Javier Gallegos Garcia

Expediente 229/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 46 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
229/2022
Año
2022
Actuaciones
46
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Javier Gallegos Garcia
  • Karla Grisel Garcia Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ... Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en atención al proveído dictado en los autos del juicio de amparo 229/2022 de este índice, en el que se declinó competencia a su favor, solicita le sea remitido el billete de depósito N ****, exhibido por la parte quejosa en el incidente de suspensión derivado del citado juicio. En consecuencia, procédase a realizar la transferencia del billete de depósito N *****, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quien ahora conoce del juicio de amparo promovido por ******, a nombre y representación de su hijo menor de edad de iniciales J.G.G., para los efectos legales a que haya lugar; solicítese comedidamente el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese para que obre como corresponda, los oficios signados por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante los cuales informa que acepta la competencia declinada por este Juzgado Federal y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 229/2022, promovido por **********, en representación de su hijo menor de edad de iniciales J.G.G. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en los artículos 21, primer párrafo, inciso j) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el cual se declaró incompetencia para seguir conociendo del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación, y, una vez que transcurran tres años desde esta fecha, dentro del plazo de treinta días procede la destrucción del expediente y la remisión de la baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finamente, mediante oficio que dimane del presente proveído, remítanse al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, la constancia de notificación del proveído de doce de julio del año en curso, practicada al tercero interesado y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo de los que se advierte que en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 860/2020, promovido por María Isabel Monzuri Navarro, quien reclamó actos derivados del juicio ejecutivo mercantil 1243/1996 del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México; en consecuencia, del análisis de los mismos y al existir un hecho notorio que el presente juicio de amparo y el aludido juicio del índice del referido Juzgado Octavo de Distrito, tienen relación con el juicio ejecutivo mercantil 1243/1996, del que deriva el acto aquí reclamado; se provee lo siguiente: 1).- Incompetencia por conocimiento previo. Esta juzgadora considera carecer de competencia legal para conocer el presente asunto, y considera que quien debe conocer del juicio en que se actúa es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por ser quien tiene el último antecedente, en atención a las razones que enseguida se exponen: De la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, se advierte que el juicio de amparo 860/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, fue promovido por María Isabel Monzuri Navarro, en el que reclamó del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, lo siguiente: "Del C. JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, esta autoridad como ORDENADORA Y EJECUTORA, TANTO DEL TOTAL DEL PROCEDIMIENTO COMO DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESE JUICIO, mismo procedimiento que se radicó y se llevó a cabo en el expediente civil número 1243/1996, Juicio Ejecutivo Mercantil, de la Secretaría "A", en el cual se me causan perjuicios en mis derechos personales y de posesión, por no haber sido llamada a juicio, ni fue parte de dicho juicio y no haber sido OÍDA NI VENCIDA EN EL MISMO y por habérseme privado de mi derecho de defensa en dicho proceso. El anterior acto reclamado realizado por la responsable violentando las leyes del procedimiento, causan molestia en las posesiones y derechos de la suscrita, conculcando con ello las garantías de seguridad jurídica y de igualdad establecidas en nuestra Carta Magna, dado el hecho de que la suscrita ME ENCUENTRO EN POSESIÓN LEGAL del bien inmueble que se pretende afectar en EJECUCIÓN DE SENTENCIA, en favor del tercero interesado, señor GUILLERMO PÉREZ DE LEÓN SALDAÑA, sin que el mismo tenga derecho alguno a pretender tener en su posesión dicho inmueble que poseo, y por ello es que se reclaman en esta vía los actos de la responsable ordenadora, sin que tenga validez legal todo el procedimiento seguido ante la misma, como dicha determinación judicial". (sic) En efecto, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, registró la mencionada demanda con el número de juicio de amparo indirecto 860/2020-III, la admitió a trámite; y, entre otras cosas, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el procedimiento en todas sus fases, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional en la que se dictó sentencia, cuyo único punto resolutivo es: 'ÚNICO: SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARÍA ISABEL MONZURI NAVARRO, respecto de la autoridad y actos precisados en el considerando tercero, por las razones y fundamentos vertidos en el considerando cuarto de este fallo.". Inconforme con lo anterior María Isabel Monzuri Navarro, interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, quien por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, lo registró con el número 98/2021, y el quince de octubre de dos mil veintiuno resolvió declarar incompetente legal al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del asunto, por lo cual revocó la sentencia recurrida. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgado su existencia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 194/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES". Por tanto, este juzgado federal considera que no es competente para conocer el presente asunto, toda vez que los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversos disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintidós, prevén, en lo que interesa, la forma relacionada en que los asuntos se turnaran mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial. Conforme a lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo indirecto encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 46, fracción II, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, con base en que los juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos. Es necesario precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un aspecto más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto, el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el juicio de amparo indirecto, sea promovido contra un acto de autoridad, aunque las partes no sean las mismas, que previamente haya conocido una autoridad de amparo -que tenga como último antecedente del asunto-. En ese sentido, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el presente asunto y declina competencia al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. Por tanto, remítase al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, el presente juicio de amparo, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, solicitando atentamente, el acuse de recibo relativo e informe si acepta o no la competencia planteada. Sin que obste a lo anterior, la resolución dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión civil 98/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en la que determinó: PRIMERO. Se declara la incompetencia legal del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del asunto, por lo cual se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, remitir las constancias al Juez de Distrito competente en la Ciudad de México para que resuelva la litis constitucional de acuerdo con sus atribuciones. Toda vez que dicha ejecutoria no es aplicable al presente caso en concreto, por lo establecido en su considerando sexto, que en lo aquí interesa se transcribe: SEXTO. Incompetencia. (.) De la interpretación de los artículos transcritos se advierte que cuando el acto reclamado requiera ejecución material es juez competente para conocer de la demanda de amparo el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute, deba tener ejecución o, bien, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Es de señalar que de las constancias glosadas al juicio de control constitucional se advierte que María Isabel Monzuri Navarro promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridad ordenadora y ejecutora al Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, con sede en la Ciudad de México (denominación precisada por el juez de Distrito) y como actos reclamados, la ejecución material, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1243/1996, así como la orden de desposesión del bien inmueble ubicado en calle Gardenia, número ocho, Colonia Satélite, Cuernavaca, Morelos. El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, precisó que en el juicio ejecutivo mercantil 1243/1996 dictó sentencia definitiva contra los demandados José Carlos García Monzuri y Griselda Medina Sandoval; que la parte actora inició la ejecución de la sentencia definitiva hasta el remate del inmueble embargado y que mediante sentencia interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de causahabiencia promovido por la actora, por lo que el requerimiento de desocupación del bien raíz embargado y, posteriormente, la orden de lanzamiento decretada en el juicio fue contra el causahabiente Pedro Rodolfo Rosales González. Máxime, porque de las constancias del juicio de amparo indirecto no se advierte que la quejosa hubiere atribuido algún acto a alguna autoridad con jurisdicción en el Estado de Morelos. En esa guisa, es claro que quien es competente para dictar la resolución del juicio de amparo de que se trata, es el Juez de Distrito en materia civil en turno en la ciudad de México, conforme con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 de la Ley de Amparo, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad ordenadora y ejecutora de los actos reclamados señalados por la parte quejosa. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el embargo del bien inmueble a que hace alusión la autoridad señalada como responsable, posiblemente sea el mismo que refirió la quejosa y esté ubicado en el Estado de Morelos, pues, como se dijo, no se señaló autoridad alguna con jurisdicción en esta entidad federativa a la que se le pudiera atribuir algún acto. En esa guisa, es que no asiste razón al juez de Distrito recurrido en cuanto a que le resultó competencia porque ".se reclaman actos de índole civil atribuidos a una autoridad en esa materia, cuya ejecución podrían materializarse en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. (.)" Lo anterior, es así porque del escrito inicial de demanda se advierte que la aquí quejosa, señala como autoridades responsables -ordenadora- al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca Morelos, y -ejecutora- a la actuaria adscrita a dicho juzgado, y dicho juez señalado como responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, aclarando que tiene radicado el exhorto 61/2022, en el que se ordenó que por conducto de la fedataria adscrita procediera al lanzamiento correspondiente de las personas que se encontraran ocupando el bien inmueble que por esta vía defiende la parte quejosa; en consecuencia, ahora, son señaladas las autoridades del Estado de Morelos como responsables, a efecto de ejecutar la orden de desocupación, desalojo y entrega del citado inmueble; de ahí que se considera que no se surte la hipótesis por la que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, ordenó la competencia al Juez de Distrito en materia civil en turno en la Ciudad de México, Finalmente, una vez notificado el presente acuerdo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Déjese sin efectos la hora y fecha de las audiencias constitucional e incidental señaladas en autos, así como las providencias decretadas en los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo de los que se advierte que en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 860/2020, promovido por María Isabel Monzuri Navarro, quien reclamó actos derivados del juicio ejecutivo mercantil 1243/1996 del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México; en consecuencia, del análisis de los mismos y al existir un hecho notorio que el presente juicio de amparo y el aludido juicio del índice del referido Juzgado Octavo de Distrito, tienen relación con el juicio ejecutivo mercantil 1243/1996, del que deriva el acto aquí reclamado; se provee lo siguiente: 1).