Javier López González

Expediente 219/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
219/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Javier López González

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 219/2022-IX Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Diverso órgano se avoca al estudio del asunto. Se agrega al presente expediente, el oficio con evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, por el cual informa que el titular de ese órgano continuara con el trámite de la demanda de amparo origen de su expediente 29/2022 y su acumulado 31/2022, en virtud de que este órgano judicial rechazó la competencia legal que le fue declinada; y acusa recibo del citado sumario promovido por los quejosos ***, así como de los cuadernos incidentales correspondientes. Anotaciones internas. En tales condiciones, se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se rechazó la competencia declinada por la hipótesis de territorio. Resguardo del expediente (archivo). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente, y éste continuará la sustanciación del asunto. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo a través del defensor que le haya sido asignado. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declinó la competencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 219/2022-IX. En ocho de marzo de dos mil veintidós No se acepta la competencia declinada. De manera respetuosa se hace saber al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa que, el análisis de las constancias remitidas conducen a esta jueza federal a no aceptar la competencia planteada, pues no se comparte el criterio adoptado, en atención a las razones jurídicas que a continuación se exponen. Del lugar de la ejecución del acto reclamado. En primer término, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece..... Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se deduce que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda, de lo contrario, es decir, si el acto impugnado requiere de ejecución material, el juez competente será el del sitio en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado. En el caso en particular, del contenido de las demandas de amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de aprehensión girada dentro de la causa penal ***, así como su ejecución, la cual atribuyó en calidad de ordenadora al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con residencia en esta ciudad de Puebla, y en su carácter de ejecutoras al Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; al Director General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas; y a la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Asimismo, de su escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa refirió -bajo protesta de decir verdad- que el mandato de captura trató de ejecutarse en sus domicilios ubicados en andador nueve, manzana ocho, casa ochenta y seis, fraccionamiento San Pedro, y avenida Infonavit Grijalva, segunda sección, manzana doce, zona tres, casa cinco, ambos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, acorde a lo expuesto en líneas anteriores, se considera que cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, la competencia se surtirá en favor del Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que se surta la regla en mención, puesto que la orden de aprehensión reclamada, trató de ejecutarse en un territorio distinto al en que este Juzgado federal tiene jurisdicción, esto es, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además, se señalaron autoridades responsables con residencia en ambas jurisdicciones. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.... Del momento procesal en que debe declinarse la competencia. Al respecto, el artículo 48, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 48 De la disposición transcrita, se desprende la facultad del Juez de Distrito para declarar que carece de competencia legal respecto de una demanda, sin decidir sobre la admisión ni la suspensión de los actos reclamados, salvo que correspondan a los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Esa facultad también puede ejercerse en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto, porque si las constancias recabadas para integrar la controversia, revelan datos concomitantes a las aristas por las cuales surge la incompetencia legal, el Juez de Distrito estará en condiciones de declinar la competencia al dictar la sentencia de la audiencia constitucional, y ordenar la remisión del expediente de tutela al órgano correspondiente por territorio, materia, vía, grado, entre otras aristas. Pero el ejercicio de la mencionada facultad, en opinión de esta Juzgadora, obliga a que se identifique con exactitud al órgano que asiste la competencia legal, porque al tratarse de un presupuesto procesal indispensable para la validez de lo resuelto en el juicio de amparo, debe realizarse un análisis de todas los elementos objetivos de competencia, como son el grado, la materia y el territorio. En otras palabras, la declinación de competencia del juicio de amparo indirecto, debe tener el respaldo de un análisis que esclarezca sin resquicio de duda cuál es el órgano de amparo competente para resolver la controversia, desde todas las aristas que surjan de las constancias recabadas en el trámite. Sobre todo, porque el numeral 48 de la Ley de Amparo, no tiene previsiones legislativas que permitan declinar la competencia legal, durante el trámite del juicio de amparo si ya se ha admitido, como en el caso ocurre, ya que no se cuenta con toda la información necesaria para declinar la competencia, pues deben examinarse todas las circunstancias que derivan de las constancias, pues ello implicaría que el Juez de Distrito a quien se turnara el juicio de amparo indirecto, se viera enfrentado a analizar las demás cuestiones de competencia que surgieran de las constancias, para determinar el órgano al cual, efectivamente, asistiera la competencia legal para resolver la controversia. Lo cual, se insiste, no está previsto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, razón por la cual es válido afirmar lo siguiente: el Juez de Distrito únicamente podrá declinar la competencia en dos momentos procesales: al pronunciarse