Javier González Morales y Otros.
Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Javier González Morales y Otros.
- Javier González Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el nueve de febrero del año en curso, se notificó a la parte quejosa la determinación en donde se le concedió un plazo de noventa días hábiles, para que se presentara ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio de amparo, sin que hasta el momento haya comparecido para esos fines. Consecuentemente, en atención a la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado; por lo que, se decreta el abandono de dichos documentos y se ordena destruirlos una vez que se realice la destrucción del expediente. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.spm
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el nueve de febrero del año en curso, se notificó a la parte quejosa la determinación en donde se le concedió un plazo de noventa días hábiles, para que se presentara ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio de amparo, sin que hasta el momento haya comparecido para esos fines. Consecuentemente, en atención a la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado; por lo que, se decreta el abandono de dichos documentos y se ordena destruirlos una vez que se realice la destrucción del expediente. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.spm
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Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el presente asunto, en que se decretó el sobreseimiento, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el artículo 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, y negado la suspensión definitiva. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, se advierte que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 18 del citado Acuerdo General, notifíquesele personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción de los mismos, cuando se realice la del expediente en que se actúa. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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VISTOS para resolver el juicio de amparo 790/2022-VII, promovido por ********** y **********, contra actos del Fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado el treinta, día siguiente hábil, ********** y **********, promovieron demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLESCON CARÁCTER DE AUTORIDADES ORDENADORAS SEÑALÓ: AL C. FISCAL ADSCRITO A LA FÍCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GENERO ZONA NORTE.- Con domicilio en ********** domicilio conocido en esta Ciudad Juárez.- AL C. COORDINADOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GENERO ZONA NORTE.- Con domicilio en ********** domicilio conocido en esta Ciudad Juárez.- CON CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALO: AL C. COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA NORTE, con domicilio ubicado en el ********** precisamente en los edificios de Gobierno. AL C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA NORTE adscrita a la fiscalía especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género, teniendo su domicilio ubicado en ********** domicilio conocido en esta Ciudad Juárez, Chihuahua.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS, RECLAMO: LA ILEGAL EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DESALOJO DEL DOMICILIO DE LOS SUSCRITOS.- Carente de fundamentación y motivación alguna y EJECUTADA en contra de los suscritos, por la Policía Estatal adscrita a la fiscalía especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género sin tener sin justificación acusándonos de alguna comisión, participación o coparticipación de un supuesto delito del cual no tenemos conocimiento, de qué tipo de delito se trata, ya que nunca hemos cometido delito alguno en contra de la tercera perjudicada, ordenamiento de la cual tuve conocimiento que fue girada en nuestra contra y consecuentemente cumplimentada por las responsables ejecutoras desde la fecha del día martes 16 del mes de agosto del presente año 2022, y la cual los suscritos tenemos la certeza de que dicha ORDEN DE DESALOJO, es carente de fundamentación, motivación o justificación legal alguna en la que se funde dicha Orden de desalojo y mediante la cual y desde la fecha del día martes 16 de agosto del 2022 se presentaron en nuestro domicilio particular ya señalado, las autoridades señaladas como ejecutoras de manera prepotente y amenazadora con armas de fuego para cumplimentarla y ser privados de nuestras posesiones y de nuestra libertad si nos oponíamos al desalojo de nuestro domicilio ya que el suscrito tengo viviendo toda vida en mi casa ya que ahí nací y con mi esposa desde que me junte con ella hace veinte años a la fecha, sin que hayamos cometido delito alguno que merezca pena corporal o ser despojados de nuestros bienes y sin que medie denuncia justificada, acusación o querella que funde y motive la causa legal del procedimiento, tomando en consideración que la policía ministerial del estado no es competente, "Artículo 60.- Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido procedo, y procurar en todo momento la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Por lo que es de considerar que la policía estatal no es competente para realizar un lanzamiento como hemos sufrido los suscritos, por no reunir los requisitos de procedibilidad que requiere la ley y el orden constitucional así como los ordenamientos de los derechos humanos que nos protegen por ser mexicanos, y para efectos de la procedencia del juicio de amparo entenderemos que el acto entendiendo su naturaleza que es un "acto consumado de modo reparable", ya que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del presente juicio constitucional, es decir que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable (artículo 80 de la Ley de Amparo), en virtud de que física y materialmente puede obtenerse la restitución de nuestro domicilio ya que es un bien inmueble en condiciones completamente habitables y no se destruyó únicamente se nos desalojó ilegalmente dejando nuestros pertenencias personas si como documentación personal de los suscrito. DE LAS AUTORIDADES RESPOSABLES SEÑALADAS CON EL CARÁCTER DE EJECUTORAS, RECLAMO: EL INMINENTE ACTO DE HABER CUMPLIMENTADO LA ILEGAL ORDEN DE DESALOJO GIRADA EN NUESTRA CONTRA, PARA DEJARNOS EN LA CALLE PRIVARNOS ILEGALMENTE DE NUESTRA LIBERTAD ASÍ COMO DE DESPOJARNOS DE NUESTROS BIENES POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORERAS." