Javier Lobaton Serrano
Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Dolores Castillo Cuevas
- Javier Lobaton Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es conservable, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, transfiérase a los depósitos documentales a cargo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Por cuanto al incidente de suspensión el mismo es destruible, al haberse negado la medida cautelar definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo 20 del referido Acuerdo General. Sin que haya lugar a notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, en razón de lo anterior resulta innecesaria la conservación de las constancias que hizo llegar con su informe justificado la autoridad responsable; por tanto, se ordena la devolución de las mismas, sin que sea necesario el acuse de recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sello de recepción del oficio y la anotación de lo que se recibe hará las veces del mismo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 518/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ...II. Fijación del acto reclamado. ...IV. Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, ya que la parte quejosa, fue notificada conforme las reglas de las notificaciones personales el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por lo que la misma surtió efectos el mismo día, al no establecerse expresamente en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el momento en el que surten efectos las notificaciones personales, resultando aplicable por ello la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2014199, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." En tales términos, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veintitrés, debiendo descontarse los días veinticinco y veintiséis de marzo, uno, dos, ocho y nueve de abril del citado año, al ser considerados inhábiles en términos de los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda fue presentada como amparo directo el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, resulta inconcuso que su presentación fue oportuna. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones jurídicamente relevantes que, en lo esencial, integran el juicio de controversia familiar ****** y su acumulado *****, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la forma siguiente: Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 1 a 9 del anexo IX), *******-aquí tercera interesada-, por propio derecho, y en representación de las personas de identidad reservada J.L.C. y M.G.L.C., promovió demanda en la vía de controversia familiar, en la que reclamó de ****** -aquí quejoso-, en esencia, las prestaciones siguientes: La guarda y custodia provisional así como la definitiva en su momento definitiva, respecto de las personas de identidad reservada J.L.C. y M.G.L.C. a favor de la progenitora, ahí actora. El depósito de las personas de identidad reservada con iniciales J.L.C. y M.G.L.C. en el domicilio ubicado en ******. El pago de una pensión alimenticia provisional, y en su momento definitivo, a favor de las personas de identidad reservada con iniciales J.L.C. y M.G.L.C. Un régimen de convivencias entre los infantes y su progenitor -demandado-. Asimismo, solicitó se decretaran las medidas provisionales siguientes: Una pensión alimenticia de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) quincenales en favor de los infantes, a cargo del progenitor demandado. La guarda y custodia de los menores en favor de la progenitora actora; así como el depósito de los mismos en el domicilio ubicado en ******. Se requiriera al demandado para que se abstuviera de molestar a la progenitora actora, a sus menores hijos, así como a su familia, tanto de obra como de palabra, así como de sacar a sus hijos del Estado y del país sin el consentimiento de ésta. De la citada controversia familiar tocó conocer, por razón de turno, a la Jueza Tercera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, la cual, por auto de catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 10 a 16 del anexo IX), la admitió, ordenó emplazar al demandado y dictó como medidas provisionales, la guarda y custodia de los menores a cargo de la actora; el depósito judicial de los infantes en el domicilio ubicado en Avenida Emiliano Zapata sin número, colonia 20 de noviembre de Zacatepec, Morelos; el pago de una pensión alimenticia a favor de los menores, y a cargo del progenitor demandado por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, que debía depositar ante el referido juzgado mediante certificado de entero, y se requirió al progenitor demandado para que se abstuviera de causar a la actora actos de molestia. