Javier Renan Ascencio Alcocer

Expediente 1826/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1826/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Javier Renan Ascencio Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que obra en autos el documento exhibido por la parte quejosa con su demanda de amparo, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de diciembre de dos mil veintiuno Visto el estado procesal de los presentes autos y toda vez que, de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional dictada en los presentes autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ES DEPURABLE. En tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1826/2021-II promovido por Javier Renán Ascencio Alcocer. En audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, constancia de notificación a las autoridades responsables, así como sus informes justificados y la notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, así como por la autoridad responsable, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, al rendir su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho, con lo que se cierra esta etapa. Y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1826/2021-II, promovido por Javier Renán Ascencio Alcocer, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado, y turnado al día hábil siguiente Javier Renán Ascencio Alcocer solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, y de otras autoridades con sede en esa localidad. SEGUNDO. ADMISION DE LA DEMANDA. Por auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar los actos que por esta vía se reclaman. En ese sentido, la parte quejosa reclama: La omisión de devolver el vehículo marca Mercedes Benz C200 Sport, modelo 2010 con placas de circulación UUG672A. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría, al Secretario y al Director Jurídico, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues así lo reconoció el último nombrado al rendir su informe en representación de las responsables; pues al efecto precisó que el vehículo marcar Mercedes Benz C200 Sport, modelo 2010 con placas de circulación UUG672A, fue retenido con motivo de una sanción administrativa impuesta al aquí quejoso, el once de junio del año en curso. Lo que se corrobora con las constancias que al efecto remitió con su informe de ley, consistentes en el Informe Policial Homologado de once de junio de dos mil veintiuno; constancias que adquieren pleno valor probatorio conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 197 el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Asimismo, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la suscrita juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acredita el interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" De lo anterior se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime se transgredió por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/20071 , de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés afectado que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que es reconocido por el derecho. Por ello, no existe derecho subjetivo, ni por tanto interés jurídico, cuando se tiene sólo una facultad o potestad, reconocida por la norma, sin que tal facultad pueda imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, es indispensable que el ordenamiento jurídico, otorgue la potestad para obtener coercitivamente su respeto. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo que se infringe con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir, aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello acarreará el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico del quejoso, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado del quejoso. En el presente caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Javier Renán Ascencio Alcocer, ostentándose propietario del vehículo relacionado con el presente juicio de amparo, acudió a este medio de control constitucional en reclamo de la omisión de la devolución del vehículo marca Mercedes Benz C200 Sport, modelo 2010 con placas de circulación UUG672A. Pues bien, ostentándose el quejoso como propietario del mencionado vehículo, es necesario que acredite la titularidad de los derechos que exige sean respetados mediante el presente juicio de amparo; esto es, debe demostrar fehacientemente que cuenta con un título legalmente sustentado que genera a su favor el derecho de propiedad sobre el bien mueble que defiende. Por ello, si el quejoso, ostentándose propietario del citado vehículo, acude a solicitar la protección constitucional contra la omisión de entregárselo, entonces debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar dicho acto; lo cual no acredita en el presente caso. En efecto, para demostrar el derecho que le asiste en relación con el bien mueble retenido, el quejoso exhibió los siguientes documentos: Memorial de veinticuatro de junio del año en curso, dirigido a la autoridad responsable y presentado vía correo electrónico. Copia cotejada ante el Notario Público Número Veinticuatro de la Carta factura número 162-B expedida por "GRUPO ARRENDADOR DEL SURESTE" S.A. DE C.V, el ocho de febrero de dos mil diez a favor de Genny Alejandra Falcón Gual, y que ampara la propiedad del vehículo marca Mercedes Benz C200 Sport modelo 2010, color negro, con número de motor 271860-30- 024942. Copia cotejada ante el Notario Público Número Veinticuatro de la factura 1240 de cuatro de febrero de dos mil diez, expedida por MERCEDES-BENZ respecto del vehículo marca Mercedes Benz C200 Sport modelo 2010, negro, con número de motor 271860-30-024942, a favor de "GRUPO ARRENDADOR DEL SURESTE" S.A. DE C.V. Copia simple de la credencial de elector a nombre del quejoso. Al efecto, es de precisarse que las facturas exhibidas en copia cotejada ante fedatario público, fueron certificadas el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por el Notario Público Número Veinticuatro de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, dichos documentos no resultan idóneos para acreditar el derecho de propiedad que la parte quejosa dijo tener respecto del vehículo ahí descrito. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que entre dichas constancias obran copias certificadas de la carta factura 0162B expedida por "GRUPO ARRENDADOR DEL SURESTE" S.A. DE C.V. y de la factura 1240 de cuatro de febrero de dos mil diez, expedida por MERCEDES-BENZ ambas respecto del vehículo marca Mercedes Benz C200 Sport modelo 2010, ésta última se encuentra a nombre de la primera, y aquélla a su vez, a nombre de Genny Alejandra Galcón Gual, esto es, una persona diversa al quejoso, de ahí que con dichos documentos no es factible acreditar su interés jurídico. Sin que obste que la citada carta factura 0162B contenga en su reverso sendas leyendas: "Cedo los derechos de esta factura a favor de José Razú Seba" y "cedo los derechos de esta factura a favor de Javier Renán Ascencio Alcocer"; pues la cesión de los derechos inherentes a dicha factura, adquirió fecha cierta a partir de su cotejo ante notario, esto es, posterior la fecha en que fue asegurado el vehículo cuya devolución reclama el quejoso. En efecto, conforme al criterio general que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la fecha cierta de los documentos traslativos de dominio, un documento privado adquiere fecha cierta a partir de tres momentos, a saber: a) Cuando se registra o inscribe ante el Registro Público de la Propiedad; b) Cuando se presenta ante un fedatario o funcionario público por razón de su oficio; y, c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Tales supuestos posibilitan al órgano federal determinar si todo reclamo que realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones. En efecto, dicho criterio lo informa la jurisprudencia 220 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, registro 913162, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, visible en la página 180, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes". En aplicación de esta tesis, en todos los casos como el presente debe analizarse si la ratificación de un contrato privado de cesión de derechos se presentó ante un notario, a fin de constatar si se observó el supuesto que daría certeza a la fecha de celebración del acto jurídico de trato, consistente en el sumario, que el documento en cuestión se presentó "ante un funcionario en razón de su oficio" y por ende que es cierta la fecha que aparece de la certificación del notario, quien para ello debe observar las disposiciones de la ley que regula su actuación. En el caso, es conveniente reproducir la certificación en comento, que es del tenor literal siguiente: "Abogado Manuel Calero Rosado,Notario Público del Estado de Yucatán, en ejercicio titular de la notaria pública número 24 con residencia en esta ciudad, hago constar que con esta fecha llevé a cabo el cotejo de documento que antecede, constante de 1 foja (es) últil (es) con el original del cual proviene y los encontré idénticos. Hago constar que el cotejo quedó anotado con esta fecha bajo el número 2885 a foja(s) 131 del libro VI de registro de cotejos y certificaciones de firmas que se lleva en esta notaria a mi cargo. A petición de parte interesada expido la presente certificación en Mérida, Yucatán, Eestados Unidos Mexicanos a catorce de septiembre de dos mil 21" Con lo ya expuesto, se advierte claramente que la cesión de derechos, la cual no tiene fecha de celebración, se consideraría de fecha cierta a partir de la fecha en que fue presentado ante el Fedatario Público, esto es, el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, data que es posterior al momento en que ocurrieron los hechos, siendo estos el once de junio de dos mil veintiuno; por tanto, con dicho documento no sería dable al quejoso acreditar su interés jurídico, pues no se tiene un dato que revele la fecha en que se realizó la cesión de derechos, pues se insiste que dicho documento adquiere su fecha cierta hasta que fue presentado ante el fedatario público, siendo esta fecha posterior a los hechos relacionados en la demanda de amparo, de ahí su ineficiencia. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 96/20072 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional". También es de exacta aplicación al caso, la jurisprudencia 44/20053 , emitida por la propia Sala, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". No pasa inadvertido para quien esto resuelve que el quejoso, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser el propietario del vehículo; sin embargo, esa manifestación en modo alguno trae como consecuencia que se tenga por acreditado su interés jurídico, porque para considerarlo así era necesario que hubiese aportado medio de prueba de fecha cierta que fehacientemente demostrara dicha titularidad previa a la desposesión del vehículo, lo cual se insiste, no aconteció. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentando por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 324, consultable en la página 218, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". En estas condiciones, si con las pruebas aportadas en este juicio, no logró demostrar con documento de fecha cierta que previo a la desposesión del vehículo que por esta vía reclama, ya era propietario del vehículo en cita, entonces es válido concluir que no acreditó el derecho subjetivo o el interés jurídico para acudir al amparo, actualizándose por ende la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. Resultan aplicables al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Javier Renán Ascencio Alcocer, contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública y de otras autoridades, consistentes en la omisión de devolver el vehículo marca Mercedes Benz C200 Sport, modelo 2010 con placas de circulación UUG672A; por los motivos expresados en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y un anexo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano