Javier Macías Jauregui

Expediente 498/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
498/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2016

Partes del expediente

  • Javier Macías Jauregui

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales para devolver.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de ************quejoso); en atención a su contenido, y toda vez que fue desechada la demanda, hágase la devolución de las documentales que refiere en el ocurso de cuenta, previa certificación de desglose que en su lugar se deje y razón que de su entrega, obre en autos.

  3. Principal

    Atento a que el (a) quejoso (a) Javier Macías Jáuregui, por propio derecho y en representación de su menor hijo Jorge Macías Ortega o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado los días dos y tres de junio del año en curso, a notificarse personalmente del proveído o resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello, siendo inhábiles los días cuatro y cinco de junio de dos mil dieciséis-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del día seis de junio de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho y en representación de su menor hijo ***********; contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese con el número 498/2016. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para tal efecto, se transcriben los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso, 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, a la letra, dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conforme al artículo 5 transcrito, el juicio iusfundamental sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Tal disposición implica, que la legitimación procesal para ocurrir a la instancia constitucional solo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de los derechos consagrados en la Carta Magna. De manera que, si se atiende al principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, es posible advertir que responde a la naturaleza jurídica del propio juicio, como medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que justifica la actuación del órgano de control como medida excepcional, únicamente cuando se combatan actos de autoridad susceptibles de afectar de manera directa, real, objetiva y jurídica, los derechos de los gobernados solicitantes del amparo. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia es el acuerdo dictado por el juez responsable, sobre separación de cuerpos entre él y su cónyuge; sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, no se desprende su existencia real y objetivamente; se explica: El quejoso expone, bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de los corrientes, tuvo conocimiento de un oficio signado por la autoridad responsable, en el que solicitó información a la empresa en la que "es socio minoritario (.) sobre las prestaciones económicas del aquí suscrito, desprendiéndose de dicho oficio que el mismo derivó de un acuerdo dictado en el juicio oral ordinario promovido por ************, por propio derecho y en representación de los menores ***********, dentro del expediente F-1056/2016 del Juzgado Especializado en Materia Familiar, de esta ciudad." Lo anterior corrobora, de acuerdo a su manifestación, que existe un procedimiento en el que es parte y una "amenaza" unilateral por parte de su cónyuge; empero, su existencia, por si, no conlleva como consecuencia que exista una medida de separación de cuerpos, aun cuando exponga que ese oficio "confirmó las advertencias que (.) la tercero interesado (.) me había realizado, diciéndome que me iba a demandar el divorcio y que me iba a sacar de la casa habitación." Se trata entonces de actos futuros que, en un ejercicio de racionalidad, acorde con lo narrado en la demanda, no es factible considerarlos como inminentes; por ende, hasta este momento no pueden ocasionarle el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo. Tienen aplicación a lo anterior las Tesis número XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Tomo: XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Página 138, del texto y rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Asimismo, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 56, que reza: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." Finalmente, es destacable que el sentido del presente fallo no deja en estado de indefensión al promovente, ni con ello se atenta contra el interés superior de los menores cuyos derechos se encuentran, aparentemente, involucrados, puesto que tiene expedito su derecho para impugnar el auto cuando surja a la vida jurídica y solicitar la suspensión, en el entendido de que con la conformación de la nueva Ley de Amparo, es posible efectuar un ejercicio ponderativo con los elementos que sean allegados y otorgar la medida incluso, con efectos restitutorios. Por lo anterior, es decir, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones en la calle***, de esta ciudad; y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

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