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 27 y 28 del anexo IX), la Jueza Tercera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, se excusó de seguir conociendo de la controversia familiar *****, por lo que ordenó remitir los autos a la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de que calificará la excusa planteada. Al citado expediente ******, se planteó acumular mediante oficio número 406 del índice del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, los autos de la controversia familiar *******, sobre guarda, custodia y alimentos definitivos, promovida por el demandado ********** -aquí quejoso- contra ***************-aquí tercera interesada-, en el que reclamó las pretensiones siguientes: La guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de los menores J.L.C. y M.G.L.C. a favor del progenitor actor. El pago de una pensión alimenticia provisional, y en su momento definitiva, en favor de las personas de identidad reservada con iniciales J.L.C. y M.G.L.C. El depósito de los menores J.L.C. y M.G.L.C. en el domicilio ubicado en *********. De igual forma, solicitó se decretaran las medidas provisionales siguientes: La guarda y custodia de los menores en favor del progenitor actor. Una pensión alimenticia suficiente y bastante en favor de los menores, a cargo de la progenitora demandada. El depósito de los mismos en el domicilio ubicado en ***********. Se apercibiera a la demandada para que se abstuviera de molestar al progenitor actor y a su familia. Dicha demanda se admitió mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 33 a 39 del anexo II), ordenándose emplazar a la demandada y reservándose acordar respecto a las medidas provisionales solicitadas por el actor, hasta en tanto obraran en autos mayores elementos de convicción, en virtud de advertir que los menores se encontraban viviendo con su progenitora. Mediante resolución de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 52 a 60 del anexo IX), emitida por la Primera Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 50/2019-5, se resolvió fundada la excusa planteada por la Jueza Tercera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por lo que ordenó remitir los autos originales del juicio de controversia familiar 20/2019-3, al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del mismo distrito judicial. Por autos de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en cumplimiento a la resolución de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil *****, tuvo por recibidos los autos originales de los expedientes ************, por lo que ordenó la acumulación de los autos relativos a las citadas controversias familiares (fojas 70 y 71 del anexo IX). Una vez desahogados diversos medios de prueba tendientes a acreditar las medidas provisionales solicitadas por el actor ***********, mediante sentencia interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 453 a 471 del anexo II), la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, resolvió procedente la medida provisional de régimen de convivencias, solicitada por el citado actor, por lo que decretó un régimen provisional de convivencias entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. con su progenitor, debiendo este último recoger a los infantes antes mencionados en la institución educativa en que se encontraran inscritos, los días viernes de cada semana posterior a la terminación del horario escolar, debiendo reincorporarlos los días domingos a las catorce horas en el domicilio ubicado ****************. Ante las diversas manifestaciones de ***********, en el sentido de presentarse riñas entre estos durante la entrega-recepción de sus menores hijos J.L.C. y M.G.L.C., por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte (fojas 573 a 577 del anexo IX), la jueza señalada como responsable, ante el posible incumplimiento del régimen de convivencias decretado en sentencia interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, requirió a ***************, a efecto de que no impidiera las convivencias familiares decretadas entre el progenitor no custodio -aquí quejoso- y sus menores hijos; y, facultó al fedatario de su adscripción para que por un periodo de cuatro semanas, los días domingos a las catorce horas, compareciera en el domicilio de depósito judicial de los menores, a efecto de verificar el desahogo de la entrega-recepción de los infantes. Posteriormente, ante las múltiples manifestaciones de ******************** en el sentido de no poder convivir con sus menores hijos debido a que la demandada Dolores Castillo Cuevas le impedía el desahogo de las convivencias decretadas por sentencia interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la autoridad judicial señalada como responsable, por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas 381 y 382 del anexo III), tomando en cuenta las manifestaciones del actor -aquí quejoso-, así como el desahogo de una documental científica (reproducción de audio y video de USB) de la que advirtió que los menores eran renuentes y reacios en atender el llamado de su progenitor, ordenó girar oficio al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a fin de que se brindara tratamiento terapéutico (sesiones de sensibilización) a los menores J.L.C. y M.G.L.C., para restablecer la convivencia entre los infantes y su progenitor no custodio; asimismo, ordenó que mientras durara dicho tratamiento terapéutico, se desarrollaran las convivencias de manera supervisada, entre los menores antes citados y su progenitor no custodio, en el Departamento de Orientación Familiar en cita. Derivado de lo anterior, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno (foja 386 del anexo VIII), la autoridad responsable tuvo por informado por parte del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que las convivencias supervisadas solo podían ser desahogadas a través de medios electrónicos debido a los protocolos de seguridad sanitaria derivados de la contingencia por del virus SARS-COV2, por lo que requirió a las partes a fin de que proporcionaran números telefónicos y correo para el desahogo de las mismas. Así, por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (foja 531 del anexo III), la responsable tuvo a la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, informando que las convivencias entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. con su progenitor se llevarían de manera electrónica los días viernes de cada semana a las trece horas, por un lapso de treinta minutos; así el juzgado familiar ordenó hacer del conocimiento de las partes dicha determinación. