Javier Lobaton Serrano
Expediente 402/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Javier Lobaton Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por este Juzgado de Distrito, en el cual se negó el amparo y protección en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que en el presente asunto únicamente fue formado el original del incidente de suspensión, glósese el mismo para que obre como corresponda. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en el artículo y 214 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 14, fracción II, y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; SE ORDENA ARCHIVAR, COMO ASUNTO CONCLUIDO, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN, por lo que remítase al archivo de trámite de este juzgado y una vez que transcurra la temporalidad de TRES AÑOS, transfiérase a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos, conforme al numeral 9 del citado acuerdo. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar definitiva, el mismo es destruible de conformidad con el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, por lo que el mismo deberá mantenerse separado del cuaderno principal y, una vez que transcurra la temporalidad de TRES AÑOS, procédase a su destrucción en términos del citado acuerdo. En otro aspecto, toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y en razón de que se ordenó formar dieciséis anexos con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, devuélvanse tales documentales; sin que sea necesario solicitar el acuse respectivo, ya que la constancia de notificación correspondiente, será suficiente para verificar que dicha autoridad los recibió. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo: 402/2023 Parte quejosa: Javier Lobatón Serrano Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Marco Antonio García Cortez S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 402/2023, y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado, se tiene que Javier Lobatón Serrano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. IV. ACTO RECLAMADO. PRIMER ACTO RECLAMADO. - La sentencia interlocutoria de fecha 27 de Febrero del año 2023, dictada por el JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, dentro del recurso de revocación interpuesto por el suscrito el C. JAVIER LOBATÓN SERRANO, en contra del auto de fecha Diez (sic) de Febrero del año 2023, mediante el cual se desecha de plano recurso de Reclamación en contra de la medida provisional de alimentos decretada en fecha 14 de enero del año 2019, dictado en el EXPEDIENTE NUMERO 20/2019-1, RELATIVO A LA CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA Y ALIMENTOS, , RADICADO EN LA PRIMERA SECRETARÍA, DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. SEGUNDO ACTO RECLAMADO. - PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, previsto en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, ya que la determinación y los argumentos expresados por el C. JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, en La sentencia interlocutoria de fecha 27 de Febrero del año 2023, dictada por el JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, dentro del recurso de revocación interpuesto por el suscrito el C. JAVIER LOBATÓN SERRANO, en contra del auto de fecha Diez (sic) de Febrero del año 2023, mediante el cual se desecha de plano recurso de Reclamación en contra de la medida provisional de alimentos decretada en fecha 14 de enero del año 2019, carecen de legalidad, formalidad, bueno no tiene sentido sus argumentos están fuera de la ley, más bien se ve claramente una vez más que la juez primario, se conduce con parcialidad en favor de favor de C. DOLORES CASTILLO CUEVAS." 2. Trámite del juicio. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito admitió la demanda de amparo y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Igualmente, en el presente asunto, este juzgado reconoció el carácter de partes terceras interesada a Dolores Castillo Cuevas, así como a las personas infantes de identidad reservada con iniciales J.L.C. y M.G.L.C., los cuales fueron emplazados el veintiuno de abril y veinticinco de mayo, ambos de dos mil veintitrés, sin apersonarse o formular alegatos en el presente asunto. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional el veintidós de junio del presente año; así, procede el dictado de la resolución respectiva. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido, contra una determinación emitida por un órgano jurisdiccional local, el cual tiene ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación de lo reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio de la integridad del escrito de demanda, se precisa que lo reclamado en este juicio, consiste en lo que se ilustra en el siguiente cuadro: Autoridad responsable ordenadora [1] Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado [a] La resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual declaró que era eran infundados los agravios hechos valer en el recurso de revocación interpuesto por Javier Lobatón Serrano -aquí quejoso-, en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos definitivos promovido por Dolores Castillo Cuervas -aquí tercera interesada-, y confirmó dicho auto recurrido. Con la precisión de que si bien en el capítulo de actos reclamados de la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como segundo acto destacado la vulneración al principio de imparcialidad en el incidente de origen, también es cierto que de la integridad de la demanda se advierte que esa circunstancia la atribuye como un vicio de la resolución interlocutoria reclamada, lo que en su caso constituye parte de los conceptos de violación, ya que incluso, en la exposición de éstos desarrolló argumentos en ese sentido; de ahí que, se tenga como acto reclamado el que ha quedado establecido en el recuadro que antecede. III. