Javier García Antonio

Expediente 516/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
516/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Javier García Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. El presente expediente es susceptible de destrucción. [...]. Se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de Amparo V-B ""... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 516/2018. Desechamiento. Ahora bien, el suscrito estima que se actualiza una causa de improcedencia, que obliga a desechar la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de garantías, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos, y, por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotarlos, pues con su interposición puede alcanzar la modificación o revocación del acto reclamado. De modo que, cuando exista un recurso por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio constitucional se torna improcedente. En el caso, los actos reclamados consisten en: - La resolución de dos de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa número *****, por el Ministerio Público de la mesa III, especial de homicidios adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal. - Del Fiscal General del Estado de Oaxaca, la diversa determinación de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto contra la determinación citada. Contra tales resoluciones, procede el recurso innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Lo anterior, como un derecho de la víctima, acorde a lo que establece el diverso artículo 109, fracción XXI, de la propia legislación, que dice: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]". En efecto, Los artículos 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el precepto legal en cita. De ahí que una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto, 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora, deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. En ese sentido, como el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, es inconcuso que el quejoso está obligado a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra las citadas resoluciones es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución es impugnable ante el Juez de Control, a quien corresponde confirmar o, en su caso, dejar sin efectos tales decisiones ministerial y ordenar, en su caso, reabrir la investigación. Sobre el particular, cobra vigencia la tesis aislada I.8o.P.19 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, visible en Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO RESUELVE ES IMPUGNABLE ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE AGOTAR ESTE MEDIO DE DEFENSA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra la determinación del Ministerio Público que resuelve el no ejercicio de la acción penal es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución es impugnable ante el Juez de Control, a quien corresponde confirmar o, en su caso, dejar sin efectos la decisión ministerial y ordenar reabrir la investigación". Así como, la diversa tesis I.8o.P.20 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO DECRETA PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (CONFLICTO APARENTE DE NORMAS ENTRE DICHO PRECEPTO Y EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO). Si bien el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que del análisis sistemático de dicho precepto y del diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la vía en que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se advierte un conflicto aparente de normas, pues mientras el primero dispone que contra las determinaciones del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal procede el amparo indirecto, el segundo establece que dicha resolución será impugnada ante el Juez de Control. Al respecto, debe decirse que el conflicto aparente de leyes o antinomias jurídicas, consiste en la concurrencia de dos o más normas de derecho vigentes, cuya aplicación simultánea es incompatible a cierto supuesto de hecho, es decir, requiere que una conducta o acción queden bajo la esfera de dos preceptos legales excluyentes entre sí. Sin embargo, en el caso, tal conflicto es superado sobre la base del artículo cuarto transitorio del código indicado, que dispone que todas las normas -en donde queda comprendida la Ley de Amparo- que se opongan a su contenido (con excepción de las leyes de jurisdicción militar y en materia federal de delincuencia organizada), quedan derogadas. En este contexto, para resolver esa aparente contradicción normativa, esto es, la incompatibilidad entre los artículos 107, fracción VII y 258 referidos, debe atenderse al principio de criterio cronológico lex posterior derogat priori, conforme al cual la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que se opongan entre sí. Bajo esa premisa, contra la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal, procede el recurso previsto en el artículo 258 mencionado y no el juicio de amparo indirecto". Sin que en el caso se esté en alguna de las excepciones establecidas en la Ley de Amparo, ya que no se evidencia que el acto reclamado carezca de fundamentación, ni se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados las personas que menciona en su escrito de demanda. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente....."

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