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda de amparo, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 251), se ordenó notificar mediante (lista a la totalidad de las partes y por oficios a las autoridades responsables) el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaría Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Juez **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo6; sin que hayan efectuado manifestación alguna. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de 6 Artículo 52. (.) Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos." Amparo7, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: - Las órdenes de desalojo o desocupación del domicilio ubicado en calle **********, con residencia en esta ciudad, emitidas el cinco y doce de agosto de dos mil veintidós; la primera dictada en contra del quejoso **********, en la carpeta de investigación NUC **********, y la otra contra la quejosa **********, en la carpeta de investigación NUC. **********, actos emitidos como medidas de protección dictadas a favor de la parte tercera interesada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia; y la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, ambas con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados en su denominación correcta, aceptaron el acto reclamado; por ello, se tiene por cierto el acto endilgados a dichas responsables. Incluso, se corrobora la existencia del acto reclamado por los quejosos ********** y **********, consistente en la desocupación del domicilio ubicado en calle I**********, con sede en esta ciudad, en relación al primero de los mencionados, emitida en la carpeta de investigación 7 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.) NUC-**********, el cinco de agosto de dos mil veintidós8; y respecto a la segunda quejosa en la carpeta de investigación NUC-**********, el doce de agosto del dos mil veintidós9; constancias que fueron remitidas debidamente certificadas por dichas autoridades responsables, que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, a pesar de que las autoridades responsables, Subcoordinador Regional a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; ambas con residencia en esta ciudad, hayan negado el acto reclamado, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que si las responsables ordenadoras aceptaron el acto, y éstas tienen el carácter de ejecutoras, es obvio que en cualquier momento pueden ejecutar las órdenes de desalojo reclamadas; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las responsables citadas el inicio del presente párrafo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de 8 Fojas 80 y 81. 9 Fojas 116 y 117. amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, quien resuelve, de oficio, advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, seguido en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. La fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se encuentra estrechamente vinculada con la diversa fracción X, del mismo precepto legal, las cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia invocada, cuando se promueva un juicio de amparo por el mismo quejoso, contra iguales autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Dicha causal, permite advertir que el legislador pretendió evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, al resolver nuevos juicios de amparo con idéntico objeto, cuando ya haya sido analizado o estudiado en un primer juicio la controversia en lo principal o de fondo, por tratarse de cosa juzgada. En ese tenor, es menester acotar que la naturaleza de la cosa juzgada, tiene el propósito de evitar que se estudie de manera repetida una misma acción constitucional, cuando exista sentencia anterior por parte del mismo o diverso órgano jurisdiccional, puesto que de proceder al estudio de un asunto que previamente fue materia de análisis, se atentaría contra la celeridad procesal que se observa en los juicios por mandamiento del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provocando el retraso de los procedimientos por tener en trámite un cúmulo de juicios ociosos ante los órganos de amparo. Luego, existen determinados elementos que son necesarios para configurar la figura jurídica de cosa juzgada, los cuales son esenciales para su actualización y deben surtirse de manera concatenada, siento éstos los siguientes: -Identidad de las personas que intervinieron en los juicios. -Identidad en los actos que se reclaman en los mismos juicios. -Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas. -Que en la primera sentencia se haya analizado el fondo de las pretensiones propuestas. Sirve de apoyo la tesis aislada número I.6o.T.28 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1502, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, enero de 2004, Materia Común, Novena Época, con número de registro 182437, que al tenor literal establece: "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. Atendiendo a los diversos criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se han logrado establecer los supuestos que deberán verificarse a fin de determinar la existencia o inexistencia de la cosa juzgada en un juicio contencioso, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los mismos juicios; c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte la existencia de un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la cosa juzgada surta efectos en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que la cosa juzgada sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último de los extremos no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia" Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si