Javier Machuca Campos

Expediente 1060/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1060/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2016

Partes del expediente

  • Javier Machuca Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: LA LICENCIADA REBECA ISABEL MEDINA BECERRA, SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. ZACATECAS, ZACATECAS A UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. LIC. REBECA ISABEL MEDINA BECERRA. El uno de marzo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez, con el oficio registrado con el número 4255 y anexos que se acompañan, así como con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, hágase del conocimiento de las partes que mediante mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada Isaura Romero Mena, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión administrativo número 373/2015-1, los autos del juicio de amparo indirecto 1060/2015, y un cuaderno de pruebas, acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución dictada por este Juzgado en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívense el presente expediente como asunto concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que tanto el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al expediente 394/2014-II, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- Doy fe. Jessy* RAZÓN.- ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DEL ACUERDO DE UNO DEMARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1060/2015.- CONSTE.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a tres de noviembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, de cuyo contenido se advierte que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por Eduardo Martínez Carreto, en su carácter de representante legal del quejoso Javier Machuca Campos, en contra de la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, dictada por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cual quedó registrado bajo el Amparo en Revisión Administrativo 373/2015-1. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciadoJorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por EDUARDO MARTINEZ CARRETO, en carácter de quejoso, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil quince, por la que se resolvió el presente juicio de garantías; y adjunta el escrito de expresión de agravios correspondiente; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de cuenta, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Órgano Colegiado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO, MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AL TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *FHuizar

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1060/2015; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el quince de junio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y remitida en su oportunidad al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS: El H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y sus municipios de Zacatecas, Zac., quien tiene su domicilio bien conocido en este misma capital. "4. ACTO RECLAMADO. La improcedente Resolución de fecha diez de abril del año dos mil quince, emitida por la ordenadora en contra del suscrito por medio de la cual se pretende dar por cumplimentada ilegalmente la sentencia de fecha 24 de noviembre del año dos mil catorce, dictada por esa propia autoridad dentro de los autos del juicio de nulidad marcado con el número 394/2014-II, promovido por el quejoso en contra del tercero interesado." SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contemplados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintidós de junio de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 1060/2015; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en: La resolución de diez de abril del año dos mil quince, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, por el cual tuvo por cumplida la sentencia de veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, dictada por esa propia autoridad dentro de los autos del juicio de nulidad marcado con el número 394/2014-II promovido por el quejoso en contra del tercero interesado. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II.2.1. Certeza: La autoridad responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó los actos que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". Ahora bien, a manera de precisión es importante señalar, que la presente demanda de garantías sí fue presentada oportunamente, toda vez que si bien es verdad que la misma fue presentada ante la autoridad responsable como amparo directo no existen elementos que permitan demostrar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda ante la responsable en el caso sí interrumpe el plazo para la promoción del juicio de amparo, ello en virtud de que dicho error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa. Es aplicable a contrario sensu el jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa en el capítulo conceptos de violación expresó lo siguiente: a). Que la responsable viola en perjuicio de su representado la garantía de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se le pretende privar de los derechos de explotar la concesión marcada con el número 0269, otorgada por el Ejecutivo del Estado, en mil novecientos noventa y ocho, para la explotación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de taxi, al manifestar la autoridad responsable en el acto reclamado que la autoridad demandada da cumplimiento con los efectos de la sentencia