Javier Martínez Cedillo y Otros.

Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1132/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Javier Martínez Cedillo y Otros.
  • Javier Martínez Cedillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, y del estado procesal del presente juicio, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 20, fracción IV, de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 20 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, en términos del artículo 34 del acuerdo aludido, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria por disposicio´n expresa del numeral 2, pa´rrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite testimonio de la ejecutoria de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial 14/2023 de su índice, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Existe conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Ampro Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. SEGUNDO. Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier Martínez Cedillo, Norma González Becerra y Elizabeth Martínez González, por propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultado primero de esta ejecutoria. TERCERO. Remítanse los autos y el testimonio de la presente resolución al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que se avoque a su conocimiento; comuníquese el resultado de esta ejecutoria al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; dese aviso de esta resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y envíese el archivo de la misma a la cuenta de correo sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx o el que corresponda para los efectos conducentes". Atento a lo anterior, acu´sese recibo de estilo al Tribunal de Alzada y, ha´ganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, tal y como se precisó en proveído de veinticinco de julio del año en curso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: 1. El acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, el cual se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días, realizara la entrega de la escritura pública relativa al bien inmueble rematado en dicho juicio. 2. El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que realice la entrega voluntaria a Fernando Horacio Orendain Carrillo del bien inmueble ubicado en calle prolongación dieciséis de septiembre, sin número, colonia la mesita, municipio de Huauchinango, Puebla. 3. El acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días, realizara la entrega de la escritura pública relativa al inmueble adjudicado en favor del actor en dicho juicio, respecto el bien inmueble ubicado en calle prolongación dieciséis de septiembre, sin número, colonia la mesita, municipio de Huauchinango, Puebla. 4. La ejecución del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que realice la entrega voluntaria a Fernando Horacio Orendain Carrillo del bien inmueble ubicado en calle prolongación dieciséis de septiembre, sin número, colonia la mesita, municipio de Huauchinango, Puebla, atribuida al diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito judicial de Huauchinango, Puebla. En esas condiciones, se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, se obtiene que las determinaciones reclamadas no constituyen la última resolución dentro del procedimiento de ejecución respectivo. Así las cosas, es menester precisar, que por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente cumplida la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Lo anterior, sin que pase desapercibido que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que los quejosos, realizan manifestaciones relativas a que no han sido llamados al juicio de origen, sin embargo, no son terceros extraños a éste, tal y como lo refirió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el punto número treinta y nueve de la resolución dictada en el conflicto competencial 14/2023, de su índice, al precisar: "39. Por otro lado, se considera inaplicable la tesis invocada por el órgano jurisdiccional con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla, ya que en el caso los quejosos no se ostentan como terceros extraños al juicio de origen ni reclamaron el emplazamiento que se realizó en dicho proceso, sino que únicamente refirieron desconocer las actuaciones del juicio, pero por falta de comunicación con su abogado, no porque no hubieran sido emplazados, de modo que no se ostentan como terceros extraños al juicio de origen". En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el referido artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de la materia.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria por disposicio´n expresa del numeral 2, pa´rrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite testimonio de la ejecutoria de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial 14/2023 de su índice, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Existe conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Ampro Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. SEGUNDO. Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier Martínez Cedillo, Norma González Becerra y Elizabeth Martínez González, por propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultado primero de esta ejecutoria. TERCERO. Remítanse los autos y el testimonio de la presente resolución al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que se avoque a su conocimiento; comuníquese el resultado de esta ejecutoria al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; dese aviso de esta resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y envíese el archivo de la misma a la cuenta de correo sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx o el que corresponda para los efectos conducentes". Atento a lo anterior, acu´sese recibo de estilo al Tribunal de Alzada y, ha´ganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, tal y como se precisó en proveído de veinticinco de julio del año en curso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: 1. El acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, el cual se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días, realizara la entrega de la escritura pública relativa al bien inmueble rematado en dicho juicio. 2. El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que realice la entrega voluntaria a Fernando Horacio Orendain Carrillo del bien inmueble ubicado en calle prolongación dieciséis de septiembre, sin número, colonia la mesita, municipio de Huauchinango, Puebla. 3. El acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que en el término de tres días, realizara la entrega de la escritura pública relativa al inmueble adjudicado en favor del actor en dicho juicio, respecto el bien inmueble ubicado en calle prolongación dieciséis de septiembre, sin número, colonia la mesita, municipio de Huauchinango, Puebla. 4. La ejecución del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2010-II-A, mediante el cual, se requirió a la parte quejosa, para que realice la entrega voluntaria a Fernando Horacio Orendain Carrillo del bien inmueble ubicado en calle prolongación dieciséis de septiembre, sin número, colonia la mesita, municipio de Huauchinango, Puebla, atribuida al diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito judicial de Huauchinango, Puebla. En esas condiciones, se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, se obtiene que las determinaciones reclamadas no constituyen la última resolución dentro del procedimiento de ejecución respectivo. Así las cosas, es menester precisar, que por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente cumplida la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Lo anterior, sin que pase desapercibido que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que los quejosos, realizan manifestaciones relativas a que no han sido llamados al juicio de origen, sin embargo, no son terceros extraños a éste, tal y como lo refirió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el punto número treinta y nueve de la resolución dictada en el conflicto competencial 14/2023, de su índice, al precisar: "39. Por otro lado, se considera inaplicable la tesis invocada por el órgano jurisdiccional con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla, ya que en el caso los quejosos no se ostentan como terceros extraños al juicio de origen ni reclamaron el emplazamiento que se realizó en dicho proceso, sino que únicamente refirieron desconocer las actuaciones del juicio, pero por falta de comunicación con su abogado, no porque no hubieran sido emplazados, de modo que no se ostentan como terceros extraños al juicio de origen". En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el referido artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de la materia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, acusa recibo de la misiva 22785/2023 de este índice, por la que se le remitieron las constancias respectivas a fin de substanciar el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, e informa que admitió a trámite el mismo, siendo registrado como conflicto competencial 14/2023 de ese índice; circunstancia de la que se toma conocimiento. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2389/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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