Javier Mauleón Montero

Expediente 525/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
525/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Javier Mauleón Montero

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 525/2022-V. En diez de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta a la jueza con un oficio con anexo; recibido físicamente en este juzgado y registrado con el folio de control interno 9943. Conste. Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria Se agrega al expediente el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de julio de dos mil veintidós, en el recurso de queja Q-96/2022, cuyo punto resolutorio establece: "...ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ++++++++++++ por conducto de su autorizado en términos amplios +++++, en contra del auto emitido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto 525/2022-V del Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.". Además, devuelve el legajo de copias de este juicio de amparo, que se envió para la resolución del citado medio de impugnación. En consecuencia, glósese al presente juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y este operador jurídico queda enterado de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. También, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio y legajo mencionados. Asimismo, se instruye destruir el legajo de copias recibido, porque sólo tiene reproducciones del presente juicio, motivo por el cual es innecesario conservarlas. Anotaciones internas Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, porque fue desechada la solicitud de amparo en el proveído inicial. Resguardo del expediente (ARCHIVO) Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa, pues únicamente fueron recibidos vía electrónica. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación de este proveído Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que resultó infundado el recurso interpuesto contra el proveído que desechó la solicitud de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la parte quejosa por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Carátula del expediente Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Indicación a la actuaria de este órgano Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio dirigido al tribunal colegiado, lo entregue en forma física. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Revisión del expediente Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    ..CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 525/2022-V. Puebla, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente un oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el cual informa que el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional; y acusa recibo de los anexos remitidos. También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente ´´´´, de su índice. De todo lo anterior se toma nota, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito firmado electrónicamente por Sergio Anaya Méndez autorizado en términos amplios del quejoso Javier Mauleón Montero, mediante el cual interpone recurso de queja, y formula agravios contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso -con el señalamiento genérico de constancias para la resolución de la queja-. Empero, se descarta hacer pronunciamientos para los diversos aspectos procesales que obran en el escrito de agravios de la parte quejosa, como el señalamiento de tener acceso al expediente electrónico, entre otros, porque fueron dirigidos al tribunal colegiado que habrá de disponer el trámite para el citado medio de impugnación. Informe de esta juzgadora. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo este juicio y una impresión de los escritos con firma criptográfica del autorizado de la parte quejosa -del recurso y los agravios expuestos, pues fue presentado en a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación-, al oficio que se dirija al tribunal colegiado. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del recurso de queja -y del escrito que contiene los agravios-, con las copias necesarias de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Se hace notar que este acuerdo sólo tendrá las respectivas firmas electrónicas, vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, porque se ha trabajado a distancia por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19. Indicación al actuario. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja y los agravios, impresión con firmas criptográficas de los mismos y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Además, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Expediente electrónico. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, se instruye al Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que la superioridad esté en oportunidad de consultar este expediente de manera íntegra. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 525/2022-V. En diecinueve de mayo de dos mil veintidós Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. La parte quejosa señaló como reclamados: Al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Investigación del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, Puebla: "La omisión de radicar y/o acordar lo conducente para efecto de iniciar con la etapa de investigación inicial en la carpeta de investigación número + relativo a la querella presentada por la parte quejosa respecto de actos que son considerados típicos en términos de la legislación penal del Estado de Puebla. La omisión de iniciar a realizar actos de investigación tendentes a integrar la carpeta de investigación número + interpuesta por la parte quejosa". Así, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso en realidad reclama: Al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Investigación del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, Puebla: La omisión de no iniciar la carpeta de investigación respectiva; y La omisión de no realizar los actos de investigación necesarios, para poder integrar la carpeta de investigación. Al respecto, en la demanda de amparo, el quejoso señala lo siguiente: 1. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, presentó formal querella contra las personas que señala en su demanda, por los posibles hechos que pudieran considerarse como delitos. 