Javier Gasca Rodríguez
Expediente 64/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Gasca Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta que suscribe el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del título de concesión, de su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, así como de su notificación a la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, la omisión de notificar el título de concesión emitido con motivo de la resolución contenida en el oficio BOO.910.01.1/007942, de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente GUA-L-0910-27-04-17. Del Titular del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de inscribir el título de concesión producto de la resolución contenida en el oficio antes descrito. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitió el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, se desprende que: El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió el oficio BOO.910.01.1/007942, que dio respuesta a la petición realizada por el quejoso el veintisiete de abril del año en cita, declarándose procedente su solicitud de concesión. Con motivo de lo anterior se emitió el título de concesión 08GUA159913/12ADDL18, el cual quedó debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua, el veintidós de febrero del año en curso. La emisión de dicho título, así como su inscripción, se notificó a la parte quejosa el quince de los actuales. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable emitió el título de concesión 08GUA159913/12ADDL18, que se declaró procedente en el oficio BOO.910.01.1/007942, de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente GUA-L-0910-27-04-17, y le notificó a éste dicha determinación, así como la correspondiente inscripción del título en el Registro Público de Derechos de Agua, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del título de concesión en respuesta a su solicitud presentada, así como con la notificación a la parte quejosa de su emisión y su correspondiente inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la omisión reclamada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio de cuenta que suscribe el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del título de concesión, de su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, así como de su notificación a la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, la omisión de notificar el título de concesión emitido con motivo de la resolución contenida en el oficio BOO.910.01.1/007942, de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente GUA-L-0910-27-04-17. Del Titular del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de inscribir el título de concesión producto de la resolución contenida en el oficio antes descrito. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitió el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, se desprende que: El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió el oficio BOO.910.01.1/007942, que dio respuesta a la petición realizada por el quejoso el veintisiete de abril del año en cita, declarándose procedente su solicitud de concesión. Con motivo de lo anterior se emitió el título de concesión 08GUA159913/12ADDL18, el cual quedó debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua, el veintidós de febrero del año en curso. La emisión de dicho título, así como su inscripción, se notificó a la parte quejosa el quince de los actuales. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable emitió el título de concesión 08GUA159913/12ADDL18, que se declaró procedente en el oficio BOO.910.01.1/007942, de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente GUA-L-0910-27-04-17, y le notificó a éste dicha determinación, así como la correspondiente inscripción del título en el Registro Público de Derechos de Agua, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del título de concesión en respuesta a su solicitud presentada, así como con la notificación a la parte quejosa de su emisión y su correspondiente inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la omisión reclamada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación que antecede, se advierte que para esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional, así como que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido en proveído de veinte de los actuales al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, para que remita copia certificada del título de concesión, de su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, así como de su notificación a la parte quejosa; en consecuencia, se difiere y se fijan las once horas del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, para su verificativo.
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