Javier Luna García

Expediente 14/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
14/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Javier Luna García
  • Agente del Ministerio Público adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, cabe precisar que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, por lo tanto, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por Silvia Ramos Castellanos, quejosa en el presente juicio de amparo, por medio del cual manifiesta que es su deseo ampliar la demanda inicial, por los motivos, actos y autoridades que precisa en el escrito de mérito. A lo que se provee: Ahora bien, con fundamento en los artículos 111, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente AMPLIACIÓN DE DEMANDA, respecto de los actos y por la autoridad que precisa. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO RESPECTO A LA AMPLIACIÓN Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación relativo a la presente ampliación, que deberá rendir dentro del término de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la materia , se les impondrá una multa de cien unidades diarias de medidas y actualización. Asimismo, debe señalarse que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, y acompañar en su caso, copias certificadas de las constancias que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional, o de no ser posible, manifiesten el impedimento legal que tengan para remitirlas. Se les envía copia simple de la ampliación de demanda, en el oficio que al efecto se les gire. Tiene aplicación el criterio apoyado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito , que establece: "INFORME JUSTIFICADO. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO LAS COPIAS QUE SE ACOMPAÑAN SON ILEGIBLES. Si algunas de las constancias que remitió la autoridad responsable al Juez de Distrito como justificación de su informe son ilegibles, y éstas son esenciales para la resolución del asunto, es obligación del juzgador requerir nuevamente el envío de esas constancias, a fin de estar en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues es indispensable que el órgano de control constitucional tenga a su alcance los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada. La omisión de esta obligación por parte del Juez de amparo trae consigo una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, por lo que se debe ordenar la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación, el trámite de la presente ampliación de demanda por medio de lista. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento de las partes que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. PRUEBAS Ahora bien, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su naturaleza, las pruebas documentales que anexa a su escrito de ampliación de demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se tomarán en cuenta al resolver el presente asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibidos los telegramas enviados por la Directora General Adjunta a la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual solicita copias de diversas constancias, ahora bien, en relación a lo que solicita se hace de su conocimiento que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado, toda vez que dichas constancias no obran dentro del presente sumario. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de la perito oficial ***, mediante el cual en primer término, informa los avances de los trabajos técnicos que está llevando a cabo junto con su equipo de trabajo, con motivo del dictamen pericial que le fue encomendado en autos; por otra parte, solicita que se facilite el acceso a ella y a su equipo de trabajo a las inmediaciones de la presa del "Zapotillo", a efecto de poder rendir su respectiva opinión técnica. En esas condiciones, se autoriza a la diestra Ma. Alejandra Aguilar Ros, así como a Paulina Ultreras Villagrana y Daniel Fernando Vázquez Sosa, para que lleven a cabo las gestiones que sean necesarias con el objeto de emitir el dictamen pericial de que se trata, incluyendo desde luego, los trabajos de campo y las visitas a los lugares que sean necesarios para tal fin. En el entendido que, de existir alguna imposibilidad o impedimento para tal fin, lo hagan del conocimiento de este Juzgado Federal. Por otra parte, en atención a lo que solicita, se concede a la citada perito una prórroga de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la presente notificación a efecto de que emita su opinión técnica correspondiente, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que esté en aptitud de emitir su opinión técnica. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa según lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, que consiste en cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional), tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización es por $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el uno de febrero siguiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la perito oficial el que señala en el escrito de cuenta, por encontrarse ubicado en esta zona metropolitana.

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