Javier Enrique Patiño Espitia
Expediente 736/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Enrique Patiño Espitia
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 457/2021, que se le envió para notificar a la parte quejosa, el proveído de seis de octubre hogaño; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos de la Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 736/2021-III. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar que la parte quejosa esencialmente reclama: El auto de ocho de septiembre hogaño, dictado por la Juez Segundo Penal de Partido en esta ciudad, en la causa penal *************(antes causa penal ************), instruida en contra del aquí quejoso **************, en el que negó el cambio de sistema de justicia penal tradicional al acusatorio para su continuación y resolución. En ese sentido, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 4 transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, cuyos dispositivos: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho: Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." De las citadas disposiciones legales, se desprende que la improcedencia en el juicio de amparo puede derivar de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el caso es la restricción para los procesos penales iniciados previamente a la entrada en vigor del sistema acusatorio, que deben concluirse conforme con las disposiciones que regían antes de que cobrara aplicación dicha reforma. En efecto, si bien en la reforma de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se establecieron las bases, requisitos, características y principios que rigen el procedimiento del sistema de justicia penal adversarial en nuestro país, también lo es que se fijaron limitantes para su aplicación antes de la indicada fecha. Entonces, para establecer la vigencia de la aludida reforma constitucional debe tenerse en cuenta el artículo segundo transitorio, que reza de la siguiente manera: Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales." -lo resaltado es propio- Por ello, si la causa penal se radicó en dos mil siete, es evidente que las reformas que modificaron el sistema de justicia penal el dieciocho de junio de dos mil dieciocho son inaplicables, debido a que la vigencia es posterior a la fecha en la que se inició la causa penal de origen 104/2007 cuyo trámite comenzó en dos mil siete, (posteriormente en dos mil veintiuno se reactivó asignándosele el número 1/2021). Esto es así, porque el artículo primero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación adjetiva del sistema procesal penal acusatorio), entró en vigor el uno de octubre de dos mil quince, toda vez que la declaratoria de inicio de vigencia para el estado de Guanajuato fue a partir de esa fecha, como se advierte de la página del Congreso de la Unión con la siguiente dirección: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/declara/cnpp.htm En conclusión: si por disposición expresa del decreto en mención los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio deben ceñirse a las disposiciones adjetivas vigentes al inicio de la investigación, es claro que el juicio de amparo deviene improcedente, dado que se cuestionaría la legalidad de una prohibición constitucional, como la que se ha desarrollado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****************; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Único Civil de Partido, en el Estado de Guanajuato, con residencia en aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene se notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el indicado domicilio, y la requiera para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que se constituya en el Centro Estatal de Prevención Social en esta ciudad, y notifique el presente proveído a la parte quejosa. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************ al contar con cédula profesional *********** inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. En otro orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a los promoventes para que: I. De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
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