al cancelar el oficio motivo del juicio administrativo de nulidad de donde emana el acto reclamado. Que el artículo 78 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, establece que: "De ser fundada la demanda, la sentencia dejará sin efecto el acto o resolución impugnados y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos que hubieren sido indebidamente afectados, en los términos que establezca la sentencia" Que sin embargo, al remontarse al inicio del litigio el oficio que ordenó la cancelación mediante la sentencia definitiva, deriva de una solicitud hecha por el quejoso como apoderado del concesionario y que consistía en que se le permitiera la regularización o pagos de tarjetón de la concesión citada atendiendo a los considerandos de la sentencia y en ningún momento se le están otorgando o restituyendo a su poderdante sus derechos, esto es, no se le está dando la autorización o pagos del tarjetón de la concesión 0269. Que el hecho de que la autoridad responsable haya tenido por cumplida la sentencia se le deja al quejoso en completo estado de indefensión b) Que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, con lo cual se le priva de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio. IV.2. Antecedentes del acto reclamado: para una mejor comprensión del asunto y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan de los medios preparatorios a juicio de nulidad número 394/2014, que en esencia son: a) JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, promovió juicio de nulidad contra el oficio D.T.T. Y V./1511/2014 de cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por el Comandante Agustín Jaime Ortiz Arellano, Director de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas (fojas 1 a 7). b) Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil catorce, la autoridad responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, previo cumplimiento por el actor a una prevención que le fue realizada, admitió a trámite la demanda de nulidad (foja 16). c) Seguido el juicio por sus etapas legales correspondientes, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en la cual se determinó (fojas 40 a 45): "PRIMERO. Se declara la nulidad del el oficio D.T.T. y V./1511/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, por las razones y fundamentos que en el considerando quinto de esta sentencia se establecen. SEGUNDO. Se previene a la autoridad Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, para que en un término no mayor de quince días contados a partir de aquel al en que surta efectos la notificación de la presente, le dé cumplimiento en términos de lo señalado en el considerando sexto de esta sentencia, de lo cual tendrá que informar a este tribunal." d). Mediante proveído de doce de enero de dos mil quince, la autoridad responsable causó ejecutoria la sentencia antes citada y ordenó requerir a la autoridad demandada Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado por el cumplimiento de la misma (foja 52). e) Mediante oficio sin número (fojas 77 a 79), la autoridad demandada Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de mayo de dos mil quince, remitió a la autoridad responsable, copia del acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil quince, en el cual señaló: ACUERDA.- Declarar la Nulidad de los Procedimientos Administrativos identificados con los números 0001/2013 y 0001/2014, iniciados ante esta Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, para declarar extintos o terminados los derechos de la concesión 269, para la explotación del servicio público del transporte de personas en su modalidad de taxi del municipio de Guadalupe, Zacatecas, en el sitio "Las palomas" otorgada a Javier Machuca Campos por el ejecutivo del Estado de Zacatecas el veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, derivados de lo ordenado en las sentencias de los juicios de nulidad 261/2011-I y 023/2014-I, ordenándose que en cumplimiento a las mismas, así como a las recaída dentro del Juicio Contencioso Administrativo marcado con el número 0394/2014-II, se dé inicio al correspondiente Procedimiento Administrativo señalado por el Artículo 93 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del estado de Zacatecas, debiendo brindar al hoy impetrante su garantía de Audiencia para que manifieste lo que a sus intereses corresponda, presente pruebas y alegue a su favor, para que en el momento procesal oportuno sea emitida resolución fundada y motivada por autoridad competente. f) Mediante oficio sin número (foja 82 a 85), la autoridad demandada Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, presentado ante la autoridad responsable el veinte de mayo de dos mil quince, en alcance a su diverso oficio presentado el diecisiete de mayo de dos mil quince, hizo del conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas y le remitió copia simple del oficio número D.T.T.y V./365/2015, de trece de marzo del año en curso en el cual se hace del conocimiento de Eduardo Martínez Castro que se dio inicio al Procedimiento Administrativo marcado con el número 0001/2015, señalando día y hora en el cual deberá presentarse ante la autoridad demandada para llevar a cabo la diligencia para que haga valer sus derechos; también remitió copia de la notificación correspondiente. g). El diez de abril de dos mil quince, la autoridad responsable dictó resolución en la cual determinó: "PRIMERO. Se tiene por cumplimentada en sus términos la sentencia del veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, atendiendo las consideraciones y fundamentos