Javier Quiroz Macías, representante legal

Expediente 1307/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1307/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Javier Quiroz Macías, representante legal

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Javier Quiroz Macías, representante legal de la contribuyente Energéticos Xajai, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, doce de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Javier Quiroz Macías, representante legal de la contribuyente Energéticos Xajai, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.********************Cumple prevención ********************Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ********************, personalidad que acredita mediante copia certificada del instrumento cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta (49840), volumen seiscientos quince (615), de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve; escrito, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de once de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se provee:****************************************Acto reclamado. ********************Ahora bien, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como al escrito aclaratorio, se concluye que la parte quejosa, reclama lo siguiente:********************************************************************************Se desecha demanda de amparo ********************Establecido lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: ********************El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ********************En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa.********************Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)****************************************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;********************(...)". ******************** ****************************************El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocados, modificados o nulificados; de modo que aquellas resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas, a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto.****************************************Ahora bien, como ya se dijo el acto que por esta vía se impugna, consiste en el bloqueo, cancelación suspensión o revocación de las cuentas bancarias de la parte quejosa y su ejecución, ordenada por la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala 1 y otras; es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo, y que puede solicitarse la suspensión del acto impugnado.****************************************Ahora, de la propia fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se advierte que a fin de que se actualice la causal de improcedencia en estudio, se deben reunir los siguientes requisitos: ****************************************a) Que en contra del acto reclamado proceda un juicio, un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. ********************b) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. ********************c) Que la Ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. ****************************************Condiciones que en el caso concreto sí se cumplen. ********************El juicio contencioso administrativo se encuentra expresamente previsto en los artículos 2, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen: ****************************************Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ********************Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ****************************************Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ********************Artículo 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ********************V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; [.]************************************************************Es decir, dicho juicio se encuentra establecido en una ley formal, en la que se contempla expresamente la posibilidad de instaurar el juicio contencioso administrativo federal, en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que causen un agravio en materia fiscal, cumpliendo así con el primer requisito establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo.****************************************Asimismo, la suspensión del acto se encuentra regulada en el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. ****************************************Aplica la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 783, registro digital: 2008807, de rubro y texto:****************************************"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado."************************************************************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 2011289, número 2a./J. 27/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:****************************************"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.****************************************Con relación al tema que nos ocupa -inmovilización de cuentas bancarias-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 326/2010, determinó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. ****************************************Sostuvo que la observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa.****************************************Agregó que, por regla general el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo.****************************************Concluyó, que el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. ****************************************Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 16, marzo de 2015, tomo II, página 1377, registro digital: 2008718, de texto y rubro: ****************************************"INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial."**************************************** ********************En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo.****************************************Se ordena guardar documentos********************Finalmente, respecto al anexo adjuntado por el promovente consistente en el instrumento notarial cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta (49840), volumen seiscientos quince (615), de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve; dada su naturaleza, guárdese en la Secretaría de este Juzgado, previa copia certificada que en su lugar se deje en autos.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintidós (fojas 104 a 128) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Angélica Espíndola Zarazua, para efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala, realizara lo siguiente: "En esas condiciones, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala, en el ámbito de sus facultades: Deje insubsistente la resolución del incidente liquidación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, aquí combatida, deducido del expediente 129/2009, así como sus consecuencias; y, Dicte una nueva, en la que: Reitere todo lo que no fue materia de concesión; y, De manera fundada, motivada y congruente: (i) Establezca cuál es el tipo de salario con el que se deben cuantificar las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, con lo cual se dejó de aplicar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; y, de qué manera se cubrirán los montos de las aportaciones que el trabajador tiene obligación de enterar, en atención a lo que disponen los artículos 17 y 21 de la ley en cita; y, (ii) Cuantifique la prestación de vacaciones de manera proporcional con el tiempo