Javier Ginez Leyva
Expediente 994/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Javier Ginez Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veinte de abril de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil diecisiete. VISTO para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México. Ante la ambigüedad en el señalamiento de las autoridades responsables y los actos que se les atribuían, en proveído de veintiocho de noviembre del mismo año, se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda y, entre otras cosas, precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario Notificador que hubiera practicado el emplazamiento reclamado; sin que el quejoso hubiera desahogado la vista respectiva, no obstante haber sido debidamente notificado de ese acuerdo SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previo requerimiento a la parte quejosa, por proveído de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio el amparo *******, se solicitó el informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de ejecución provenientes de autoridades jurisdiccionales en materia civil que se materializarán dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama, exclusivamente del Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, lo siguiente: El emplazamiento al juicio especial hipotecario *******, del índice del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, seguido por *******, en contra del quejoso. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México aceptó la del juicio especial hipotecario *******, del índice del Juzgado a su cargo, promovido por *******, en contra del quejoso, donde se emplazó a juicio al aquí peticionario de amparo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. No serán materia de análisis la constitucionalidad del acto reclamado, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarla, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgador estima actualizada la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por el cardinal 17 del cuerpo normativo. A su vez, el referido arábigo 17 de la Ley de Amparo, estipula que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; y por su parte, el diverso 18 de la mencionada ley establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De lo anterior se deduce que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de estos tres supuestos: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 115/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163172, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En la especie, el quejoso reclama de la Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México el emplazamiento (practicado por edictos), en el expediente *******, seguido en su contra. Para estar en condiciones de evidenciar porqué el suscrito considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la tramitación de los asuntos que se encuentran radicados en el mismo, por tener acceso a ellos y ser de conocimiento de quien resuelve; tan es así, que incluso pueden ser invocados para actualizar un motivo de improcedencia que dé origen al sobreseimiento del juicio, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 61 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración, la tesis XIII.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXII, de diciembre de 2005, página 2679, del siguiente tenor: HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo. Así, del libro de gobierno que obra en este Juzgado de Distrito se advierte la existencia del juicio de amparo *******, promovido por el propio quejoso, *******, del cual se ordena obtener copia certificada para ser glosada al expediente en que se actúa. En dicho juicio de amparo, la aquí parte quejosa también señaló como antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: [...] I) Es el caso que el suscrito desde hace 16 años, soy el propietario y tengo la plena posesión y dominio del bien inmueble ubicado en *******, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua. II) Que como ya lo he comentado en el antecedente anterior, el suscrito siempre he vivido en el domicilio que menciono, pero es el caso que con fecha 26 de Septiembre del 2016, unas personas las cuales no se identificaron, sólo puedo decir que iban vestidos con vestimenta formal (traje), me manifestaron que me saliera de mi casa sino quería pasar la vergüenza de que me desalojaran, ya que ellos, según manifestaron, ya tenían una orden Judicial de desalojo, emitida por el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal en el expediente ******* en el índice de dicho Juzgado. III) Que en tal orden de ideas, manifestando nuevamente BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el suscrito desconozco totalmente quienes sean las partes materiales, o la acción que se ejercite, o las prestaciones que se demanda, en el expediente ******* del índice del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal y ante el miedo de un posible desalojo es que solicito el amparo y protección de la justicia Federal. [...] Asimismo, en el primero de los conceptos de violación de esa demanda de amparo, el quejoso adujo lo siguiente: PRIMERO. Se transgrede el 14 de nuestra Carta Magna, a razón de que el mismo precepto establece, que para que una persona pueda ser privada de su libertad o derechos se deberá llevar un juicio seguido ante tribunales establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes, y es el caso que en el particular, jamás se me ha notificado de alguna demanda, por la cual pudiera ordenarse una orden de desalojo en contra del suscrito [.] Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite aquella demanda, y a la fecha en que se emite esta resolución, se encuentra pendiente de resolver. Ahora, en la demanda que dio origen al presente asunto, el quejoso nuevamente señaló lo antecedentes relatados, en particular que ".con fecha 26 de Septiembre del 2016, unas personas las cuales no se identificaron, sólo puedo decir que iban vestidos con vestimenta formal (traje), me manifestaron que me saliera de mi casa sino quería pasar la vergüenza de que me desalojaran, ya que ellos, según manifestaron, ya tenían una orden Judicial de desalojo, emitida por el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal en el expediente ******* en el índice de dicho Juzgado.". Asimismo, en el primer concepto de violación de la demanda que hoy se analiza, el quejoso adujo lo siguiente (folio 4): [.] PRIMERO. Se transgrede el 14 de nuestra Carta Magna, a razón de que el mismo precepto establece, que para que una persona pueda ser privada de su libertad o derechos se deberá llevar un juicio seguido ante tribunales establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes. Y es el caso que en el particular, jamás se me ha notificado de