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado lo aceptó. Tal afirmación se corrobora con las constancias relativas a la controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos definitivos, radicada con el número de expediente 20/2019, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, y dentro de las cuales obra la resolución reclamada y los actos de ejecución, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, ya que la parte quejosa, fue notificada conforme las reglas de las notificaciones personales el uno de marzo de dos mil veintitrés, por lo que la misma surtió efectos el mismo día, al no establecerse expresamente en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el momento en el que surten efectos las notificaciones personales, resultando aplicable por ello la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2014199, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." En tales términos, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del dos al veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, debiendo descontarse los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo del año en cita, al ser considerados inhábiles en términos de los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda fue presentada como amparo directo el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ante la autoridad responsable, resulta inconcuso que su presentación fue oportuna. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que se procede a su estudio en este apartado. En el presente caso, al no haberse hecho valer causas de improcedencia ni advertirse la actualización de alguna, se continúa con el estudio de fondo del asunto. VI. Estudio. Es infundado lo alegado por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja por suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional. A efecto de contextualizar el asunto, es pertinente precisar los antecedentes jurídicamente relevantes, los cuales se citan a continuación: 1. En proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 20/2019, la autoridad responsable, entre otras cuestiones, fijó la cantidad de tres mil quinientos pesos ($3,500.00), por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de las personas infantes de identidad reservada con iniciales J.L.C. y M.G.L.C., a cargo del demandado Javier Lobatón Serrano, aquí quejoso. 2. El diez de febrero de dos mil veintitrés, la jueza responsable tuvo por recibido un escrito a través del cual Javier Lobatón Serrano interpuso un "incidente de reclamación" (sic), en contra de la medida provisional de alimentos establecida en proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, con el objeto de reducir la cantidad que se fijó por concepto de pensión alimenticia, y en esa fecha fue desechado de plano, al estimar que dicho medio de impugnación era improcedente, al margen de que no era recurrible por su parte conforme a los artículos 262 y 263 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. 3. Inconforme con tal determinación, el demandado Javier Lobatón Serrano interpuso recurso de revocación, y en resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la jueza responsable lo declaró infundado y confirmó el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Establecido lo anterior, que de la integridad de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló que la juzgadora responsable vulneró en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, toda vez que la resolución reclamada no está fundada ni motivada, pues al desechar el recurso de reclamación que interpuso en contra de la determinación relativa a la pensión alimenticia provisional decretada el catorce de enero de dos mil diecinueve, lo deja en estado de indefensión, pues refiere que dicho medio de impugnación sí procede, y lo puede hacer valer hasta antes de que se emita la sentencia definitiva, como lo establece el artículo 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Asimismo, refiere que la autoridad actuó de manera imparcial, pues considera que hay un "favoritismo" hacía su contraparte, pues la autoridad sin fundamento alguno desechó el medio de impugnación referido. Es infundado lo argumentado por el quejoso. Al efecto, debe partirse de que conforme al principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna autoridad debe actuar con desapego a aquello para lo que lo facultan determinadas normas jurídicas, es decir, que no debe excederse en cuanto a las atribuciones que las leyes le han conferido, sino que debe sujetar su actuación al estricto acatamiento del marco legal que lo rige. En ese sentido el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, aplicable al caso, dentro de su capitulado contiene el "LIBRO TERCERO: DE LOS ACTOS PREJUDICIALES", dentro del cual contempla un "TÍTULO CUARTO: DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES" (artículos 230 a 240), así como el diverso "TÍTULO SÉPTIMO: DE LA DETERMINACIÓN Y ASEGURAMIENTO PROVISIONAL DE ALIMENTOS" (artículos 259 a 263). De lo anterior, se colige que la codificación adjetiva en la materia contiene dos títulos diferenciados, uno que habla de las providencias cautelares en general, y otro que se refiere de forma específica a la determinación y aseguramiento de alimentos provisionales. Bajo tal contexto, es pertinente precisar que si bien dentro del capítulo cuarto, relativo a las providencias cautelares, prevé en el precepto 234 el recurso de reclamación a favor del deudor para controvertir la providencia decretada, en los diversos preceptos 262 y 263 aplicables por especialidad -al referirse específicamente al caso de alimentos provisionales-, establecen que la resolución que resuelva sobre alimentos provisionales sólo puede ser impugnada por el acreedor alimentista mediante el recurso de apelación, así como que no se permite la discusión sobre el derecho de percibir alimentos, por lo que cualquier reclamación sobre tal derecho y su monto, debe substanciarse en un juicio del orden familiar. Tales artículos denotan que la ley procesal familiar local contempla un título específico para establecer la determinación y aseguramiento provisional de alimentos, dentro del cual no contempla un medio de defensa ordinario a favor del deudor alimentario en su contra, y al contrario señala que cualquier reclamación sobre el derecho, así como el monto deberá formularse en juicio del orden familiar. De allí que pueda afirmarse que la legislación aplicable no establece medio ordinario de defensa en contra de la medida provisional que concede alimentos provisionales, ya que toda inconformidad al respecto debe sustanciarse en un juicio. Cabe señalar que en ese sentido han sido resueltos los recursos de queja identificados con los números 41/2021, 73/2021, 152/2021 y 270/2021, del índice del Tribunal Colegiado Civil del Decimoctavo Circuito, en los que tal órgano pluripersonal ha determinado que el código adjetivo familiar en comento, no contempla medio de defensa a favor del deudor en contra de la determinación que decreta alimentos provisionales, y que por ello puede acudir directamente al juicio de amparo indirecto en su