Javier Hernández Hernández
Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Javier Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LISTA AL QUEJOSO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por por propio derecho, contra actos del Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 916/2021-VII. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Y en ese sentido, debe puntualizarse que el quejoso quien pretende ostentarse como tercero extraño a juicio, en el escrito inicial de demanda que se atiende, se duele del siguiente acto reclamado: La orden de colocación de carpeta asfáltica dentro del bien inmueble denominada "LA CHINAMPA" ubicado en Avenida Lerma, con carretera Toluca México, Lerma, Estado de México, sin antes haber pagado al quejoso la indemnización correspondiente, en atención a la suscripción del "ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA OCUPACIÓN POR UTILIDAD PÚBLICA DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO PROPIEDAD DEL C. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONTINUACIÓN DE LA CALZADA LATERAL SUR DE LA AV. LAS TORRES AL ENTRONQUE EL LLANITO Y ADECUACIONES DE LA CALZADA LATERAL DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE LERMA Y OCOYOACAC". En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Además, es necesario destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. De las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. En el caso el acto que aquí se reclama no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar cabalmente los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Por consiguiente, en virtud de que dicha resolución, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, debió acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de promover el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señalan: "Artículo 139. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal". "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales". Atento a lo anterior, de los numerales relativos al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se advierte que el Juicio Contencioso Administrativo, procede, entre otros, contra resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, en términos de la legislación aplicable. Por consiguiente, en virtud de que dicha resolución, constituye un acto de carácter administrativo emanado de una autoridad administrativa, dentro de un procedimiento administrativo; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tales circunstancias, se tiene por demostrado que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en el caso particular se reclama en esencia, la orden de colocación de carpeta asfáltica dentro del bien inmueble denominada "la chinampa" ubicado en avenida Lerma, con carretera Toluca México, Lerma, Estado de México, sin antes haber pagado al quejoso la indemnización correspondiente, en atención a la suscripción del acuerdo de voluntades para la ocupación por utilidad pública de una fracción de terreno propiedad de Javier Hernández Hernández, para la construcción de la obra denominada "Continuación de la Calzada Lateral Sur de la Avenida las Torres al entronque el Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México-Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac". Consecuentemente, en contra de esa determinación resulta procedente el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Administrativo correspondiente del Estado de México, en términos de los artículos 139, y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción que al efecto establece la Ley de Amparo, toda vez que tanto en el artículo 194 como en la Sección Cuarta del Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regula la institución jurídica de la suspensión del acto impugnado, no se advierte que los mismos exijan mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; pues si bien es cierto, el quejoso hace valer como acto reclamado la colocación de carpeta asfáltica dentro de un inmueble de su propiedad sin previa indemnización por parte del estado, también lo es que, el quejoso puede obtener la medida cautelar solicitada en la instancia constitucional, dentro del procedimiento administrativo, circunstancia que hace que, previo a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Aspectos jurídicos por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto que aquí reclama la parte quejosa, procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Administrativo correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 del Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 8, Libro 55, del Tomo I, Junio de 2018, Décima época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Javier Hernández Hernández, por propio derecho. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su ocurso inicial de amparo para tales efectos; asimismo, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Nava Jiménez, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Luego, tocante a los correos electrónicos ofertados, se tiene únicamente como contacto de la parte quejosa, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Asimismo, como lo solicita el promovente, a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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