Javier Gutiérrez Vázquez
Expediente 921/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
Partes del expediente
- Javier Gutiérrez Vázquez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana; atento a su contenido, dígasele que por auto de veintiocho de octubre del año en curso, se remitió a ese órgano jurisdiccional vía correo acelerado (ESTAFETA), el expediente original del presente asunto en que se actúa. Notifíquese
- Principal
Ensenada, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la demanda con que se da cuenta, promovida por Javier Gutiérrez Vázquez, contra actos del juez de Control Especializado en Ejecución, para el estado de Baja California, con residencia en Tecate, Baja California; fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el Libro de Juzgado Uno con el número 921/2019-I, y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, sin que resulte necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Se señalan las nueve horas con veintiséis minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del oficio en el que se solicita; apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el plazo solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 246 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro contexto, se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, es decir, las instalaciones del centro penitenciario en que se encuentra recluido. Por tanto, ya que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", en Tecate, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que deban se personales se efectuarán en el lugar en que se encuentra recluido, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se le notifica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 fracción III de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente proveído a la parte promovente, en el centro penitenciario antes citado. Solicitando que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas; asimismo, se faculta al juez exhortado para que emita todos los proveídos necesarios, habilitando desde este momento días y horas inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda de amparo, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, con relación a la manifestación del quejoso, respecto que se le designe un defensor, toda vez que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", en Tecate, Baja California y los actos que reclama, se los atribuye a un Juez de Ejecución del Orden Común, a fin de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva prevista en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, requiérase al Coordinador Penal de la Defensoría Pública del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, designe un defensor público que represente al quejoso Javier Gutiérrez Vázquez, en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. En otro orden, como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada de esta determinación; asimismo, en relación con la diversa copia de la resolución definitiva, que en su caso se dicte, dígasele que una vez que obre en autos y previa reiteración por escrito de su parte, se acordara lo conducente. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
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