que se menciona en el punto único de esta resolución. NOTIFÍQUESE" Determinación que resulta ser el acto reclamado V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Previo a exponer las razones que fundamentan lo anterior, es importante señalar, que la quejosa reclama en el presente juicio de garantías la resolución dictada por el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, el diez de abril de dos mil quince, en la cual tuvo por cumplimentada en sus términos la sentencia del veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, dentro del juicio de nulidad número 394/2014-II, promovido por JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, respecto del oficio D.T.T. Y V./1511/2014 de cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por el Comandante Agustín Jaime Ortiz Arellano, Director de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso de manera substancial se duele, que la responsable viola en perjuicio de su representado la garantía de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se le pretende privar de los derechos de explotar la concesión marcada con el número 0269, otorgada por el Ejecutivo del Estado, en mil novecientos noventa y ocho, para la explotación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de taxi, al manifestar la autoridad responsable en el acto reclamado que la autoridad demandada da cumplimiento con los efectos de la sentencia al cancelar el oficio motivo del juicio administrativo de nulidad de donde emana el acto reclamado. Señala el quejoso que el artículo 78 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, establece que: "De ser fundada la demanda, la sentencia dejará sin efecto el acto o resolución impugnados y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos que hubieren sido indebidamente afectados, en los términos que establezca la sentencia" Que sin embargo, al remontarse al inicio del litigio el oficio que ordenó la cancelación mediante la sentencia definitiva, deriva de una solicitud hecha por el quejoso como apoderado del concesionario y que consistía en que se le permitiera la regularización o pagos de tarjetón de la concesión citada atendiendo a los considerandos de la sentencia y en ningún momento se le están otorgando o restituyendo a su poderdante sus derechos, esto es, no se le está dando la autorización o pagos del tarjetón de la concesión 0269. Que el hecho de que la autoridad responsable haya tenido por cumplida la sentencia se le deja al quejoso en completo estado de indefensión. Que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, con lo cual se le priva de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio. Ahora bien lo infundado de los conceptos de violación deviene virtud a lo siguiente: Si bien es verdad que JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil catorce, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, promovió juicio de nulidad respecto del oficio D.T.T. Y V./1511/2014 de cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por el Comandante Agustín Jaime Ortiz Arellano, Director de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas, y en el capítulo V de su escrito dijo: "PRETENSIÓN QUE SE DEDUZCA: La nulidad lisa y llana del D.T.T. y V./1511/2014, de fecha 04 de julio de 2014, suscrito por el comandante Agustín Jaime Ortiz Arellano, Director de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas y POR TANTO SE ORDENE A LA AUTORIDAD DEMANDADA QUE RESPETE Y PREVALEZCAN LOS DERECHOS QUE TENGO SOBRE LA CONCESIÓN DE TAXI NÚMERO 0269 EXPEDIDA A FAVOR DE MI PODERDANTE EL C. JAVIER MACHUCA CAMPOS Y SE DE LA ORDEN PARA QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO ME RECIBA EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE SE GENEREN POR DICHO CONCEPTO Y SE ME EXPIDA EL TARJETÓN Y PLACAS DE DICHO VEHÍCULO". No menos cierto es, que una vez seguido el procedimiento por sus etapas correspondientes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se declara la nulidad del oficio D.T.T. y V./1511/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, por las razones y fundamentos que en el considerando quinto de esta sentencia se establecen. SEGUNDO. Se previene a la autoridad Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, para que en un término no mayor de quince días contados a partir de aquel al en que surta efectos la notificación de la presente, le dé cumplimiento en términos de lo señalado en el considerando sexto de esta sentencia, de lo cual tendrá que informar a este tribunal." Aunado a lo anterior, en el considerando sexto de esa sentencia precisó: SEXTO. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA En términos del artículo 78 de la ley que regula las actuaciones de este órgano jurisdiccional administrativo, que dispone que de ser fundada la demanda, la autoridad quedará obligada a otorgar o restituir el goce de los derechos que indebidamente hubiere afectado al demandante, y con esa finalidad, las demandadas deberán cancelar el oficio D.T.T. y V./1511/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce. Se previene a la autoridad demandada Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, para que dentro de los quince días siguientes a aquel a en que surta efectos la notificación de la presente sentencia, informe sobre el cumplimiento de ésta, caso contrario le serán aplicados los medios de apremio que establece la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, atendiendo el procedimiento que ella misma establece. De lo antes reseñado tenemos, que de los efectos precisados en el considerando sexto antes transcrito, solo se desprende que el Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado debe cancelar el oficio D.T.T. y V./1511/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, por lo que en cumplimiento a esos efectos y al haber recibido por parte del citado director la resolución en la cual se dejó sin efecto el oficio de referencia la autoridad responsable tuvo por cumplida la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, pues así lo expuso en su resolución combatida. De tal forma que no le asiste la razón al quejoso, al señalar que la autoridad responsable no estuvo en lo correcto al emitir el acto reclamado, es decir, la resolución de diez de abril de dos mil quince, en la cual tuvo por cumplida la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, pues en el pretendido cumplimiento solo se ordenó la cancelación del oficio D.T.T. y V./1511/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, signado por el Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, pero en ningún momento se le están otorgando o restituyendo a su poderdante sus derechos, ya que se le debe permitir la regularización y realizar el pago del tarjetón de la concesión 0269 otorgada por el Ejecutivo del Estado en mil novecientos noventa y ocho, para la explotación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de taxi. Por tanto, si el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se le notificó al quejoso la sentencia de veinticuatro de noviembre del mismo año, debió percatarse que los efectos que contenía esa determinación no era en los términos que a él convenían tenía expeditos sus derechos para impugnar esa sentencia definitiva, sin que lo haya hecho pues esa resolución causó ejecutoria el doce de enero de dos mil quince. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que si bien es cierto, el artículo 78 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, -el cual también fue transcrito en párrafos que anteceden- establece que de ser fundada la demanda, la sentencia que se dicte dejará sin efecto el acto o resolución impugnados y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos que hubieren sido indebidamente afectados, sin embargo, no menos cierto es, que esa obligación de restituir al demandante en el goce de sus derechos debe ser en los términos que se establezcan en la sentencia y si en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, los efectos fueron la cancelación del oficio D.T.T. y V./1511/2014 del cuatro de julio de dos mil catorce, signado por el Director de Transporte Tránsito y Vialidad del Estado, así como respetar su garantía de audiencia, es incuestionable que la determinación de la autoridad responsable fue correcta. Consecuentemente, la autoridad responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, al tener por cumplida en sus términos la sentencia del veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, dentro del juicio de nulidad número 394/2014-II, promovido por JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, respecto del oficio D.T.T. Y V./1511/2014 de cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por el Comandante Agustín Jaime Ortiz Arellano, Director de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas, no incumplió con los efectos de la sentencia definitiva. Máxime que para emitir la resolución reclamada la autoridad responsable sí efectuó una motivación y fundamentación de las razones que lo llevaron a tener por cumplida la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, además, estableció en forma suficiente las razones legales, datos y circunstancias que tomó en cuenta para emitirla, y existe congruencia y coherencia procesal y legal con relación al acto en estudio. Se estima constitucional el acto porque se justificó en el hecho de que de acuerdo a los efectos de la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se desprende que efectivamente las razones expuestas por la responsable son ciertas y válidas para dictar el acto, este Juzgado Federal encuentra suficiente la motivación y fundamentación del acto en estudio. Lo anterior, pues al tratarse de resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 Constitucional, se verifica cuando los razonamientos en ellas vertidos, conduzcan a las normas aplicadas aún y en el caso de que éstas no hubieran sido invocadas. Cabe citar la tesis P.CXIV/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en la página ciento cuarenta y tres del tomo XII, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico número 191,358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". En consecuencia, el acto en estudio, cumple con las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que rigen el procedimiento, esto al contener los requisitos para justificar su emisión el cual debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento ante el contencioso administrativo; y en este sentido, no existe lesión a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por tanto, al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de garantías individuales invocadas por JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, lo que procede es negar y se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JAVIER MACHUCA CAMPOS por conducto de su representante legal EDUARDO MARTÍNEZ CARRETO, en contra de los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando quinto de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo, hasta el treinta de septiembre dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.-DOY FE.

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