contra sin necesidad de agotar medio ordinario de defensa. Dichas determinaciones que constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al haber sido consultado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal como apoya al respecto la jurisprudencia número XXI3° J/7, con registro 183053, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." Así, bajo esa óptica, se tiene que el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por Javier Lobatón Serrano -aquí quejoso-, en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la referida controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Dolores Castillo Cuervas -aquí tercera interesada-, en la cual la jueza responsable declaró infundados los agravios hechos valer en el recurso de revocación, y por ende, confirmó el auto de diez de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó de plano el recurso de reclamación interpuesto en contra de la medida provisional de alimentos, impuesta en contra del aquí peticionario del amparo. En esas condiciones, se obtiene que el acto reclamado tuvo su origen en el desechamiento de un medio de impugnación en contra de una medida provisional de alimentos, los cuales fueron decretados en proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, por la cantidad de tres mil quinientos pesos ($3,500.00), en favor de las personas de identidad reservada con iniciales J.L.C. y M.G.L.C., la cual mensualmente debía pagar Javier Lobatón Serrano. Así, este juzgado considera que la autoridad responsable actuó correctamente al haber calificado como infundados los motivos de disenso hechos valer en el recurso de revocación [acto reclamado], en contra del desechamiento del recurso de reclamación, respecto de la cual el demandado, aquí quejoso, esencialmente estimó que carecía de fundamentación y motivación. Ello, en tanto que, como lo confirmó la jueza responsable al emitir el acto aquí reclamado, el recurso de reclamación no resulta procedente en contra de tal medida provisional, en razón de que la norma adjetiva no prevé medio ordinario de defensa en su contra por parte del demandado, por lo que estimó que estaba fundado y motivado el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés. En ese sentido, conforme a los referidos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, es que resulta acertada tal determinación de la jueza responsable, en tanto que del contenido de los artículos 262 y 263 de la referida codificación adjetiva en materia familiar, se evidencia el que se limitan los medios de defensa con que cuentan las partes contra las pensiones decretadas de forma provisional, al recurso de apelación establecido a favor del acreedor alimentario, y establecen que la reclamación que se formule sobre el monto de los alimentos provisionales debe realizarse en juicio. Sin que se soslaye lo aducido por el quejoso en el sentido de que contra la determinación en la cual se decretó de manera provisional una pensión a favor de sus hijos menores procede el recurso de reclamación, pues dicho medio de impugnación, previsto en el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el estado de Morelos; sin embargo, tal medio de impugnación no es procedente para controvertir la resolución que decreta los alimentos provisionales, dentro del procedimiento, puesto que dicha reclamación, procede en contra de las providencias cautelares que solicitan cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tendrán o tienen por objeto asegurar sus efectos, lo que no encuadra en la resolución que otorga alimentos provisionales, desde luego tratándose del deudor. En otro aspecto, el derecho a la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad contemplado en el artículo 16 constitucional, como se indicó, implica que la fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Sobre esa base, se tiene que es infundado lo alegado por el quejoso en torno a esos tópicos; ello, con independencia de que no argumentó adecuadamente el por qué adujo que la autoridad responsable no fundó ni motivó el acto que le reclama, ni cumplió con los requisitos constitucionales para arribar a la conclusión de declarar infundados los agravios que hizo valer la interponer el recurso de revocación en contra del auto recurrido. Lo anterior, en tanto que respecto de la fundamentación la autoridad responsable indicó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y por cuanto a la motivación señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron y tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, lo cual, además evidencia que existe un aspecto imparcial en la emisión del acto reclamado. Además, existió adecuación entre los motivos invocados y la normativa aplicable, puesto que, en el caso concreto, se materializó el supuesto normativo aducido. Fundamentalmente, porque como lo indicó la jueza responsable, resultaron suficientes los preceptos citados en auto recurrido de diez de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de sostener que no existía medio de impugnación que pudiera hacer valer el aquí quejoso en contra de la concesión de alimentos provisionales, y la autoridad responsable, al no encontrar sustento normativo para admitir el recurso de reclamación, es que está limitada por la norma para proceder de esa manera, por lo que aseveró correctamente que el auto recurrido estaba fundado y motivado. Por lo anterior, ante lo infundado de los argumentos hechos valer por el quejoso, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Lobatón Serrano, en contra del acto reclamado a la Jueza Primera Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta resolución. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe, hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, inicia a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 402/2023, promovido por *****************, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio, e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: en el que la secretaria da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda y las que allegó la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales exhibidas en el presente juicio de amparo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara. Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, a través de cual solicita se autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa y proporciona el usuario correspondiente para tal efecto. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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