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós (fojas 583 y 584 del anexo III), la jueza señalada como responsable, tuvo a la psicóloga *************, adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, informando la fecha programada para la presentación de los menores J.L.C. y M.G.L.C., a efecto de dar inicio a las pláticas de sensibilización ordenadas en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo que hizo del conocimiento de la progenitora demandada. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós (fojas 32 a 34 del anexo XI), ante las manifestaciones del actor ************, en el sentido de llevar más de un año sin convivir con sus hijos; el juzgado responsable requirió al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de que informara si las convivencias decretadas por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, podían llevarse de manera presencial en dicho departamento como consecuencia del cambio de semáforo epidemiológico. Debido a que no se logró el desahogo de las convivencias supervisadas a través de medios electrónicos, esto, ante la falta de comunicación vía correo electrónico entre la demandada ************* y el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para hacerle llegar la invitación correspondiente a las sesiones; por auto de tres de junio de dos mil veintidós (fojas 55 y 56 del anexo XI), la responsable, ante la información proporcionada por la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, relativa a que derivado del cambio de semáforo epidemiológico, las convivencias decretadas por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. y su progenitor no custodio, podían llevarse a cabo de manera presencial y supervisada en las instalaciones del citado departamento, los días viernes de cada semana en un horario de dieciséis con treinta minutos a diecisiete horas con treinta minutos, a partir del diez de junio de dos mil veintidós; se ordenó informar la nueva modalidad de convivencias a las partes, a fin de que pudiera llevarse a cabo el desahogo de las mismas. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós (foja 97 del anexo XI), se hizo la aclaración de que las convivencias familiares supervisadas en el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se llevarían a cabo los días viernes de cada quince días y no cada semana como se había señalado en proveído de tres de junio de dos mil veintidós. Por auto de seis de julio de dos mil veintidós (fojas 125 y 126 del anexo XI), se tuvo a la psicóloga *******, adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, informando las fechas para las pláticas de sensibilización de los menores J.L.C. y M.G.L.C., lo que hizo del conocimiento de la progenitora demandada. Mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintidós (foja 217 del anexo XI), la jueza responsable tuvo por recibido el oficio número DOF/PS/6945/2022, por el cual la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, informó el desarrollo y conclusiones de las pláticas de sensibilización de los menores J.L.C. y M.G.L.C. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (foja 273 a 280 del anexo XI), la juzgadora señalada como responsable, ante las manifestaciones del actor en el sentido de no poder llevar a cabo el desahogo de las convivencias familiares ordenadas en autos, requirió a la progenitora demandada a fin de que permitiera el desahogo de las convivencias. En auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós (foja 376 del anexo XI), se tuvo a la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, informando la ampliación del horario establecido para el desahogo de las convivencias familiares decretadas entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. y su progenitor, siendo este los días viernes de cada ocho días, en un horario de dieciséis a dieciocho horas; lo cual hizo del conocimiento de las partes. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (foja 54 a 57 del anexo I), la jueza señalada como responsable decretó de manera provisional convivencias externas y sin supervisión entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. y su progenitor Javier Lobatón Serrano, los días viernes de cada semana, debiendo el progenitor recogerlos en las instituciones educativas a las que asisten, al término del horario escolar, incorporándolos el mismo día viernes a las veinte horas en el domicilio de depósito de los infantes ubicado en *****, por un periodo de tres meses. Inconforme con dicha determinación, el actor Javier Lobatón Serrano, por escrito de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 108 a 112 del anexo I), interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto por la jueza señalada como responsable, por sentencia interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 175 a 185 del anexo I), en la que resolvió de improcedente el recurso planteado. Dicha resolución interlocutoria constituye el acto reclamado en este juicio. VII. Estudio. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, por lo que procede negar la protección constitucional acorde a lo expuesto a continuación. Al efecto, de la integridad de la demanda de amparo se tiene que la parte quejosa señaló que la juzgadora responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la resolución reclamada no está debidamente fundada y motivada, en tanto que no indicó las razones y sustento legal, para determinar que era correcto confirmar la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en torno a la determinación provisional respecto de las convivencias externas y sin supervisión entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. y su progenitor Javier Lobatón Serrano, los días viernes de cada semana, debiendo el progenitor recogerlos en las instituciones educativas a las que asisten, al término del horario escolar, incorporándolos el mismo día viernes a las veinte horas en el domicilio de depósito de los infantes ubicado en calle de los arcos sin número colonia 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por un periodo de tres meses. Asimismo, se tiene que alegó una vulneración a la igualdad entre las partes, al estimar que la jueza responsable, es parcial respecto de la aquí tercera interesada Dolores Castillo Cuevas, al estimar que le beneficiar por ser compañeras de trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Tales argumentos son infundados, por los motivos que se explican. Al efecto, se destaca que los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Asimismo, toda resolución debe cumplir con el principio de congruencia, que consiste en desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio realizado y lo que se resuelve; de igual forma, tal estudio debe ser exhaustivo, lo cual impone a las autoridades la obligación de analizar en su integridad el problema y decidir sobre los puntos que verse éste, a efecto de que sus determinaciones adquieran certeza jurídica. Por otra parte, los artículos 120, 566 y 567 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, establecen en lo que interesa, que los autos podrán ser revocados por el juez que los dictó, salvo que la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles; además, deben contener una motivación y los preceptos legales en que se apoyen. Asimismo, que la petición de revocación se deberá hacer mediante escrito o verbalmente en el acto de la notificación del auto o proveído y, deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. En ese sentido, se tiene que la revocación es un recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una determinación por el mismo juzgador que la pronunció; asimismo, se considera un recurso horizontal, porque es el mismo juez que dictó el auto el que debe resolver tal recurso, cuyos efectos de la resolución son los siguientes: a) Confirmar la determinación en el caso de que la encuentre ajustada a derecho; b) Modificar parcialmente el auto recurrido, y c) Revocar totalmente la resolución, en el caso de que no se encuentre ajustada a derecho. Lo anterior, porque conforme al principio de seguridad procesal, el órgano jurisdiccional no puede revocar de oficio sus propias determinaciones; sin embargo, dicho medio de impugnación no es ilimitado, sino que procede respecto de decretos y autos de mero trámite dentro de la actividad judicial. Por tanto, el citado recurso precisamente tiene como finalidad que el juez que conozca de éste modifique la determinación recurrida, sin que sea factible que aborde cuestiones diversas a la legalidad del acto impugnado; es decir, se debe limitar a resolver si el acuerdo impugnado cumple con los requisitos legales para ordenar o no su revocación y atender a los agravios que se hicieron valer por la parte recurrente, en el caso, el progenitor de los menores, sin poder otorgar a la resolución efectos o alcances mayores a los ya precisados. En el caso, se reclama en este juicio la resolución interlocutoria que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, que ordenaron las convivencias externas y sin supervisión entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. y su progenitor Javier Lobatón Serrano, los días viernes de cada semana, debiendo el progenitor recogerlos en las instituciones educativas a las que asisten, al término del horario escolar, incorporándolos el mismo día viernes a las veinte horas en el domicilio de depósito de los infantes ubicado en ******, por un periodo de tres meses. Desde luego, entendida tal improcedencia no como si hubiera existido un impedimento jurídico para analizar el incidente y resolverlo, sino en el sentido de que resultaban infundados los argumentos expuestos en el recurso, pues se advierte que la juzgadora responsable a pesar de que lo declaró improcedente, sí llevó a cabo el análisis de los motivos de inconformidad expuestos y determinó que éstos resultaban infundados para demostrar la ilegalidad del auto impugnado -sí realizó un estudio del recurso-. Así, como se dijo, son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, toda vez que si bien de la resolución de revocación reclamada se advierte que la juzgadora responsable al abordar el estudio de los agravios expuestos por el ahí recurrente Javier Lobatón Serrano-aquí quejoso-, señaló que los argumentos resultaban infundados en tanto que si bien, en la determinación de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en la que se estableció la convivencia durante tres días seguidos, es decir, por un lapso mayor a la establecida mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, lo cierto es que reiteró que la determinación adoptada fue sustentada en las condiciones de los menores, respecto del aquí quejoso, así es que realizó el estudio de los agravios hechos valer y les dio contestación, además expresó los