, se procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda, auto admisorio de dieciséis de julio del año en curso, da cuenta con los informes rendiros por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del Secretario y de la citada corporación policial, todos con sede en esta ciudad. Asimismo, se da cuenta con el registro de oficialía de partes 12925, relativo al pedimento de la Ministerio Público Federal adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el presente fallo. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que en copia simples la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, así como las remitidas por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, a su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración como corresponda. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta con el pedimento Ministerial 398/2021, por medio del cual la representación social, hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. A continuación, la Jueza declara que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, y no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1238/2021-IV; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, JAVIER RENAN ASCENCIO ALCOCER, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Secretario y Director Jurídico de dicha corporación policial, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, de quienes reclamó, la omisión por parte de las responsables de devolverle el VEHÍCULO MERCEDES-BENZ C200 SPORT, MODELO 2010, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE WDDZGF4JB8AA360445, NÚMERO DE MOTOR 271860-30-024942, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUG672A. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1,8, 16, 17, 19, y 20 inciso B, Constitucionales, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de dieciséis de julio del año en curso, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen el siguiente acto reclamado: La omisión por parte de las responsables de devolverle el VEHÍCULO MERCEDES-BENZ C200 SPORT, MODELO 2010, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE WDDZGF4JB8AA360445, NÚMERO DE MOTOR 271860-30-024942, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUG672A. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Secretario y Director Jurídico de dicha corporación policial, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al rendir su respectivo informe con justificación, admitieron la existencia de los actos reclamados, por lo cual deben tenerse por ciertos para los efectos de esta resolución. CUARTO. Análisis de procedencia del juicio constitucional. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Así, en el caso, debe decirse que respecto al acto reclamado por el impetrante de amparo, consistente en la omisión de las responsables de devolverle el vehículo que por esta vía defiende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ...Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De conformidad con lo expuesto con antelación, para que proceda el juicio de amparo, tratándose de los actos que reclama la parte quejosa, debe comprobarse la existencia del interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo contra actos que provengan de autoridades responsables. Bajo esta guisa, quienes tienen derecho tutelado por la ley para reclamarlas en juicio de amparo, son aquellas personas que han sufrido una afectación en su esfera jurídica en cuanto al acto impugnado, por lo que está constreñida a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual es titular, resulta lesionado por esos actos. Por tanto, se colige que es la parte quejosa quien tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en este juicio de garantías, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados Luego entonces si el impetrante reclama la omisión de las responsables de devolver el VEHÍCULO MERCEDES-BENZ C200 SPORT, MODELO 2010, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE WDDZGF4JB8AA360445, NÚMERO DE MOTOR 271860-30-024942, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUG672A, que afirma es de su propiedad, a éste le correspondía acreditarlo fehacientemente. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso únicamente adjuntó copias simples de: -Memorial de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dirigido al Secretario de Seguridad Pública en el que solicita la devolución del precitado vehículo. -Copia simple de la factura número 0162 B, expedida por Grupo Arrendador del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Genny Alejandra Falcón Dual, mismo que al reverso contiene un endoso, a favor del impetrante de amparo. -Copia simple de la factura de origen número T 1240, expedida por Autotab, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Grupo Arrendador del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable. -Copia simple de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a favor del impetrante de amparo. Sin embargo, como se especificó, dichas constancias fueron exhibidas en copia simples, de ahí que solamente se demuestra indiciariamente la existencia de dicho vehículo, pero no que el impetrante de amparo sea el propietario del referido automotor. Lo anterior es así, ya que dichos documentos sólo generan presunción de su existencia y como su simple reproducción fotostática, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado. Criterio que se encuentra inmerso en la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Amén de que la factura número 0162 B, expedida por Grupo Arrendador del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Genny Alejandra Falcón Dual, contiene al reverso un endoso, a favor del impetrante de amparo Ascencio Alcocer, no es idóneo para acreditar la titularidad del vehículo que por esta vía defiende. Lo anterior, pues si bien la factura del vehículo se considera que es la prueba idónea para comprobar la propiedad, dado que de ella se desprende quien tiene la actual titularidad sobre el automotor que se defiende; empero, la factura que exhibió el quejoso, no se encuentra a su nombre, sino a nombre de otra persona, sin denostar que al