laborado durante el año dos mil ocho hasta la fecha en que concluyó la relación de trabajo con motivo del despido injustificado.". En ese orden de ideas, en auto de veintidós de agosto dos mil veintidós (fojas 180 a 182), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la responsable su cumplimiento. Posteriormente, en acuerdos de siete y veinte de septiembre; y diecinueve de octubre de dos mil veintidós, este juzgado tuvo por recibidos los oficios M.A. 434/2022 (fojas 190 a 192), M.A. 439/2022 (197 a 202); y, oficio MA. 479/2022 (fojas 260 a 264), todos signados por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, realizó lo siguiente: Mediante proveído de uno de septiembre de la presente anualidad, dejó sin efectos la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación, deducido del expediente laboral 129/2009, de su índice: SIN TEXTO Dictó la resolución de catorce de octubre de la presente anualidad, en la que: Reiteró todo lo que no fue materia de concesión de amparo: De igual manera, previos requerimientos hechos a la parte demanda en el juicio de origen, De manera fundada, motivada y congruente: Estableció el tipo de salario con el que deben cuantificar las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, con lo cual se dejó de aplicar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; también estableció la manera en que se cubrirán los montos de las aportaciones que el trabajador tiene obligación de enterar en atención a lo que disponen los numerales 17 y 21 de la Ley antes señalada; Lo anterior, se plasmó de la siguiente manera: En el inciso E), del considerando Cuarto de la resolución de catorce de octubre de la presente anualidad, la Junta responsable -de conformidad con los numerales 17 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, previos requerimientos a la Procuraduría Agraria, a efecto de que exhibiera el "Tabulador Regional que para cada Puesto se haya señalado para la Procuraduría Agraria", determinó las Cuotas y Aportaciones relativas a las prestaciones del ISSSTE, FOVISSSTE y SAR a que fue condenada la demandada, aquí quejosa, las que fueron tomadas con base en los diversos Acuerdos mediantes los cuales se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, correspondientes a los años de dos mil ocho a dos mil veintidós; aunado a que dichos Manuales de Percepciones, pueden ser consultables en internet, pues se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior derivado del escrito de siete de octubre de la presente anualidad, mediante el cual el demandado, aquí quejoso remitió lo siguiente: El oficio 307/A-20 de veintisiete de enero de dos mil veinte, signado por la Directora General Adjunta de Estrategia Presupuestaria en Servicios Personales de la Subsecretaría de Egresos Unidad Política y Control Presupuestario, por el que informó que en data uno de junio de dos mil dieciséis, el nivel PQ3 al que correspondía el tercero interesado Francisco Romero Ixtlapale, ahora se identifica como P13; asimismo informó los incrementos salariales otorgados a dicho nivel salarial PQ3 (actualmente P13): De dicha resolución, se advierte además que la Junta responsable señaló la manera en que se cubrirán los montos de dichas aportaciones que el trabajador tiene obligación de enterar, en atención a lo que disponen los artículos 17 y 21 de la multicitada Ley; asimismo, Cuantificó la prestación de vacaciones de manera proporcional con el tiempo laborado durante el año dos mil ocho, hasta la fecha en que concluyó la relación de trabajo con motivo del despido injustificado, tal como se aprecia a continuación: Documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Atento, a lo anterior es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, pues realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución del incidente liquidación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, deducido del expediente 129/2009, así como sus consecuencias; y, Dictó una nueva, en la que: Reiteró todo lo que no fue materia de concesión; asimismo, (i) Estableció el tipo de salario con el que se deben cuantificar las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, con lo cual se dejó de aplicar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; asimismo indicó la manera de que se cubrirán los montos de las aportaciones que el trabajador tiene obligación de enterar, en atención a lo que disponen los artículos 17 y 21 de la ley en cita; y, (ii) Cuantificó la prestación de vacaciones de manera proporcional con el tiempo laborado durante el año dos mil ocho hasta la fecha en que concluyó la relación de trabajo con motivo del despido injustificado del tercero interesado Francisco Romero Ixtlapale. Manifestaciones. Ahora bien, respecto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el sentido de que el fallo protector no se encuentra cumplido, en razón de que la autoridad responsable no dejó sin efectos la resolución incidental de liquidación de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dígasele a la quejosa que la misma sí se dejó sin efectos, tal como lo demostró la Junta responsable al emitir el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 129/2009, de su índice (foja 191). Por otra parte, respecto a su manifestación en torno a que la responsable al emitir la nueva resolución interlocutoria dictada en cumplimiento al fallo protector, no estudió el contenido del manual ni de la Ley del ISSSTE, pues no señaló el salario con el que se deben cuantificar las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, toda vez que si bien consideró lo estipulado en los "Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal", la responsable indebidamente tomó en cuenta tanto el sueldo base, como la compensación garantizada y la suma de estas dos, aseverando la parte promovente que la Junta Federal de Conciliación únicamente tuvo que tomar en cuenta el sueldo base (primer columna). No obstante, dígase a la parte quejosa que dicha circunstancia no es motivo de análisis de la ejecutoria de amparo, pues sus expresiones de inconformidad con el cumplimiento al fallo protector, no tienen relación con los efectos de la sentencia concesoria, lo anterior en razón de que este órgano jurisdiccional requirió a la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala únicamente para que estableciera cuál es el tipo de salario con el que se deben cuantificar las aportaciones de referencia, lo que en la especie ya aconteció y no determinar si lo constituye el sueldo base, la compensación garantizada o la percepción ordinaria bruta; esto es la suma de las dos anteriores. Es decir no puede considerarse motivo de inconformidad el dilucidar si lo atinente es especificar cuál de los tres rubros antes señalados corresponde al tipo de salario con el que deban cuantificarse las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, sino, que la Junta como acertadamente lo hizo, debía fundamentar la base que constituye el tipo de salario con el que se deberá realizar las aportaciones respectivas. En consecuencia, de igual manera, dígase a la quejosa que el cumplimiento a la resolución de amparo debe ceñirse únicamente a cada uno de los puntos que conforman los efectos de la sentencia que nos ocupa, sin extralimitarse a aspectos que no conforman dichos efectos, lo anterior a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. No existe defecto o exceso. Atento a lo anterior, es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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