Javier Labrada García
Expediente 551/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Labrada García
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso *******, desahoga la prevención que le fue formulada el dos de los actuales; por tanto, con el citado ocurso, se tiene al promovente del amparo cumpliendo en tiempo y forma la prevención citada. Desechamiento. Ahora bien, es preciso señalar que se la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, presentada por Javier Labrada García, por derecho propio, en contra del acto atribuido al juez Único Menor Mixto del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato. Lo que se hace en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con lo dispuesto por el artículo transcrito el juez tiene la obligaciónd e analizar la demanda de amparo y si encontrare motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Luego, del análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, emerge que el quejoso reclama la resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil M115/2018, por la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, en el que se negó al quejoso señalar fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial. De las constancias que integran el juicio de origen, remitidas por el juez Único Menor Mixto en Comonfort, Guanajuato, se advierten los siguientes antecedentes: 1) Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a Manuel García Ahued, por conducto de su endosataria en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil de *******, diversas prestaciones; procedimiento que fue registrado bajo el número *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato. 2) El seis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al demandado aquí quejoso, dando contestación a la demanda. 3) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se señaló fecha y hora para el desahogó, entre otra, de la prueba testimonial ofrecida por el demandado aquí quejoso, a cargo de ******* 4) Ante la incomparecencia del citado testigo, mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el demandado aquí quejoso, solicitó nuevamente la citación del testigo *******, para que se llevara a cabo el desahogo de la testimonial a su cargo. 5) Por proveído de diecisiete de mayo del año en curso, el juez de origen determinó negar la solicitud citada en supra líneas, pues señaló ".y en razón de la certificación que obra en autos en la cual se hizo constar que no se hizo presente el oferente o persona autorizada para llevar a cabo la diligencia del desahogo de la prueba, ni tampoco se presentó el testigo, sin que hubiese justificación alguna, se desprende el desinterés e incumplimiento de la carga procesal que corresponde y por ello no ha lugar a lo solicitado." . 6) Inconforme con lo anterior, el demandado aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el uno de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente sentido: "[.] PRIMERO.- Este H. Juzgado, resultó competente para conocer y decidir este recurso de revocación, con fundamento en los artículos 1334 y 1335 en relación al 1340 del Código de Comercio. SEGUNDO.- Los conceptos de agravio que expresó el inconforme, resultaron infundados e inoperantes, en razón de la certificación que obra en autos, y la omisión de justificar la incomparecencia del testigo, y del oferente, parte demandada del juicio principal, con si representante legal en el juicio para el desahogo de la prueba en mención. TERCERO.- En consecuencia de lo anteriormente expuesto y fundado, resulta inoperante volver a fijar fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial en mención, con fundamento en el artículo 131 ciento treinta y uno del Código Procesal Civil para el estado de Guanajuato, de aplicación supletoria al de Comercio, al omitir justificar la incomparecencia del testigo, dentro del término legal respectivo, aunado a la incomparecencia del oferente en compañía del representante legal y/o licenciado en derecho en ejercicio, que lo asistiera para el desahogo de la prueba testimonial; y por consecuencia, no ha lugar a la revocación del auto combatido, de fecha 17 diecisiete de mayo del año 2018 dos mil dieciocho." Acto que constituye el reclamado en el presente asunto. En razón a lo anterior, como se precisó, procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se desprende que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b, de la fracción III, del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como cuando afecten a personas extrañas al juicio. En efecto, conforme a la aludida ley de la materia, el amparo indirecto respecto de actos dentro de juicio, solo procede en los siguientes casos de excepción: a) Cuando se trate de actos cuya ejecución sean de imposible reparación y, b) Cuando afecten a personas extrañas al juicio. Así pues, debe establecerse una interpretación congruente con el texto constitucional, de lo que debe entenderse por actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. En cuanto al tema que se aborda, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos previstos en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Es aplicable al caso la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone literalmente lo siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En estos casos, (los de excepción) la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En efecto, los actos de naturaleza adjetiva, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan solo hacen la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ante todo, se debe destacar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, señala qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se encuentran las que desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar el auto que admite o desecha una prueba legalmente ofrecida en el procedimiento y ordena su desahogo, es el amparo directo. Por tanto, si se tiene en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de uno de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil M115/2018, por la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, en el que se negó al quejoso señalar fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial. De lo anterior, resulta claro que el acto reclamado en el caso, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, porque no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que a través del citado acto no se incurre en infracción de derechos sustantivos, sino que sus efectos conllevan la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, los cuales pueden ser reparados a través de una resolución favorable en el procedimiento respectivo y, en caso de no ser así, el mismo podría ser impugnado en amparo directo como violación procesal, conforme a lo establecido por los artículos 171 y 172, fracción III y 174, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 892, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." (Época: Octava Época, Registro: 207226, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Materia(s): Común, Tesis: 3a. 20/90, Página: 236) Por tanto, la resolución reclamada, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, del proceder del juzgado responsable no depende la suerte de todo el juicio ejecutivo mercantil, de ahí que no viola ningún derecho sustantivo en su perjuicio, sino que tal acto se trata de una violación procesal que solo produce efectos formales o intraprocesales, los cuales, en caso de que se obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses, se extinguirán sin ocasionar ningún perjuicio en sus derechos sustantivos y, en caso contrario, podrá alegar tal violación en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo. En efecto, se reitera, que por regla general los actos procesales que se relacionan con el desahogo, admisión, desechamiento o no recepción de pruebas, no afectan materialmente en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente o de su contraparte, pues sus efectos jurídicos son intraprocesales. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Javier Labrada García, en contra del acto que reclama del juez Único Menor Mixto del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Así como, la tesis V.3o.111 k sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de 1995, en la página 489, que establece: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio".
- Principal
Por recibidos los oficios enviados por el juez Único Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, al efecto remite un tomo de pruebas del juicio mercantil ***.
- Principal
a) Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho; en contra de actos del Juzgado Menor Mixto del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 551/2018. b) Prevención. Previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Narre de manera exhaustiva y bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; esto es: El tipo de juicio de donde deriva el acto reclamado; La calidad que tiene en el juicio de origen; En qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen; y, En qué sentido fue resuelto el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional. Esta prevención deberá ser desahogada directamente por el promovente, toda vez que los hechos que le incumbe son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Aunado a que de una interpretación sistemática de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." En la inteligencia de que, deberá exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para correr traslado a las partes. c) Apercibimiento. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. d) Requerimiento de copias a autoridad señalada como responsable. No obstante lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al juez Menor Mixto en Comonfort, Guanajuato, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que reciba el oficio correspondiente, precise la fecha en que tomó conocimiento del expediente *** de su índice; así como de manera enunciativa indique las actuaciones realizadas con posterioridad a la recepción de dicho juicio; incluyendo la resolución recaída al recurso de revocación interpuesto por ****** , en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. En el entendido que deberá remitir copia certificada únicamente de las constancias con las que sustente su dicho. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá, una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 27/2004, Registro 181833, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 354, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados e) Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***. Ahora bien, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo, (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. f) Habilitación de días y horas para notificaciones. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. g) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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