Javier Mora Reyes

Expediente 663/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
663/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Javier Mora Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 4302/2017 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que acusa recibo del diverso D-434, mediante el cual se le remitió el juicio de amparo 663/2017-D del índice de este juzgado; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por el quejoso Javier Mora Reyes, la cual quedó radicada bajo el amparo directo número D-145/2017 de su estadística; de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Javier Mora Reyes, por medio del cual desahoga el requerimiento que le formuló esta autoridad en proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete, consistente en: a) Bajo protesta de decir verdad, proporcionara el domicilio cierto y actual de Manuel Ángel Patiño Toriz y Erika Patricia Herrera Islas, a quienes en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, les asiste el carácter de parte tercero interesada; y, b) Manifestara, bajo protesta de decir verdad y con precisión, el acto destacado que atribuye a la autoridad señalada como responsable ordenadora Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, esto es, si el acto que le reclama es la sentencia dictada dentro del toca de apelación 52/2016 de su índice o, en su caso, la falta de notificación de la misma. Indicando lo siguiente: ".b).- Bajo protesta de decir verdad señalo como domicilio de los terceros interesados los que a continuación se enlistan, y los cuales se encuentran señalados dentro de los autos del expediente del Toca de Apelación del que se desprende la acción aquí intentada y que son los siguientes:  Del C. Manuel Ángel Patiño Toriz: la casa marcada con el número sesenta y uno, letra "E" de la Calle Madrid del fraccionamiento Villas Periférico de esta Ciudad de Puebla.  De la C. Erika Patricia Herrera Islas: la casa marcada con el número sesenta y uno, letra "E" de la Calle Madrid del fraccionamiento Villas Periférico de esta Ciudad de Puebla; así como el ubicado en la avenida Catorce sur número tres mil trescientos ocho de la Colonia El Mirador de esta Ciudad de Puebla. c).- Por último y bajo protesta de decir verdad, es de señalarse que el acto que se reclama en la presente demanda de amparo lo es LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN 52/2016 por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que me fue notificada de manera personal el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, haciendo la aclaración que dicho acto se encuentra debidamente detallado en mi SEGUNDO AGRAVIO de mi demanda, siendo así que de la autoridad señalada como responsable ordenadora y que es la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado se reclama: "LA INFUNDADA, INMOTIVADA Y EXCESIVA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 52/2016, DE DONDE ES DE APRECIARSE LA FALTA DE VALORACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE INTEGRAN EL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LA DEFENSA, ASÍ COMO DE LOS DICTÁMENES OFRECIDOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, Y EL INEXACTO ESTUDIO Y VALOR DADO A LAS PROBANZAS OFRECIDAS POR LOS APELANTES, DE LOS CUALES ES BIEN APRECIADO QUE NO SE CUMPLEN CON LOS EXTREMOS DEL TIPO PENAL DICTADO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL APLICABLE; Y QUE HASTA EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ME FUE NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL LA SENTENCIA DERIVADA DEL TOCA DE APELACIÓN 52/2016 DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ESTO A TRAVÉS DEL C. DILIGENCIARIO ADSCRITO A LOS PROCESOS PARES DEL JUZGADO SEXTO PENAL DE LOS DE ESTA CIUDAD. (.) En consecuencia, se provee la demanda respecto de las autoridades y actos que señala la parte quejosa. En principio, cabe precisar que el acto que se pretende combatir en la presente instancia lo constituye la sentencia de segunda instancia dictada en contra del aquí quejoso, por la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 52/2016. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que en el presente caso, el promovente reclama la sentencia de segunda instancia dictada por la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla dentro del toca penal 52/2016, lo que claramente se traduce en aquélla que puso fin al proceso de origen. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 663/2017-D, así como cinco copias del escrito de inicial de demanda y seis de su escrito aclaratorio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Finalmente, téngase como autorizado de la parte quejosa, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Rodríguez Téllez y Gustavo Rodríguez Vivanco, pues se constató que cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Javier Mora Reyes, por medio del cual desahoga el requerimiento que le formuló esta autoridad en proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete, consistente en: a) Bajo protesta de decir verdad, proporcionara el domicilio cierto y actual de Manuel Ángel Patiño Toriz y Erika Patricia Herrera Islas, a quienes en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, les asiste el carácter de parte tercero interesada; y, b) Manifestara, bajo protesta de decir verdad y con precisión, el acto destacado que atribuye a la autoridad señalada como responsable ordenadora Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, esto es, si el acto que le reclama es la sentencia dictada dentro del toca de apelación 52/2016 de su índice o, en su caso, la falta de notificación de la misma. Indicando lo siguiente: ".b).