Javier Hernández Hernández
Expediente 125/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Mesa II-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, transcurrió del cinco al nueve de septiembre del año en curso, sin que el quejoso ******************** interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa II-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que da cuenta el secretario en la cual hace constar que en el módulo de intercomunicación entre órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (MINTER), no cuenta con alguna opción para poder relacionar el oficio ordenado remitir en proveído de veinticinco del actual, por dicha vía, con la demanda promovida ante la Suprema Corte de Justicia, la cual dio origen a este expediente; por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones al procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el auto de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, por lista de acuerdos, al promovente de amparo. Notifíquese... ========= I N S E R C I Ó N ========= Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio J-1695, firmado por el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del que se advierte que el titular de ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier Hernández Hernández, contra actos del secretario de Educación Pública. Acúsese recibo correspondiente e infórmese a dicha autoridad judicial que este juzgado se avoca al conocimiento de presente asunto. Fórmese expediente, regístrese en el libro correspondiente con el número 125/2016. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Javier Hernández Hernández, contra actos de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en el Distrito Federal, consistente en el abuso de autoridad para que pretenda presente y apruebe una evaluación, conforme a la Ley General de Educación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos, frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es necesario distinguir si presentar una evaluación en su calidad de personal docente, conforme a la reciente Ley General de Educación, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone qué autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Los actos reclamados se encuentran directamente relacionados con su derecho al trabajo consagrado en los artículos 1° y 5° y que estima violatorio de lo estipulado en el artículo 14 de la Constitución Federal, según manifestó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en el apartado relativo, pues manifiesta y acredita indiciariamente con la documental que en copia simple anexa, que es trabajador docente, por lo que es inconcuso que el juicio de amparo contra la Secretaría de Educación Pública, resulta improcedente, toda vez que su actuar no es unilateral, pues no puede inferirse lógicamente que la actuación de tales autoridades en esa medida sea obligatoria y si bien las facultades de las responsables están determinadas por una norma general del contenido integral de la demanda, se aprecia que la relación que subyace en los actos reclamados derivan de patrón a empleado; por lo que dicho acto no puede estimarse equivalente al de una autoridad. Además de lo expuesto, se advierte que le hecho de que se le hubiere conminado a que se presente a una evaluación, no es un acto que le cause agravio alguno, sino éste se dará, en su caso, hasta que por no asistir se le rescinda el contrato laboral que tiene con su patrón. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a la aquí parte quejosa, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Téngase a la parte quejosa autorizando con las facultades del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que refiere. Finalmente, toda vez que el quejoso señala los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir notificaciones, gírese atento oficio al secretario de acuerdos de ese alto tribunal, para que tenga a bien ordenar a quien corresponda, notifique este proveído en los estrados de dicho órgano jurisdiccional Se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Oaxaca, apercibida que de no hacerlo sin ulterior acuerdo, las notificaciones de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que el auto dictado el diecinueve de enero de dos mil quince, se notificó a la parte promovente, el veinte de enero de dos mil quince, por lo que surtió efectos el veintiuno siguiente; de ahí que el término de un año, previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós enero de dos mil quince, al veintidós de enero de esta anualidad; por tanto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que sea menester consignar los hechos al agente del Ministerio Público de la Federación; en virtud que en auto de diecinueve de enero de dos mil quince, en que se ordenó la suspensión del procedimiento en este juicio, se ordenó lo relativo. Notifíquese personalmente.
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