fundamentos legales de la determinación, la que incluso sustentó con diversos criterios jurisprudenciales. Respecto a lo expuesto en los conceptos de violación en torno a que se vulneró la igualdad entre las partes, porque se actuó a favor de la progenitora, tales argumentos son infundados. Lo anterior es así, toda vez que en la resolución reclamada si bien se redujo el tiempo de convivencia del aquí quejoso, respecto de sus descendientes, lo cierto es que para sustentar su dicho, se tomó en consideración lo externado por el del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como el contexto de las personas de identidad reservada con iniciales J.LC. y M.G.L.C, porque la autoridad actuó de oficio y en uso de sus facultades conferidas en materia familiar, acorde a lo dispuesto en los artículos 60 y 191 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, entre otros ahí precisados. Además, adujo la juez responsable en la resolución reclamada, esa actuación oficiosa, se sustentó en el interés superior de la infancia, conforme a los criterios y fundamentos que al efecto precisó. Tales consideraciones se estiman correctas, toda vez que los motivos expuestos por la jueza responsable son congruentes con los preceptos legales invocados, ya que como lo afirma, cuenta con facultades a fin de garantizar el interés superior de los menores y decretar en cualquier momento del procedimiento, las medidas que considere necesarias para que no se vulneren tales derechos, como así se advierte de los artículos 60, 168 y 170 del código adjetivo familiar citado, así como de los diversos numerales 174 y 191 de mismo ordenamiento legal. Es decir, de las constancias del incidente de origen, del que derivó la resolución del recurso de revocación reclamada, así como de los antecedentes expuestos en esta sentencia de amparo, se advierte que la determinación recurrida se emitió con base en el contexto de las personas de identidad reservada con iniciales J.LC. y M.G.L.C.. Lo cual se considera correcto, porque la autoridad responsable, está facultada en materia familiar para proveer en cualquier momento que lo considere necesario, a fin de garantizar su interés superior; lo cual no inobserva que en algún momento se hayan decretado medidas provisionales que establecieron un plazo mayor de convivencia, sin embargo, al tener carácter temporal, las mismas son susceptibles de ser modificadas, como aconteció en el caso, a fin de privilegiar el interés superior de las personas de identidad reservada con iniciales J.LC. y M.G.L.C.. Por otro lado, no se inadvierte que en parte de sus argumentos, la parte quejosa señala que la juzgadora actuó a favor de la progenitora de los menores, la cual labora en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que son compañeras de trabajo. Sin embargo, tales aspectos resultan novedosos, pues no se hicieron valer en los agravios expuestos ante la jueza responsable en el recurso de revocación de origen, sin que sea factible que pudiera emitir pronunciamiento respecto de cuestiones no planteadas; ya que como se dijo al inicio del estudio de los conceptos de violación, la finalidad del recurso es que el juez que conozca del mismo, modifique la determinación recurrida, sin que sea factible que aborde cuestiones diversas a la legalidad del acto impugnado no planteadas por el recurrente. Es decir, se debe limitar a resolver si el acuerdo impugnado cumplía con los requisitos legales para ordenar o no su revocación y atender a los agravios que se hicieron valer por la parte recurrente, en el caso el progenitor de los menores, sin poder otorgar a la resolución de tal recurso de revocación, efectos o alcances mayores a los ya precisados o realizar un estudio sobre cuestiones no planteadas. Es así porque en el presente juicio de amparo se impugna la resolución emitida en el recurso de revocación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, y no propiamente el auto de dieciséis de febrero de dicho año, en el que se fijaron las condiciones en que el aquí quejoso conviviría con sus descendientes, que es en donde se pudiera contener la vulneración a los derechos de los infantes, lo que en su caso, acorde al trámite y finalidad del recurso de revocación, se debió haber expuesto ante la juzgadora responsable, para que estuviera en condiciones de pronunciarse con relación a tales aspectos de legalidad del auto impugnado. Lo anterior, porque el recurso de revocación se interpuso por Javier Lobatón Serrano, por propio derecho y no en representación de los infantes, aduciendo cuestiones que le causaban perjuicio al recurrente, en su carácter de progenitor, relativas esencialmente a la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido; por lo que en tal caso, opera el principio de estricto derecho, pues la suplencia de la queja está permitida cuando se actúa en representación de los menores. No obstante que como se dijo, en este juicio se reclama la resolución del recurso de revocación y no propiamente el auto en el que se ordenaron las convivencias externas y sin supervisión entre los menores J.L.C. y M.G.L.C. y su progenitor Javier Lobatón Serrano, los días viernes de cada semana, debiendo el progenitor recogerlos en las instituciones educativas a las que asisten, al término del horario escolar, incorporándolos el mismo día viernes a las veinte horas en el domicilio de depósito de los infantes ubicado en calle de los arcos sin número colonia 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por un periodo de tres meses. Es por ello que el