Javier Oropeza Jiménez y Otros.

Expediente 1070/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1070/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2015

Partes del expediente

  • Javier Oropeza Jiménez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Del oficio de cuenta, remitido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz, así como de las constancias que anexó a éste (fojas 140 a 142), se advierte que el aquí quejoso Javier Oropeza Jiménez egresó por libertad de dicho centro de reclusión; en consecuencia, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera respetuosamente que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La causa de improcedencia citada está basada en lo innecesario de estudiar aquel acto de autoridad que carece de efectos en agravio del quejoso, cuando la actuación posterior de la autoridad desapareció las consecuencias que trascendían en su esfera jurídica. En ese sentido, para que opere tal motivo de improcedencia es necesaria la desaparición plena e incondicional de sus efectos, como si nunca hubiese sido afectada la esfera jurídica del gobernado, incluso, como si se le hubiera concedido la protección constitucional y hubiese sido restituido de la afectación alegada. HECHOS En el caso, cabe destacar que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial por la supuesta falta o infracción cometida por el quejoso, suspensión total de estímulos, tales como el acceso de compra de productos de la tienda, ingreso de libros y revistas, incluyendo visita familiar e íntima, y la falta de atención médica. Por otra parte, del oficio de cuenta, remitido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, así como de las constancias que anexó al mismo, se advierte que el aquí quejoso Javier Oropeza Jiménez egresó por libertad de dicho centro de reclusión, tal como se advierte de la copia certificada del acta administrativa 1158/2015 (fojas 140 a 142). CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que cesaron los efectos de los actos reclamados, porque la actuación de la autoridad extinguió de forma plena e incondicional los efectos perjudiciales que trascendieron en la esfera jurídica del quejoso, al haberlo puesto en libertad; lo que conlleva a determinar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 165870 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXX, Diciembre de 2009Página: 1491Tesis: I.3o.C.92 KTesis AisladaMateria(s): Común "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Al encontrarse el quejoso en libertad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ordénese al actuario judicial que corresponda efectúe la notificación que nos ocupa, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    Del oficio de cuenta y constancias anexas, se advierte que en resolución dictada el juicio de amparo 482/2015 del índice de este Juzgado de Distrito, se ordenó la separación del juicio, en la inteligencia de que dicho juicio se seguirá respecto del quejoso Luis Ángel Soriano del Río. Por tanto, este asunto se seguirá por los actos que el quejoso Javier Oropeza Jiménez reclama; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 1070/2015. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda. I. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión de los actos reclamados, debido a que en el juicio de amparo 482/2015 del índice de este juzgado, se concedió la suspensión de plano de los mismos. II. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, la cual se fija de manera objetiva, atendiendo la disponibilidad de fechas en la agenda que para tal efecto se lleva. III. INFORME JUSTIFICADO Sin que haya lugar a solicitar informe justificado a la (s) autoridad (es) responsable (s) con motivo de que obran en autos y se dio vista al quejoso con su contenido, por lo que únicamente notifíquesele (s) este acuerdo e indíquesele (s) que cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados u ocurrido alguna causa notoria de sobreseimiento está (n) obligada (s) a informarlo y, de no hacerlo, se le (s) impondrá multa de TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 64, en relación con el artículo 251, de la Ley de Amparo. IV. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. V. INFORMACIÓN DE EGRESOS En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que diversos juicios radicados en este juzgado, han sido sobreseídos, en atención a las múltiples órdenes de egreso de internos efectuadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que informe a este Juzgado si el quejoso Javier Oropeza Jiménez egresó por algún motivo de tal centro de reclusión, y de ser el caso, deberá acreditar su dicho con las copias certificadas correspondientes. VI. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la ley de amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a las autoridades responsables residentes en Villa Aldama, Veracruz, para que, en el término de tres días legalmente computado, remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos y la atención médica que le son proporcionados al quejoso Javier Oropeza Jiménez; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." VII. DOMICILIO Se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión del quejoso. VIII. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. IX. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante oficio, notifíquese la radicación de este juicio a la (s) autoridad (es) responsable (s), en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo.

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