reverso de la factura se observa la leyenda que dice "cedo los derechos de esta factura favor de Javier Renán Ascencio", seguida de una rúbrica. No obstante, ello constituye únicamente un indicio de la referida cesión de derechos o compraventa, en el sentido de que dicha operación sí existió, siempre y cuando se adminicule con otros medios de convicción, lo que en el caso no acontece pues no se ofreció alguna otra probanza, que pudiera aportar mayores indicios al derecho que pretende. Sirve de apoyo a la anterior consideración el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199237, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997 Materia(s): Civil, Tesis: P. XL/97 Página: 136, que a la letra dice: "ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMOVIL NO LO CONSTITUYE, PERO SI ES UN INDICIO DE QUE EXISTIO UNA TRASLACION DE DOMINIO. La propiedad de los bienes muebles (automotores) normalmente se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeudo o inclusive prescripción, mas no por endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles, según se desprende del contenido de los artículos 26 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, no escapa a la consideración de este alto tribunal la práctica comercial reiterada, de firmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez que se ha concertado la compraventa; lo cual, si bien técnica y legalmente no constituye un endoso mercantil, en cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa, según haya sido la operación concertada. Esta circunstancia, aunada al hecho de que el vehículo se encontró en posesión del quejoso, adquiere particular relevancia si se toma en consideración que conforme al artículo 798 del Código Civil, la posesión da la presunción de ser propietario a quien la detenta, por lo que adminiculados ambos elementos de convicción puede concluirse el interés jurídico del solicitante del amparo para defender la propiedad del automotor." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el documento exhibido, carece de fecha del aparente endoso o cesión de derechos que contiene a favor del hoy quejoso, habida cuenta que carece de fecha cierta. En relación a lo anterior, es conveniente traer a glosa la conclusión de la ejecutoria que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/97, en la que concluyó que un documento se considerará como fecha cierta desde los siguientes momentos a saber: a) Del día en que se celebre ante fedatario público o funcionario autorizado; b) Del momento en que sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad; o c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; Por lo tanto, si en la especie el quejoso viene a solicitar el amparo por la retención y negativa de devolución de un vehículo que aduce es de su propiedad, para lo cual exhibe copia de una factura con una cesión de derechos a su favor, a fin de que pueda tener pleno valor probatorio, éste debe ser de fecha cierta, pues no obstante que el citado documento sea de carácter privado, debe tenerse plena certidumbre de cuando aconteció el acto jurídico que el mismo contiene, con la certificación hecha ante fedatario público o funcionario autorizado del día en que se llevó a cabo, lo que en la especie no aconteció, tal y como se advierte del documento que anexó a su demanda de amparo, en tanto carece de la misma. Tiene aplicación, por analogía, al caso la jurisprudencia P./J. 7/2001, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 9, registro 190371, del título y texto siguientes: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Bajo esa tesitura, se puede decir que la referida prueba documental ofrecida por el quejoso es insuficiente para demostrar los derechos de propiedad y posesión que aduce tener sobre el citado vehículo, que por esta vía se defiende, más aun cuando no fue adminiculado con otros medio probatorio que hagan prueba plena de su contenido. Lo anterior, es así pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre ese bien realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones. En esa tesitura, al no haber justificado el aquí quejoso que efectivamente el vehículo retenido sea de su propiedad, pues los elementos de convicción que aportó al presente sumario resultaron insuficientes para justificar su interés jurídico, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación; y por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto reclamado. Amén de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido, que para que se pueda tener por acreditado el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo, éste debe acreditar fehacientemente que el acto que reclama trasciende a su esfera jurídica, tendiendo el impetrante de amparo la obligación de demostrar dicha circunstancia, ya que ésta no puede inferirse a base de presunciones. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 226555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora Federal, SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JAVIER RENAN ASCENCIO ALCOCER, por propio derecho, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Secretario y Director Jurídico de dicha corporación policial, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, de quienes reclamó, la omisión por parte de las responsables de devolverle el VEHÍCULO MERCEDES-BENZ C200 SPORT, MODELO 2010, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE WDDZGF4JB8AA360445, NÚMERO DE MOTOR 271860-30-024942, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UUG672A; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, quien rinde por sí y como representante de dicha corporación policial, y del titular de la misma, con un anexo que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de su contenido para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2223/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a JAVIER RENAN ASCENCIO ALCOCER, la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, atribuido al Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades; precisado en considerando cuarto de esta resolución interlocutoria.

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