estudio de los conceptos de violación se limita a lo expuesto con relación a la contestación que se dio en la interlocutoria reclamada a los agravios de tal recurso, sin poder analizar cuestiones no alegadas o que sean propias del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, pues no se está analizando esta última determinación, ya que precisamente ese fue el motivo de la interposición del recurso de revocación -que se analizara la legalidad del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés-. Lo anterior es así, además porque la suplencia de la queja establecida a favor de los menores, no tiene el efecto de hacer procedentes recursos o medios de impugnación que no lo son, o como ocurre en el caso, analizar cuestiones que la parte quejosa no planteó en los agravios que hizo valer en la revocación, aunado a que el recurso lo promovió por derecho propio y no en representación de los infantes; pues como se dijo, la jueza responsable no estaba en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre cuestiones que no le fueron planteadas ni este juzgado debe extender o hacer una generalización indebida del interés superior del niño, sino que el alcance de su aplicación deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá, por sí mismo, implicar el reconocimiento de un derecho no probado ni la exclusión de los derechos de terceros. Es así, porque no solo la autoridad responsable no estaba en condiciones de realizar pronunciamiento sobre cuestiones que no le fueron planteadas en el recurso, sino que incluso la progenitora de los menores -aquí tercera interesada-, en la vista que se le concedió con los agravios del recurso, tampoco tuvo la posibilidad de manifestar lo que su interés conviniera con relación a tales cuestiones no planteadas por el progenitor recurrente -aquí quejoso-. Sirve de sustento la tesis aislada XXVII.3o.127 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3075, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y PRINCIPIO PRO PERSONA. EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DE AMBOS PRINCIPIOS DEBE FIJARSE SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO Y NO PODRÁ, POR SÍ MISMO, IMPLICAR EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO NO PROBADO, NI LA EXCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia normativa constitucional y con los tratados internacionales de los que México es Parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de esos derechos a partir del principio pro persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Por su parte, el párrafo noveno del numeral 4o. constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Ahora bien, de la aplicación de estas directrices -principio pro persona e interés superior de la niñez-, no deriva necesariamente que las cuestiones relacionadas con la desposesión de un inmueble, planteadas en el juicio de amparo deban resolverse favorablemente cuando la quejosa alega que tiene a su cargo un menor, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que esos principios no permiten al juzgador de amparo constituir derechos a favor del infante o eximir a los padres de obligaciones contraídas con terceros, beneficiándolos con interpretaciones más favorables, cuando éstas no encuentran ningún sustento legal. Esto es, el Juez no debe extender o hacer una generalización indebida del interés superior del niño y del principio pro persona, sino que el alcance de su aplicación deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá, por sí mismo, implicar el reconocimiento de un derecho no probado ni la exclusión de los derechos de terceros." Sin que se inadviertan los señalamientos del quejoso en el sentido de que la responsable ya había emitido una determinación previa al respecto, y que al dictar esta nueva resolución transgredió los derechos de los menores implicados, pues el hecho de que dicte una medida provisional diversa no implica por sí misma un perjuicio en su contra, pues ello depende precisamente de sus motivos y fundamentos, ya que al tratarse de medidas provisionales las mismas pueden válidamente ser modificadas y adaptadas conforme a las circunstancias particulares que se presenten, siempre atendiendo al interés superior del menor. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación en estudio, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el segundo punto considerativo, por las razones expuestas en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Arnulfo Torres García, secretario con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 518/2023, promovido por ********************; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, así como con las que allegó la autoridad responsable; las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, la Agente del Ministerio Pública adscrita, no formuló pedimento alguno; se cierra el periodo de alegatos. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, quedan los autos pendientes para el dictado de la resolución correspondiente. Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. Secretario Arnulfo Torres García.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Javier Lobaton Serrano; visto su contenido se provee lo conducente: Autorización de consulta de expediente electrónico. De conformidad con en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37, 38 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con el usuario que aduce y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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