Javier de la Cruz Valdivia
Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/10/2021
Partes del expediente
- Javier de la Cruz Valdivia
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto, téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, girado en los autos del juicio de amparo 1185/2021, promovido por Javier de la Cruz Valdivia contra actos del Fiscal General del estado de Baja California, con sede en Mexicali, y otras autoridades, mediante el cual trascribe el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dicho órgano se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, por las razones expuestas en el mismo. En ese sentido, fórmese el 532/2021-IV; asimismo, acúsese recibo correspondiente. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, del estudio, de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar la competencia entre jueces de distrito, a saber: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" [Énfasis añadido]. De ello puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en ese sentido, pueden desprenderse tres supuestos en los que se establece la competencia del juez de distrito, que son: ? Si el acto reclamado tiene ejecución material, será competente el juez de distrito del lugar en donde va a tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando ???????????????????? o se haya ejecutado el mismo; ? Si el acto reclamado tiene ejecución material y ésta pueda llevarse a cabo en uno o más distritos, o bien haya empezado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro (acto de tracto sucesivo), será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se presente la demanda de amparo; y, ? Si el acto reclamado no tiene ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. En ese contexto, cabe señalar que, como quedó puntualizado, el acto que el quejoso reclamó, lo hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, señaló que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de derechos fundamentes, en virtud de que el quejoso refirió tener su domicilio particular y laboral en esta ciudad, y por lo tanto al reclamarse una orden de aprehensión ésta tendría ejecución en la ciudad de Ensenada. Sin embargo, este juzgador difiere del criterio sostenido por el juez oficiante, toda vez que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado del escrito inicial de demanda el quejoso refirió, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "PRIMERO. El día 08 de Octubre de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las 15:35 horas, recibí una llamada de mi señora madre María Angelina Valdivia Díaz, quien me informa que ese mismo día habían acudido a su domicilio ubicado en AVENIDA FAJA DE ORO NÚMERO 1240 DE LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, dos sujetos que manifestaron ser agente de la Policía Estatal de Investigación del estado de Baja California, mismos que manifestaron contar con una orden de aprehensión en contra mía JAVIER DE LA CRUZ VALDIVIA. [.]" De la anterior transcripción se obtiene que la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, pretendió ejecutarse en la ciudad de Mexicali, Baja California; de lo que se obtiene de manera evidente que en el caso concreto se actualiza la hipótesis contemplada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia a favor del juez que tenga jurisdicción en el lugar en el que el acto que se reclama, en lo que interesa, trate de ejecutarse, lo cual sucedió en el caso concreto en la ciudad de Mexicali. Aunado a que en el escrito inicial de demanda no se advierte que el quejoso hubiere señalado autoridades responsables ejecutoras en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, materia penal, con número de registro digital 2004166, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." (Énfasis añadido) De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/95, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Septiembre de 1995, página 97, materia penal, con número de registro digital: 200455, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." (Énfasis añadido) En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Javier de la Cruz Valdivia, contra actos del Fiscal General del estado de Baja California, con sede en Mexicali, y otras autoridades; en virtud de que como se mencionó con anterioridad, la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso trató ejecutarse en la ciudad de Mexicali, específicamente en Avenida Faja de Oro, número 1240, colonia Lázaro Cárdenas. Además, el hecho que señale un domicilio particular en la ciudad de Ensenada, es insuficiente para fincar la competencia legal a favor de éste juzgador, toda vez que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refirió en su escrito inicial de demanda, que el ocho de octubre de dos mil veintiuno, agentes de la Policía Estatal de Investigación del estado de Baja California, fueron a buscarlo en el domicilio ubicado en avenida Faja de Oro, número 1240, colonia Lázaro Cárdenas, con sede en Mexicali, Baja California, con el objeto de cumplimentar la orden de aprehensión emitida en su contra, sin lograrlo, al no encontrarse en ese lugar, de ahí que, al tratarse de ejecutar la mencionada orden de captura en aquella ciudad, corresponde conocer el presente asunto al Juzgado de Distrito con jurisdicción en Mexicali, ante quien se presentó la demanda de amparo que ahora se analiza; en términos de lo establecido por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante, el expediente de amparo 1185/2021, de su índice, previa copia certificada que de las constancias conducentes se deje en autos. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En otro tenor, se autoriza para oír y recibir notificaciones a Martin Romero y María Angelina Valdivia Díaz, por así solicitarlo expresamente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario.
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