JAVIER PEREZ YAVILA, DÁVILA Y/O JAVILA y Otros.
Expediente 46/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- JAVIER PEREZ YAVILA, DÁVILA Y/O JAVILA y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, en el término legalmente establecido; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
De la diligencia de notificación efectuada el quince del mes y año en curso, por la fedataria de la adscripción, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, se advierte que los quejosos Javier Pérez Dávila y Juan Carlos Barajas Díaz manifestaron que desisten de este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno e infórmese a la autoridad responsable. RESPECTO DE LA INSPECCIÓN OCULAR OFRECIDA POR LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, vista la diligencia de inspección desahogada en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; no ha lugar a tenerla como prueba de la parte quejosa, dada la determinación emitida en párrafos que anteceden.
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por Javier Pérez Dávila y Juan Carlos Barajas Díaz, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, por violación a los artículos 1º, 14, 16 y 22 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 107, fracción II, 35, 108, 110, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de Gobierno de este Juzgado con el juicio de amparo 46/2015 que le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer término, dado que los actos reclamados en la demanda que se provee se hace consistir en la privación de la libertad fuera de procedimiento y suspensión de estímulos; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos, por lo que la autoridad responsable deberá abstenerse de inmediato de mantener segregado al quejoso, así como de realizar actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se hace saber a la autoridad responsable, que de no haber ocurrido, se suspenda la privación de la libertad fuera de procedimiento de la parte quejosa, así como toda restricción de estímulos, ello de no existir causa legal justificada; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Se hace saber a la autoridad responsable que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme con lo dispuesto en el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, de consumarse éste, enseguida se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El artículo 115 de la Ley de Amparo dispone que cuando se reclamen actos que impliquen violación a los derechos contenidos en los artículos 16, 19 y 20 Constitucionales, la audiencia constitucional tendrá verificativo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda; por lo tanto, se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Tomando en consideración que se están reclamando actos relacionados con los previstos en el artículo 22 Constitucional; con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafo tercero, 63 fracción IV, y 75, todos de la Ley de Amparo remitiendo a este juzgado: Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo. En orden. Completas y legibles. Asimismo cuando la autoridad ordenadora advierta que cesaron los efectos de los actos reclamados, o se actualice alguna causal de sobreseimiento, deberá informarlo, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, de ser el caso, deberá anexar copias certificadas del reporte que dio origen al correctivo disciplinario impuesto al quejoso, el citatorio con el que se hizo de su conocimiento la fecha y hora en que se resolverían sobre las infracciones que le atribuyeron y que originó dichas sanciones y, en su caso, de las constancias relativas a la inconformidad que haya formulado contra la misma. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento y su omisión entorpece el procedimiento, con fundamento en los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la autoridad responsable perteneciente el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residentes en Villa Aldama, Veracruz, para que al rendir su informe justificado remita copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados a los quejosos Javier Pérez Dávila y Juan Carlos Barajas Díaz en ese centro penitenciario, así como del correctivo disciplinario que en su caso le haya impuesto; apercibida que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días; asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto por el artículo citado el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." INFORMACIÓN DE EGRESOS En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que diversos juicios radicados en este juzgado, han sido sobreseídos, en atención a las múltiples órdenes de egreso de internos efectuadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que informe a este Juzgado si los quejosos Javier Pérez Dávila y Juan Carlos Barajas Díaz egresaron por algún motivo de tal centro de reclusión, y de ser el caso, deberá acreditar su dicho con las copias certificadas correspondientes. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de los quejosos la siguiente: Inspección ocular: Se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que haga constar el lugar donde se encuentra el quejoso; omitiendo asentar cualquier dato que pudiere vulnerar la seguridad del centro de reclusión donde se lleve a cabo, incluido lugares que permitan su ubicación. Por otra parte, en relación con la diversa prueba que ofrece, este órgano jurisdiccional se reserva proveer hasta en tanto obre en autos el informe justificado solicitado a las autoridades responsables. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Debido a que el quejoso se encuentra recluido, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de su reclusión. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Notifíquese la radicación de este juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación este juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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