Javier Morales Santacruz

Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
587/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Javier Morales Santacruz
  • Juzgado de Control Y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi Y Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión. Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el, inciso c), del artículo 21, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se declaró sin materia respecto del acto reclamado. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sean necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con dieciséis minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Olga Viviana López González, Secretaria con quien actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la correspondiente al juicio de amparo 587/2021-Ill, promovido por Javier Morales Santacruz; sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo (fojas 2 a 6); Proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, a través del cual por una parte se desechó la demanda de amparo y por otra se admitió a trámite la misma (fojas 7 a 14); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 34 a 38); Los informes con justificación que rindieron las autoridades responsables que a continuación se precisan: Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 19); Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho (foja 20); Juez Noveno de Control y de Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia (fojas 21); Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral Chiautempan (foja 49); Agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación del Delito de Ixtacuixtla, Tlaxcala (foja 55); Agente del Ministerio Público de Atención Integral Huamantla, Tlaxcala (foja 57); Agente del ministerio Público, de la Unidad de Atención Integral Región Norte, Tlaxco, Tlaxcala (foja 59); Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Calpulalpan, Tlaxcala (foja 61); y, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral e Investigación del Delito de Contla de Juan Cuamatzi (foja 64). Proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 74 y 75), en el cual se tuvieron por inexistentes a las autoridades denominadas como "Agente del Ministerio Público de Nativitas adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Agente del Ministerio Público de San Pablo del Monte adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y Agente del Ministerio Público de Tlaxcala adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala," (oficios 17130/2021, 17131/2021 y 17133/2021); de igual forma, en el proveído en cita se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como: "Agente del Ministerio Público de Apizaco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala" (oficio 17125/2021). Todo lo anterior consta en autos. Por otra parte, se hace constar que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Zacatelco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, no rindió su informe justificado, no obstante de estar notificado para tal efecto con la oportunidad debida, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva relativa al oficio 17135/2021 de trece de julio del año que transcurre (foja 47). Asimismo, la secretaria CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Por otro lado, en relación a la autoridad señalada como: "Agente del Ministerio Público de Apizaco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala" (oficio 17125/2021), se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno (fojas 74 y 75), en razón de que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a su inexistencia ya feneció, pues el mismo le fue notificado de la siguiente manera: Parte Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles (artículo 19 de la Ley de Amparo) Quejoso 19 de agosto de 2021 -notificación electrónica- 20 de agosto de 2021 Del 23 al 25 de agosto de 2021 21 y 22 de agosto de 2021 En tal virtud, para efecto del presente juicio de amparo, se tiene como inexistente a dicha autoridad. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Zacatelco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala no rindió su informe justificado, no obstante de estar notificada para tal efecto con la oportunidad debida, tal como se advierte de su constancia de notificación (foja 47); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene con el carácter de omisa, para efectos de presumir cierto lo reclamado por la parte quejosa. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, mismas que adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia dada su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS. Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes realizó manifestación alguna. El Juez acuerda: Al no existir alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA. Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 587/2021-Ill, promovido por Javier Morales Santacruz; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Javier Morales Santacruz demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "lll.- La autoridad o autoridades responsables: (a).- Como tales señalo como ordenadora a: 1.- JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER. 2.- JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO. Así como 1.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE APIZACO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 2.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CALPULALPAN ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 3.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CONTLA ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 4.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE HUAMANTLA ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 5.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE IXTACUIXTLA ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 6.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NATIVITAS ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 7.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SAN PABLO DEL MONTE ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 8.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 9.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TLAXCALA ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 10.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TLAXCO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 11.- CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ZACATELCO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. (b).- Como Ejecutora: 1.- DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. ACTO RECLAMADO: IV.- SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO: (a) AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. De las Autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo: EL DICTADO, ACUERDO, LIBRAMIENTO O DECRETO DE CUALQUIER ORDEN DE CITACIÓN, ORDEN DE PRESENTACIÓN, ORDEN DE DETENCIÓN, ORDEN DE APREHENSIÓN, ORDEN DE ARRAIGO, CITA DE COMPARECENCIA, ORDEN DE BÚSQUEDA, ORDEN DE LOCALIZACIÓN, ORDEN DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, ORDEN DE PRESENTACIÓN MINISTERIAL, ORDEN DE CAPTURA, ORDEN DE ARRESTO, CITA DE COMPARECENCIA PARA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, ENTREVISTA MINISTERIAL INCOADA EN MI CONTRA. (B) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO: LA EJECUCIÓN, MATERIALIZACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ORDEN DE CITACIÓN, ORDEN DE PRESENTACIÓN, ORDEN DE DETENCIÓN, ORDEN DE APREHENSIÓN, ORDEN DE ARRAIGO, CITA DE COMPARECENCIA, ORDEN DE BÚSQUEDA, ORDEN DE LOCALIZACIÓN, ORDEN DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, ORDEN DE PRESENTACIÓN MINISTERIAL, ORDEN DE CAPTURA, ORDEN DE ARRESTO, CITA DE COMPARECENCIA PARA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, ENTREVISTA MINISTERIAL INCOADA EN MI CONTRA." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 587/2021-lll, por una parte desechó y por otra admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama ordenes privativas de libertad (búsqueda, aprehensión y detención), que considera afectan los derechos sustantivos del impetrante. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La orden de búsqueda y/o aprehensión y/o detención y/o presentación y/o arraigo, y/o arresto, librada en su contra, así como su ejecución; y, La Orden de investigación en su contra, así como su ejecución. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Son inexistentes los actos reclamados atribuidos a: Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 19); Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho (foja 20); Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral Chiautempan (foja 49); Agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación del Delito de Ixtacuixtla, Tlaxcala (foja 55); Agente del Ministerio Público de Atención Integral Huamantla, Tlaxcala (foja 57); Agente del ministerio Público, de la Unidad de Atención Integral Región Norte, Tlaxco, Tlaxcala (foja 59); Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Calpulalpan, Tlaxcala (foja 61); y, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral e Investigación del Delito de Contla de Juan Cuamatzi (foja 64). Lo anterior, pues negaron su existencia al rendir su respectivo informe justificado, ello sin que el peticionario de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. Por otro lado, la autoridad responsable Juez Noveno de Control y de Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, al rendir su respectivo informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuye (fojas 21); sin embargo, resulta oportuno indicar que de dicho informe se desprende lo siguiente: Que el tres de noviembre de dos mil veinte, se radicó la causa judicial 385/2020 misma que por razón de turno le fue asignada al Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la cual se sigue en contra de Javier Morales Santacruz -aquí quejoso- por su probable participación en la comisión del delito de despojo, cometido en victimización de Lucila Santacruz Minor. Además, señala que a solicitud del Agente del Ministerio Público, el veintiuno de junio del año en curso la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dictó un auto dentro de la causa judicial antes precisada en el que fijó las doce horas del seis de agosto del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación a Javier Morales Santacruz -aquí quejoso-. Igualmente refiere que en cumplimiento a lo ordenado por la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el seis de julio de dos mil veintiuno, el asistente de notificación se constituyó en el domicilio de Javier Morales Santacruz y dejó citatorio de espera domiciliaria, por lo que el siete de julio siguiente procedió a dejar el citatorio número 1296 a la persona que atendió la diligencia, a fin de enterar al citado quejosa de la data fijada para la audiencia antes referida. Atento a lo anterior, debe destacarse que mediante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la orden de citación para formulación de imputación emitida en contra del quejoso, así como su ejecución. Por tanto, debe indicarse que si bien la autoridad responsable Juez Noveno de Control y de Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, aceptó la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen, lo cierto es que de un análisis a su informe justificado así como a las constancias allegadas por el mismo se advierte únicamente la existencia de la orden de citación para formulación de imputación emitida en contra del quejoso (acto por el cual se desechó la demanda de amparo), no así de diversa orden privativa de libertad. En consecuencia, si el presente juicio de amparo se tramita únicamente en relación a los actos consistentes en 1) La orden de búsqueda y/o aprehensión y/o detención y/o presentación y/o arraigo, y/o arresto, librada en su contra, así como su ejecución; y, 2) La Orden de investigación en su contra, así como su ejecución. Y del informe justificado rendido por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, así como de las constancias allegadas al mismo no se advierte la existencia de los actos reclamados respecto de los cuales se tramita el juicio de amparo; por tanto, deben tenerse por inexistentes. En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, reclamados a las autoridades responsables a que se alude en los párrafos que anteceden. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otro lado, es presuntivamente cierto el acto reclamado consistente en la orden de investigación atribuida a la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de Zacatelco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; lo anterior, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues dicha autoridad omitió rendir el informe justificado que se le solicitó, no obstante de estar notificado para tal efecto con la oportunidad debida, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva relativa al oficio 17135/2021 de trece de julio del año que transcurre (foja 47). Ahora bien, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la orden de búsqueda y/o aprehensión y/o detención y/o arraigo, no resulta procedente tener por cierto el mismo, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial girar la orden de aprehensión y decretar el arraigo, por lo que la autoridad responsable no se encuentra facultada para ello. QUINTO. Causa de improcedencia -actualizada- Al respecto, resulta improcedente el presente juicio de amparo, por cuanto hace a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Zacatelco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, respecto de la orden de investigación girada en contra del quejoso, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Asimismo, debe traerse a colación el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el libramiento de órdenes de aprehensión, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." De las porciones normativas invocadas se desprende que 1) compete al Ministerio Público, en representación de la sociedad, llevar a cabo la investigación de los delitos -acción persecutoria-; 2) de ser el supuesto, ejercer o no la acción penal ante los tribunales; 3) de ejercitarse la acción penal los jueces deberán radicar la averiguación previa y, en caso de advertir elementos que acrediten la comisión de la conducta delictiva imputada, podrán librar orden de aprehensión; por lo tanto, debe colegirse que dichas funciones no constituyen un derecho privado, es decir, no forman parte de las garantías de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido a las autoridades en comento. De ahí que la orden de radicación de una carpeta de investigación y, en general, la investigación de un delito incluida la consignación, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones si, la radicación de un proceso o carpeta de investigación no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, no se afecta su esfera jurídica pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica del quejoso, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dichas autoridades. Resulta ilustrativo al respecto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Diciembre de 2004: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En tanto, la investigación que se efectúa no constituye un acto que cause perjuicio alguno a la esfera jurídica del quejoso, pues las actuaciones realizadas para la integración de la carpeta de investigación son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba, para en su caso, ordenar la aprehensión o comparecencia del inculpado y, posteriormente, determinar en forma precisa si se acreditan los elementos constitutivos del ilícito de que se trate, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas correspondientes. Entonces, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de derechos del quejoso; por lo que es inconcuso que las investigación efectuadas en una averiguación previa y, en su caso, la consignación de ésta, no afectan de manera alguna los derechos fundamentales del quejoso. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la investigación incoada en contra de la parte quejosa, por ser notoriamente improcedente la acción constitucional en su contra, dado que no afecta su interés jurídico. SEXTO. Estudio innecesario del asunto. En otro aspecto, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la orden de presentación y/o arresto -al haberse tenido por presuntivamente ciertos a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Zacatelco adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala-; no se analizará el fondo del asunto planteado. Lo anterior, porque la parte quejosa no exhibió las constancias relativas a fin de acreditar que el acto reclamado es inconstitucional, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto no es en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1° de esta ley; de ahí, que la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, y al no contar con las constancias antes mencionadas, es patente que quien resuelve se encuentra imposibilitado para analizar tal determinación. Resulta aplicable, por analogía la tesis XXI.1o.30 K6 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA. En atención a que la orden de aprehensión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla, cuando ésta no envía con su informe copia certificada de dicha resolución, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo exhibirla, así como de las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado; por lo que si no lo hizo, sino que únicamente se aportó copia simple de la orden de captura, misma que carece de valor probatorio por no estar certificada por funcionario facultado legalmente para hacer su cotejo y autorizar su autenticidad, es claro que el juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho." Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga a recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado. A mayor abundamiento cabe señalar, que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió los actos reclamados, sea omisa en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí mismo, si no cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda a la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía y dado que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/977 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del 7 Novena Época; Registro: 199454; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Febrero de 1997; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 17/97; Página: 108. 2021-11-20 10:32:51 amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, ya que no se contrapone a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, se cita la jurisprudencia VI.2o. J/84, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el 8 Novena Época; Registro: 199523; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o. J/84; Página: 245. Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." En esas condiciones, por lo que hace a la orden de presentación y/o arresto, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó el quejoso Javier Morales Santacruz. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 587/2021-lII, promovido por Javier Morales Santacruz, contra los actos y autoridades responsables en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo 587/2021-lII, contra el acto y autoridad responsable en términos del considerando sexto de la presente determinación.

  3. Incidental

    ÚNICO. Se niega a Javier Morales Santacruz, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral e Investigación del Delito de Contla de Juan Cuamatzi; otorgado en proveído de cuatro de agosto del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.pehl+

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