2. Con motivo de lo anterior, se radicó la carpeta de investigación , en el cual tiene la calidad de víctima. 3. Sin que a la fecha -según el quejoso-, se hayan realizado actos de investigación correspondientes, para integrar la carpeta de investigación. De lo anterior se desprende que con motivo de la querella presentada por el quejoso, la autoridad señalada como responsable dio inicio a la carpeta de investigación + Por ende, las omisiones combatidas en la demanda, están relacionadas directamente con la carpeta de investigación de marras, por la supuestas omisiones de no "iniciar la carpeta de investigación" respectiva y de no realizar los actos de investigación necesarios para su integración permiten visualizar desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque dichas omisiones relacionadas con el inicio e integración de la carpeta de investigación - iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,4 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". La citada jurisprudencia, ha dejado establecido que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, relacionadas directamente con su función indagatoria, entre ellas, desde luego el dar inicio a una investigación, deben ser combatidas a través del medio ordinario de defensa ya señalado. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de las responsables, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las supuestas omisiones atribuidas a la responsable, que convergen a la carpeta de investigación de origen, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de delito. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por el quejoso a la autoridad responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". No resulta óbice a lo anterior el criterio aislado citado por el quejoso en su escrito inicial se rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIAR UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SIN QUE PREVIAMENTE SEA NECESARIO INTERPONER EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", 2. Aun en el supuesto de considerar el acto como fue señalado en la demanda, esto es, la omisión de dar inicio a la carpeta de investigación y otro, es criterio de los Tribunales Colegiados de este circuito, que previo a acudir al juicio de amparo, se debe agotar el medio ordinario de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, al resolver el recurso de queja 62/2022 el Primer Tribunal Colegiado de este sexto circuito, consideró que la omisión de no iniciar una indagatoria a que se refiere la tesis invocada por el quejoso, se aparta de las consideraciones contenidas en la jurisprudencia 1ª./J 28/2018 (10ª), motivo por el cual no debe estimarse aplicable. Dichas consideraciones son del siguiente contenido: "En segundo orden, tampoco asiste razón al recurrente cuando afirma que la omisión de no iniciar una indagatoria corresponde a una distinta a las que deben ser controladas por el citado medio de impugnación ordinario, porque sostiene, la carpeta de investigación ni siquiera ha iniciado. Para evidenciar lo infundado de ese argumento basta con indicar el contenido del artículo 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, ." El dispositivo antes transcrito es claro en indicar que la investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente, por lo tanto, contrario a la pretensión del quejoso, la investigación no inicia con su radicación, sino que basta que se presente la denuncia o el equivalente para que ellos suceda, de ahí que, se entienda que la omisión de no realizar esa actuación específica (radicar o iniciar una carpeta de investigación) es una omisión que impacta directamente en las funciones investigativas del ministerio público y que por tanto, deba agotarse el medio de impugnación ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Así es, tal y como lo afirmó la jueza federal en el auto combatido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J 28/2018 (10ª), y que más adelante se transcribirá, de rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO"; ha dejado establecido que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, relacionadas directamente con su función indagatoria, entre ellas, desde luego el dar inicio a una investigación deben ser combatidas a través del medio ordinario de defensa señalado; de ahí que resulte infundado su argumento. Por lo anterior, el criterio citado en los agravios, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIAR UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SIN QUE PREVIAMENTE SEA NECESARIO INTERPONER EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", además de no ser vinculante para este Tribunal, por provenir de un cuerpo colegiado de igual jerarquía, se aparta de las consideraciones contenidas en la jurisprudencia 1ª./J 28/2018, antes citada, por lo cual, se estima aplicable". Lo subrayado es propio. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las supuestas omisiones atribuidas a la responsable -por las omisiones de no iniciar una carpeta de investigación respectiva, y de no realizar los actos de investigación necesarios, para su integración-, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación... Domicilio procesal, expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitada -también el acceso al expediente electrónico-. Además, el nombre de usuario proporcionado por aquél, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario + También, se autoriza únicamente para la consulta del expediente electrónico, y no para recibir notificaciones, al diverso usuario + , pues sólo se puede considerar uno para esos efectos. Así, queda descartado el inmueble señalado por la parte quejosa como domicilio procesal, dado que al haber optado por la notificación electrónica, sólo puede considerarse esta vía de notificación (la electrónica). Por otro lado, quedan autorizadas en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, Antonio Guzmán Díaz y Sergio Anaya Méndez, pues sus cédulas profesionales, se encuentran registradas ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En cambio, se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las personas restantes designadas por aquél en el escrito de demanda, porque sólo las designó para recibir notificaciones y, por ende, no les otorgó facultades amplias... Notifíquese electrónicamente.

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