bien la regla general ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, existen ciertas excepciones, puesto que la cosa juzgada no sólo opera cuando se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto, sino también cuando se ha determinado su intocabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Dichas consideraciones dieron sustento a la jurisprudencia con registro 237445, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 181-186, Tercera Parte, a pág. 91, de rubro y texto que dicen: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Precisado lo anterior, se estima actualizada la causal de improcedencia en estudio, toda vez que en audiencia constitucional de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se resolvió el juicio de amparo 728/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, promovido por idéntica parte quejosa, ********** y ********** (así como otros dos impetrantes ********** y **********, de quienes se sobreseyó por negativa de actos), contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables. Dicha resolución causó ejecutoria en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, es consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del orden de este órgano de control constitucional y se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo establece su numeral 2º, en virtud de que Es aplicable el criterio jurisprudencial VI.1o.P. J/25, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, a pág. 1199, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Igualmente, aplica a lo anterior la jurisprudencia 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del libro 55, junio de 2018, tomo I, a pág. 10, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Incluso, se remitieron copias certificadas de la audiencia y sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, y el acuerdo de veintitrés de noviembre de ese año, donde causó ejecutoria dicha sentencia, emitidos en el juicio de amparo 728/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad10. 10 Fojas 263 a 279, vuelta. En ese sentido, del contenido de la citada sentencia del juicio de amparo 728/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lo conducente se advierte lo siguiente: ". Expuesto lo anterior, el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivada la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, entre las que se encuentran las dictadas en favor de **********, consistentes en la desocupación del domicilio ubicado en Calle **********, con sede en esta ciudad, de los quejosos ********** y **********, en relación al primero de los mencionados, emitida en la carpeta de investigación NUC. **********, el cinco de agosto de dos mil veintidós; y respecto a la segunda, en la carpeta de investigación NUC. **********, el doce de agosto del dos mil veintidós. Asimismo, el numeral 139 del citado cuerpo normativo, dispone que la imposición de las medidas de protección tendrá una duración de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días más. Sin embargo, de la lectura de los actos reclamados, consistentes en el acuerdo de cinco de agosto del dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación NUC. **********; y el acuerdo de doce de agosto del dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación NUC. **********, se advierte que el agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con sede en esta ciudad, omitió dar cumplimiento a lo relatado, establecido por el artículo 16 de la Constitución, al emitir la medida de protección consistentes en la desocupación del domicilio ubicado en Calle **********, con sede en esta ciudad, de los quejosos ********** y **********, en relación al primero de los mencionados, emitida en la carpeta de investigación NUC-**********, el cinco de agosto de dos mil veintidós; y respecto a la segunda en la carpeta de investigación NUC-**********, el doce de agosto del dos mil veintidós.." ".Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 74, 75, 154, 155, 156 y demás relativos de la Ley de amparo, se RESUELVE: (.) SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier González Morales y Patricia Ávila de La Cueva, acorde con lo precisado en el último considerando de esta resolución." En tal virtud, es evidente que los actos que se combaten en este juicio, fueron materia de análisis en el diverso juicio de amparo 728/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, habida cuenta que ambos fueron promovidos por ********** y **********, en contra de idénticas autoridades responsables, y por los mismos actos reclamados. De ahí, que si la sentencia dictada en el expediente 728/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, causó ejecutoria en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, es inconcuso que los actos reclamados en esta instancia constitucional, ya adquirieron la categoría de cosa juzgada. Ilustra en lo conducente el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 225, tomo XII, julio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". En las relatadas condiciones, se estima actualizada la causal de improcedencia que aquí se provee, pues de abordar nuevamente los actos que se reclaman, se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, así como la autoridad de cosa juzgada. Los anteriores razonamientos encuentran apoyo, en lo conducente, en la tesis XIX.2o.P.T.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible a foja 2734 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA.- El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada." En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio en que se actúa con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Circunstancia que impide a quien resuelve entrar al estudio de las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, a pág. 57, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ********** y **********, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo por los motivos y fundamentos indicados en el último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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