sobre la radicación de la demanda o al dictar la sentencia de la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto. Así es, de no hacerlo al recibir la demanda, entonces,ha de pronunciarse sobre ese aspecto en la audiencia constitucional pero no durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, pues debe examinar todas los elementos que integran el presupuesto procesal de incompetencia que surjan de las constancias recabadas en el trámite, para identificar con exactitud al órgano en el cual se actualice el presupuesto procesal de competencia, a fin de que éste continúe el dictado de la sentencia y resuelva la controversia. Así, el Juez de Distrito que reciba el juicio de amparo indirecto con la audiencia constitucional desahogada hasta la fase de sentencia, podrá decidir de plano si acepta o no el conocimiento del asunto, como lo regula el mencionado artículo 48... De lo contrario, se devolverá el juicio de amparo indirecto al órgano que declinó la competencia, en la sentencia de la audiencia constitucional, para que éste resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su competencia legal, como también se desprende del artículo 48 de la Ley de Amparo. En concordancia con lo anterior, debe indicarse que la revisión efectuada al juicio de amparo indirecto 29/2022-II y su acumulado 31/2022-II del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, evidencia que, si bien es cierto dos de las tres autoridades señaladas como ejecutoras con residencia en esa entidad federativa, negaron el acto reclamado y los quejosos aún no desvirtúan tal negativa; también lo es que para declarar la incompetencia por esa circunstancia, el juez de Distrito debe desarrollar totalmente la audiencia constitucional y sólo abstenerse del dictado de la sentencia, lo cual no aconteció en este caso, pues incluso se dejó sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrarla. Sustenta lo anterior la jurisprudencia "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. . Ello es así porque acorde a la naturaleza del juicio de amparo indirecto, el momento procesal del juicio en el que pudieran impugnarse los informes justificados y desvirtuarse la negativa de las autoridades responsable ejecutoras, es precisamente la audiencia constitucional. De ahí que sea menester que el juez de distrito desarrolle totalmente esa audiencia constitucional, para constatar que en efecto se actualice la inexistencia por parte de las autoridades responsables.Sustenta lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CUANDO POR NO HABERSE DESAHOGADO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SE HAN IMPUGNADO LOS INFORMES JUSTIFICADOS Y, POR TANTO, NO HA DESAPARECIDO LA POSIBILIDAD DE QUE SE EJECUTE EN MÁS DE UN DISTRITO. EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTE LA DEMANDA ...De ahí que, el hecho de que las autoridades responsables ejecutoras con residencia en Chiapas, hayan negado la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión y que los peticionarios del amparo aun no hayan desvirtuado esa negativa, en el momento procesal en que se actúa, es insuficiente para que el juzgado oficiante se declare incompetente por razón de territorio, pues ello lo debió hacer en audiencia constitucional para darle oportunidad a los quejosos de desvirtuar dicha negativa y no en auto. Por tanto, con los elementos aportados en las propias demandas, se estima que en este momento este juzgado no tiene competencia legal y el órgano que debe conocer es el que previno en el conocimiento, esto es, ante el que se presentaron inicialmente, pues estimar lo contrario en este momento podría repercutir en el ejercicio de su defensa y acceso a la justicia. Por consiguiente, esta Juzgadora rechaza la competencia legal declinada, pues las constancias del juicio de amparo indirecto, contienen suficientes datos para visualizar que el territorio situaría la aptitud legal en el Juzgado que pretende declinar la competencia. Sólo que esta Jueza de Distrito no puede examinar ese presupuesto procesal, concomitante a la competencia, porque se carece de una norma habilitante para realizar ese análisis, dado que el artículo 48 de la Ley de Amparo, como se explicó en párrafos precedentes, sólo permite al Juez de Distrito que recibe un juicio de amparo por declinación de competencia, decidir de plano si la acepta o no y de inmediato comunicarlo al órgano declinante. En otras palabras, la regulación prevista en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no permite realizar un segundo análisis de competencia para identificar al órgano que deba resolver la controversia. Más aún, de realizar ese segundo análisis, se desatendería el contenido del invocado numeral 48, porque en lugar de decidir si se acepta o no la competencia declinada, se examinarían las constancias del juicio de amparo indirecto 29/2022-II y su acumulado 31/2022-II, para decidir si el elemento consistente en el territorio sitúa la aptitud legal en un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas. Lo cual, se insiste, no está previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, dado que este carece de previsiones legislativas para realizar un segundo análisis de competencia, con el cual pudiera un Juez de Distrito remitir a otro, el juicio de amparo que hubiera recibido por declinación de competencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena girar inmediatamente atento y respetuoso oficio vía interconexión y a través del servicio de mensajería acelerada (estafeta) al juez declinante, a fin de hacer de su conocimiento que este operador jurídico no acepta la competencia legal planteada, en atención a los razonamientos expuestos con antelación. Por ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvansele por el referido servicio de mensajería acelerada (estafeta) también los autos remitidos, solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo (vía interconexión). De igual modo, se solicita de manera atenta y respetuosa al juez oficiante se sirva comunicar a este juzgado federal si insiste en declinar su competencia y, en su caso, si remitió el asunto al conflicto competencial que corresponda. Notifíquese; por oficio al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa; y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano