Javier MartìNez Alvarez

Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
438/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Javier MartìNez Alvarez
  • ValentìN Espinosa PèRez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición del apoderado legal de los quejosos dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que lo recoja; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ...

  2. Principal

    ... EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición del apoderado legal de los quejosos dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que lo recoja; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 438/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Javier Martínez Alvarez, por conducto de su apoderado Javier Cárdenas Acosta, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Director Local de la Comisión Nacional del Agua. Actos reclamados: La omisión de Expedir y Entregar el título de concesión de agua debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua con el sello de inscripción, fecha de inscripción, hoja de inscripción, hoja de registro, tomo en el cual haya quedado inscrito, foja y número de registro a nombre de mi poderdante JAVIER MARTÍNEZ ALVAREZ que mediante solicitud de fecha 05 de febrero de 2019 solicitó ante la Dirección Local de la Comisión Federal del Agua en Guadalupe, Zacatecas, asignándole el número de solicitud ZAC-L-0277-05-02-19. La omisión de dar respuesta a mi poderdante JAVIER MARTÍNEZ ALVAREZ, a la petición de fecha 17 de Diciembre de 2019 que mediante solicitud de ZAC-L-2421-17-12-19 consistente en la modificación de las condiciones técnicas de títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales. Actos que, a su parecer, resultan violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. En proveído de once de septiembre de dos mil veinte se ordenó registrar la demanda con el expediente 438/2020 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclaman derechos de petición de una autoridad residente en este Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: La omisión de expedir y entregar el título de concesión de agua debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua con el sello de inscripción, fecha de inscripción, hoja de inscripción, hoja de registro, así como el tomo en el que haya quedado inscrito, foja y número de registro a nombre de JAVIER MARTÍNEZ ALVAREZ solicitud realizada el cinco de febrero de dos mil diecinueve, solicitud número ZAC-L-0277-05-02-19. La omisión de dar respuesta a JAVIER MARTÍNEZ ALVAREZ, a la petición de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante solicitud ZAC-L-2421-17-12-19 consistente en la modificación de las condiciones técnicas de títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales. La precisión de los actos reclamados se hace sin tomar en cuenta los calificativos que sobre los mismos vierte la parte quejosa, dado que constituyen conceptos de violación, que en su caso, de resultar procedente el juicio de garantías, se analizaran como tal. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Apoya esa conclusión la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. Bajo esa tesitura, de un estudio realizado a las constancias obrantes en el sumario de amparo, se considera que en relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo al haber dado contestación, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con el citado precepto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; esto es, dejen de afectarse los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es oportuno citar el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Javier Martínez Alvarez, por conducto de su apoderado Javier Cárdenas Acosta, se duele por parte de la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua, la omisión de expedir y entregar el título de concesión de agua debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua con el sello de inscripción, fecha de inscripción, hoja de inscripción, hoja de registro, tomo en el cual haya quedado inscrito, foja y número de registro a su nombre que mediante solicitud de cinco de febrero de dos mil diecinueve solicitó ante la Dirección Local de la Comisión Federal del Agua en Guadalupe, Zacatecas, asignándole el número de solicitud ZAC-L-0277-05-02-19. Así como la omisión de dar respuesta a la petición de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve que mediante solicitud de ZAC-L-2421-17-12-19 consistente en la modificación de las condiciones técnicas de títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales. Ahora bien, por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, asimismo, por diverso proveído de seis de noviembre del mismo año se tuvo por recibido oficio de la responsable al cual anexó copia certificada del oficio B00.932.01.-2492/3587, de veintidós de septiembre de esa anualidad, por medio del cual se advierte que dio cabal contestación a las solicitudes de fechas cinco de febrero y diecisiete de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, mediante los cuales solicitó prórroga de títulos de concesión, asignación y/o permisos de descarga de aguas residuales y modificación por reposición planteada por el quejoso; resolviendo procedentes las peticiones realizadas por el quejoso. Resolución que le fue notificada al quejoso por conducto de su representante Javier Cárdenas Acosta, de acuerdo al acta relativa de veintiocho de octubre de dos mil veinte, suscrita por notificador de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, Alberto Ramírez Herrera. Documentales públicas a la cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de una reproducción autentificada por un funcionario dotado de fe pública. Por tanto, resulta evidente que en la especie cesaron los efectos de la omisión reclamada, toda vez que al dar contestación la autoridad responsable a las peticiones que le formuló el amparista en fechas cinco de febrero y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ésta desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la omisión no hubiese invadido la esfera jurídica del quejoso; o bien, habiéndola irrumpido, no dejó ninguna huella, al obtener finalmente la parte quejosa la satisfacción al derecho infringido por la autoridad responsable, con la respuesta que dio la autoridad responsable Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas. En las condiciones apuntadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que amerita sobreseer en el juicio de amparo promovido de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la legislación en consulta, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada. En ese contexto, no se analizan los conceptos de violación, porque el sentido de mérito releva a este juzgado federal de su estudio, conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido Javier Martínez Alvarez, por conducto de su apoderado Javier Cárdenas Acosta, contra los actos reclamados a la directora Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Zacatecas, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Jgt

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la promoción de cuenta, signada por Jaime Cárdenas Acosta, autorizado de la parte quejosa, mediante la cual hace del conocimiento de este juzgado que el veintiocho de octubre del presente año la autoridad responsable le entregó personalmente el título de concesión de agua mediante notificación del oficio B00.932.01.-2492/3587 de veintidós de septiembre de dos mil veinte con sus respectivas modificaciones técnicas, y manifiesta que ha dejado de subsistir el acto reclamado, y solicita el sobreseimiento del presente juicio de garantías. En atención a lo anterior, y a fin de resolver lo que en derecho corresponda, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que dentro del término de tres días remita copia certificada de las constancias que hace referencia el quejoso; bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, en atención a que dentro del juicio de amparo en que se actúa ya se celebró la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Por último, fórmese cuaderno de antecedentes en el que se ordena agregar la promoción de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

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