Javier Martínez Palacios
Expediente 1952/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1952/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2019
Partes del expediente
- Javier Martínez Palacios
- Juez Noveno de lo Familiar del primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario Auxiliar de la Comisión de Carrera Policial Honor y Justicia de Zapotlanejo, Jalisco, por medio del cual, en atención con lo requerido por este juzgado en acuerdo de cinco de noviembre pasado, informa que a la fecha el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no ha dado respuesta a lo solicitado mediante comunicado DJ-211/2019 de su índice, necesario para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acredita haberle entregado un nuevo oficio para tal efecto. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como a la responsable Secretario Auxiliar de la Comisión de Carrera Policial Honor y Justicia de Zapotlanejo, Jalisco, para que realicen lo siguiente: Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco: Dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, atienda lo solicitado en el oficio DJ-290/2019 de cuatro de diciembre pasado, que le fue enviado por el Síndico Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, y en consecuencia, proporcione a la autoridad en cita la información solicitada a fin de que se encuentre en aptitud de cumplir con lo requerido por este órgano jurisdiccional. Para lo cual se le remite copia simple del ocurso mencionado. Secretario Auxiliar de la Comisión de Carrera Policial Honor y Justicia de Zapotlanejo, Jalisco: Dentro del término de diez días siguientes a la fecha en que el referido Instituto cumpla con el punto anterior, exhiba el comprobante con el que acredite haber realizado el pago de las aportaciones del quejoso Eloy Alejandro Ríos Bucio, al citado Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciocho. En el entendido de que los plazos concedidos se establecen en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a las autoridades que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, no hubiese sido señalada como autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, para lograr el estricto cumplimiento de la sentencia de amparo aquí dictada, todas aquellas autoridades que en razón de sus funciones tengan a su cargo la realización de algún trámite para ello, quedan constreñidas a ejecutar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, dentro de los límites de su competencia.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 09 de octubre de 2019, el cual dice: Diversa autoridad proporciona información. En esas condiciones, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días cumpla con lo que se indica, bajo apercibimiento de ley. Toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; se requiere a la autoridad indicada en autos para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO HA CAUSADO EJECUTORIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE Y NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ÉSTE SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido.
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