ninguna demanda. [.] Lo narrado en la demanda de amparo revela que el quejoso se ostenta en ambos juicios de amparo con el carácter de tercero extraño por equiparación, al referir que: ".jamás se me ha notificado de ninguna demanda."; de la misma manera, revela que tuvo conocimiento de la existencia del juicio del que derivan los actos reclamados desde el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en que diversas personas acudieron a su domicilio le informaron que traían una orden judicial de desalojo emitida por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente *******; y, por último, señaló que el juicio se tramitó sin que el fuera legalmente emplazado, afectando sus derecho de audiencia. A juicio de quien resuelve esas aseveraciones se traducen en una manifestación del promovente que entraña una confesión expresa, en el sentido de que conoció de la existencia del juicio 253/2001 del índice del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México que se entabló en su contra, desde la fecha en que precisó se constituyeron en su domicilio a informarle que debía desalojarlo; lo que en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo 2, primer párrafo, constituye una prueba con pleno valor sobre tal hecho. Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer en carácter de tercero extraño por equiparación, aquel que a pesar de que es parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado o bien fue emplazado de manera defectuosa. Sin embargo, la oportunidad para hacer valer sus derechos e impugnar ese ilegal emplazamiento a través del juicio de amparo, se debe computar a partir del primer momento en que tenga conocimiento del juicio que se entabla en su contra, pues resulta evidente que es cuando conoce de la existencia de un juicio entablado en su contra, que afirma desconocer. En la especie, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de la tramitación del juicio natural, desde el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, pues en esa fecha afirmó que diversas personas se constituyeron en su domicilio y le manifestaron que debía salirse de su casa, en cumplimiento a una orden Judicial de desalojo, emitida por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal en el expediente *******. Por tanto, es inconcuso, que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que deriva del hecho que la inconforme, como ya se precisó, desde el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis conoció de la existencia de un juicio al que no se le emplazó, tan es así que oportunamente formuló diversa demanda de amparo, en la que en sus conceptos de violación también adujo el no haber sido emplazado al referido juicio. De esta manera, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que la parte accionante tuvo conocimiento de los actos que reclama y no aquella en que adujo haber conocido de los actos con motivo del informe justificado que se rindió en aquel juicio *******, pues la rendición de ese informe justificado no constituye una nueva oportunidad para reclamar un acto que ya conocía con antelación. Así, toda vez que el impetrante del amparo, se enteró de la existencia del juicio al que considera que no se le emplazó correctamente desde el veintiséis de septiembre precitado, el plazo para promover la demanda de amparo contra el aludido emplazamiento, transcurrió del veintisiete de septiembre al dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, sin contar dentro de ese lapso los días uno, dos, ocho, nueve, doce, quince y dieciséis de octubre, por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto se presentó el veinticinco de noviembre de aquel año, es evidente que la acción de amparo en contra del emplazamiento se formuló en forma extemporánea, pues, se itera, el quejoso ya conocía de la existencia del juicio entablado en su contra desde el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, como lo refirió. Las anteriores circunstancias ponen de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, lo cual conlleva al sobreseimiento del presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 13, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de registro 393969, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. A mayor abundamiento, en el presente caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de control de constitucionalidad deviene improcedente cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones procesales sean diversas. Esto es así, porque el carácter de tercero extraño con el que se ostenta en el presente asunto, será materia de análisis en el diverso juicio de amparo *******, del índice de este Juzgado; por ende, si se considera que el efecto esta figura procesal de improcedencia consiste en que, tras la presentación de una demanda, en contra de la misma autoridad responsable, el propio quejoso se encuentra impedido para seguir un nuevo juicio contra la autoridad responsable, sobre la misma materia, que en la especie lo constituye el hecho de ostentarse tercero extraño a la controversia de la que emanan los actos reclamados, es evidente que la diversa causal de improcedencia que se actualiza en el presente juicio, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la constitucionalidad del acto reclamado en ambos juicios es materia de análisis en el juicio de amparo en el que previamente se promovió y, por ende, la inconstitucionalidad alegada no dejará de ser analizada, con motivo del sobreseimiento decretado en el presente fallo, al tiempo en que el mismo reclamado, por imperativo legal, solamente puede analizarse en una sola ocasión, pues es evidente que ello debe ocurrir con el dictado de la sentencia del juicio que se promovió en primer término. En las relacionadas circunstancias, al quedar actualizadas las causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 61, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, respecto del acto y autoridad que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, quien actúa con el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual remite el exhorto ******* de su índice, debidamente diligenciado, el cual se deriva del diverso *******, de este Juzgado. Como lo solicita acúsese recibo de estilo. Ahora, toda vez que la parte tercero interesada no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió para tal efecto, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de seis de marzo del presente año, y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, en términos de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento de la tercera interesada *******; por tal motivo, existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil diecisiete, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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