- Bajo protesta de decir verdad señalo como domicilio de los terceros interesados los que a continuación se enlistan, y los cuales se encuentran señalados dentro de los autos del expediente del Toca de Apelación del que se desprende la acción aquí intentada y que son los siguientes:  Del C. Manuel Ángel Patiño Toriz: la casa marcada con el número sesenta y uno, letra "E" de la Calle Madrid del fraccionamiento Villas Periférico de esta Ciudad de Puebla.  De la C. Erika Patricia Herrera Islas: la casa marcada con el número sesenta y uno, letra "E" de la Calle Madrid del fraccionamiento Villas Periférico de esta Ciudad de Puebla; así como el ubicado en la avenida Catorce sur número tres mil trescientos ocho de la Colonia El Mirador de esta Ciudad de Puebla. c).- Por último y bajo protesta de decir verdad, es de señalarse que el acto que se reclama en la presente demanda de amparo lo es LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN 52/2016 por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que me fue notificada de manera personal el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, haciendo la aclaración que dicho acto se encuentra debidamente detallado en mi SEGUNDO AGRAVIO de mi demanda, siendo así que de la autoridad señalada como responsable ordenadora y que es la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado se reclama: "LA INFUNDADA, INMOTIVADA Y EXCESIVA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 52/2016, DE DONDE ES DE APRECIARSE LA FALTA DE VALORACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE INTEGRAN EL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LA DEFENSA, ASÍ COMO DE LOS DICTÁMENES OFRECIDOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, Y EL INEXACTO ESTUDIO Y VALOR DADO A LAS PROBANZAS OFRECIDAS POR LOS APELANTES, DE LOS CUALES ES BIEN APRECIADO QUE NO SE CUMPLEN CON LOS EXTREMOS DEL TIPO PENAL DICTADO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL APLICABLE; Y QUE HASTA EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ME FUE NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL LA SENTENCIA DERIVADA DEL TOCA DE APELACIÓN 52/2016 DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ESTO A TRAVÉS DEL C. DILIGENCIARIO ADSCRITO A LOS PROCESOS PARES DEL JUZGADO SEXTO PENAL DE LOS DE ESTA CIUDAD. (.) En consecuencia, se provee la demanda respecto de las autoridades y actos que señala la parte quejosa. En principio, cabe precisar que el acto que se pretende combatir en la presente instancia lo constituye la sentencia de segunda instancia dictada en contra del aquí quejoso, por la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 52/2016. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que en el presente caso, el promovente reclama la sentencia de segunda instancia dictada por la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla dentro del toca penal 52/2016, lo que claramente se traduce en aquélla que puso fin al proceso de origen. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 663/2017-D, así como cinco copias del escrito de inicial de demanda y seis de su escrito aclaratorio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Finalmente, téngase como autorizado de la parte quejosa, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Rodríguez Téllez y Gustavo Rodríguez Vivanco, pues se constató que cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 08 DE junio DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 663/2017-D. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción II y IV, ambos preceptos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento a lo siguiente: a) Bajo protesta de decir verdad, proporcione el domicilio cierto y actual de Manuel Ángel Patiño Toriz y Erika Patricia Herrera Islas, a quienes en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, les asiste el carácter de parte tercero interesada; y, b) Manifieste, bajo protesta de decir verdad y con precisión, el acto destacado que atribuye a la autoridad señalada como responsable ordenadora Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, esto es, si el acto que le reclama es la sentencia dictada dentro del toca de apelación 52/2016 de su índice o, en su caso, la falta de notificación de la misma. Toda vez que, en primer término, la parte quejosa omite señalar en su escrito de demanda cuál es el domicilio cierto y actual de Manuel Ángel Patiño Toriz y Erika Patricia Herrera Islas, lo que hace imposible su emplazamiento; requisito que, de conformidad a lo establecido por el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo, constituye una de las cargas procesales que el quejoso debe cumplir. El cual, en la especie, se traduce en señalar el domicilio correcto, preciso y actual de todas las partes a fin de que éstas puedan ser llamadas al juicio constitucional y tengan la oportunidad de probar y alegar en su favor sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues de lo contrario, los terceros interesados quedarían en estado de indefensión, aunado a que el quejoso es parte dentro de la causa penal 558/2013 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla y del toca de apelación 52/2016 de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, por lo que se encuentra en posibilidad de tener acceso a los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo. Y, en segundo lugar, en el capítulo alusivo a los actos reclamados, refiere: ".A.- DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, COMO CUERPO COLEGIADO, SE RECLAMA: 1.- EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA ILEGAL Y VIOLATORIA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 52/2016 SEGUIDO EN CONTRA DEL QUEJOSO, POR LOS ACTORES, HOY TERCEROS PERJUDICADOS, EN VIRTUD DE QUE JAMÁS ME FUE NOTIFICADA DICHA SENTENCIA BAJO LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE LA LAY DE LA MATERIA, PARA EL EFECTO, Y ADEMÁS PORQUE DERIVADO DE ESA FALTA DE NOTIFICACIÓN NO PUDE PROMOVER MEDIO DE DEFENSA ALGUNO DEJÁNDOME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN; Y TUVE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS, HASTA EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. B.- DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, COMO AUTORIDAD ORDENADORA, SE RECLAMA: 1).- LA INFUNDADA, INMOTIVADA Y EXCESIVA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 52/2016, DE DONDE ES DE APRECIARSE LA FALTA DE VALORACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE INTEGRAN EL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LA DEFENSA, ASÍ COMO DE LOS DICTÁMENES OFRECIDOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, Y EL INEXACTO ESTUDIO Y VALOR DADO A LAS PROBANZAS OFRECIDAS POR LOS APELANTES, DE LOS CUALES ES BIEN APRECIADO QUE NO SE CUMPLEN CON LOS EXTREMOS DEL TIPO PENAL DICTADO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL APLICABLE; MÁXIME QUE NUNCA ME FUE NOTIFICADA DICHA SENTENCIA EN TIEMPO Y FORMA A PESAR DE HABER EXPRESADO MI VOLUNTAD DE REVOCAR A LA PROFESIONISTA QUE ME REPRESENTO EN PRIMERA INSTANCIA, ADEMÁS DE HABER SEÑALADO UN NUEVO DOMICILIO PARA PODER OÍR y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, EL CUAL FUE CONVALIDADO POR LA SALA PENAL AQUÍ RECURRIDA COMO SE APRECIARA DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL TOCA YA CITADO, ESPECIALMENTE EN EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE ME FUE NOTIFICADO CON FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL DOMICILIO QUE DEJÉ SEÑALADO EN MI ESCRITO DE CAMBIO DE ABOGADOS PARTICULARES Y NUEVO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, MISMO QUE FUE EL UBICADO EN LA AVENIDA TEZIUTLÁN SUR NÚMERO DIEZ LETRA B DE LA COLONIA LA PAZ DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA. Y ASÍ LAS COSAS ES QUE HASTA EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ME FUE NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL LA SENTENCIA DERIVADA DEL TOCA DE APELACIÓN 52/2016 DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ESTO A TRAVÉS DEL C. DILIGENCIARIO ADSCRITO A LOS PROCESOS PARES DEL JUZGADO SEXTO PENAL DE LOS DE ESTA CIUDAD. (.)" De lo que se concluye que la parte quejosa pretende reclamar tanto la sentencia dictada dentro del toca de apelación número 52/2016 dictada por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla como la falta de notificación de dicha ejecutoria; sin embargo, manifiesta que con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete la referida determinación le fue notificada personalmente por conducto del diligenciario adscrito a los procesos pares del Juzgado Sexto Penal de la ciudad de Puebla, en tal sentido, debe señalar los actos concretos de los que se duele emanados del toca penal 52/2016, esto es, si reclama la sentencia de segunda instancia dictada por el tribunal de alzada en su contra o su falta de notificación. Lo anterior, en virtud de que la suscrita Secretaria encargada del despacho se encuentra imposibilitada para suplir tales deficiencias, pues de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, uno es indicar con precisión el nombre y domicilio del tercero interesado y, si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta, y otro es señalar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a efecto de entablar con precisión la litis constitucional. De ahí que, el promovente de amparo deba subsanar los requisitos antes mencionados a efecto de proveer sobre la demanda de amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para la autoridad señalada como responsable y una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo y por autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Santiago Blanco Bárcena y Jorge Adolfo Galeana Solís, pues se constató que cuentan con cédulas profesionales de licenciados en Derecho registradas ante la Secretaria de Educación Pública; y, por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las diversas personas que indicó en el proemio de su demanda, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que dichos profesionistas cuentan con cédulas profesionales de licenciados en derecho inscritas ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Finalmente, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente...."

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