Javier Nelson Alejo Primero

Expediente 38/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
38/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Javier Nelson Alejo Primero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio I-C-7-12, mediante el cual se ordenó notificar la referida sentencia a la autoridad responsable Procurador General de la República, toda vez que el sentido de la misma no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada de manera provisional, con fundamento en la fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el informe justificado que rinde la autoridad responsable 12. Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, en suplencia del Procurador General de la República; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe y con su contenido dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otro lado, téngasele designando como domicilio el que indica en el oficio de cuenta y delegados, en términos del artículo 9 del mismo ordenamiento a las personas que menciona.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Vistos, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales procedentes los informes justificados que rinden las autoridades responsables Jueces 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 5. Quinto, 6. Sexto, 7. Séptimo y 8. Octavo, todos de lo Penal de la ciudad de Puebla y 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, ténganse por rendidos dichos informes y con su contenido dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 38/2017-I-C. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por Javier Nelson Alejo Primero, contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 3. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 4. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 5. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 6. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 7. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 10. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 11. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 12. Procurador General de la República, 13. Fiscal General del Estado de Puebla y 14. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta y teniendo únicamente como autoridad responsable al mencionado Director, pues el quejoso no proporcionó los datos de identificación de los elementos ministeriales que señala como responsables). No se soslaya que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla; sin embargo, no ha lugar a tenerla con dicho carácter, atendiendo al oficio 5537 signado por el Secretario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual informó a este órgano de control constitucional el cierre de dicho juzgado a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, lo cual evidencia la inexistencia de la autoridad señalada. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Con el apercibimiento (excepto a los jueces federales señalados como responsables) que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora bien, respecto a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, se les hace de su conocimiento que si bien, la autoridad que el quejoso denominó como Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, no se tuvo como responsable en el presente juicio, ello no implica que no rindan sus informes respecto de las causas penales que fueron returnadas a cada uno de los demás juzgados penales de la ciudad de Puebla, las cuales estaban radicadas en el Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Dicho de otra manera, se requiere a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, que rindan sus informes justificados respecto de lo que obre en su totalidad en sus respectivas bases de datos, incluyendo las causas penales que les hayan sido returnadas con motivo del cierre del Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. No ha lugar a remitirles copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten, apercibidas (excepto a los jueces federales señalados como responsables) que de no hacerlo se les impondrá por separado una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Se señalan las doce horas con diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo; y, vista la certificación de cuenta, se advierte que Alfredo Fernández Valverde y Alfredo Corona Rodríguez cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho, por lo que se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

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