- Incompetencia por conocimiento previo. Esta juzgadora considera carecer de competencia legal para conocer el presente asunto, y considera que quien debe conocer del juicio en que se actúa es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por ser quien tiene el último antecedente, en atención a las razones que enseguida se exponen: De la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, se advierte que el juicio de amparo 860/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, fue promovido por María Isabel Monzuri Navarro, en el que reclamó del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, lo siguiente: "Del C. JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, esta autoridad como ORDENADORA Y EJECUTORA, TANTO DEL TOTAL DEL PROCEDIMIENTO COMO DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESE JUICIO, mismo procedimiento que se radicó y se llevó a cabo en el expediente civil número 1243/1996, Juicio Ejecutivo Mercantil, de la Secretaría "A", en el cual se me causan perjuicios en mis derechos personales y de posesión, por no haber sido llamada a juicio, ni fue parte de dicho juicio y no haber sido OÍDA NI VENCIDA EN EL MISMO y por habérseme privado de mi derecho de defensa en dicho proceso. El anterior acto reclamado realizado por la responsable violentando las leyes del procedimiento, causan molestia en las posesiones y derechos de la suscrita, conculcando con ello las garantías de seguridad jurídica y de igualdad establecidas en nuestra Carta Magna, dado el hecho de que la suscrita ME ENCUENTRO EN POSESIÓN LEGAL del bien inmueble que se pretende afectar en EJECUCIÓN DE SENTENCIA, en favor del tercero interesado, señor GUILLERMO PÉREZ DE LEÓN SALDAÑA, sin que el mismo tenga derecho alguno a pretender tener en su posesión dicho inmueble que poseo, y por ello es que se reclaman en esta vía los actos de la responsable ordenadora, sin que tenga validez legal todo el procedimiento seguido ante la misma, como dicha determinación judicial". (sic) En efecto, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, registró la mencionada demanda con el número de juicio de amparo indirecto 860/2020-III, la admitió a trámite; y, entre otras cosas, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el procedimiento en todas sus fases, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional en la que se dictó sentencia, cuyo único punto resolutivo es: 'ÚNICO: SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARÍA ISABEL MONZURI NAVARRO, respecto de la autoridad y actos precisados en el considerando tercero, por las razones y fundamentos vertidos en el considerando cuarto de este fallo.". Inconforme con lo anterior María Isabel Monzuri Navarro, interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, quien por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, lo registró con el número 98/2021, y el quince de octubre de dos mil veintiuno resolvió declarar incompetente legal al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del asunto, por lo cual revocó la sentencia recurrida. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgado su existencia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 194/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES". Por tanto, este juzgado federal considera que no es competente para conocer el presente asunto, toda vez que los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversos disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintidós, prevén, en lo que interesa, la forma relacionada en que los asuntos se turnaran mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial. Conforme a lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo indirecto encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 46, fracción II, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, con base en que los juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos. Es necesario precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un aspecto más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto, el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el juicio de amparo indirecto, sea promovido contra un acto de autoridad, aunque las partes no sean las mismas, que previamente haya conocido una autoridad de amparo -que tenga como último antecedente del asunto-. En ese sentido, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el presente asunto y declina competencia al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. Por tanto, remítase al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, el presente juicio de amparo, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, solicitando atentamente, el acuse de recibo relativo e informe si acepta o no la competencia planteada. Sin que obste a lo anterior, la resolución dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión civil 98/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en la que determinó: PRIMERO. Se declara la incompetencia legal del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del asunto, por lo cual se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, remitir las constancias al Juez de Distrito competente en la Ciudad de México para que resuelva la litis constitucional de acuerdo con sus atribuciones. Toda vez que dicha ejecutoria no es aplicable al presente caso en concreto, por lo establecido en su considerando sexto, que en lo aquí interesa se transcribe: SEXTO. Incompetencia. (.) De la interpretación de los artículos transcritos se advierte que cuando el acto reclamado requiera ejecución material es juez competente para conocer de la demanda de amparo el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute, deba tener ejecución o, bien, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Es de señalar que de las constancias glosadas al juicio de control constitucional se advierte que María Isabel Monzuri Navarro promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridad ordenadora y ejecutora al Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, con sede en la Ciudad de México (denominación precisada por el juez de Distrito) y como actos reclamados, la ejecución material, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1243/1996, así como la orden de desposesión del bien inmueble ubicado en calle Gardenia, número ocho, Colonia Satélite, Cuernavaca, Morelos. El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, precisó que en el juicio ejecutivo mercantil 1243/1996 dictó sentencia definitiva contra los demandados José Carlos García Monzuri y Griselda Medina Sandoval; que la parte actora inició la ejecución de la sentencia definitiva hasta el remate del inmueble embargado y que mediante sentencia interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de causahabiencia promovido por la actora, por lo que el requerimiento de desocupación del bien raíz embargado y, posteriormente, la orden de lanzamiento decretada en el juicio fue contra el causahabiente Pedro Rodolfo Rosales González. Máxime, porque de las constancias del juicio de amparo indirecto no se advierte que la quejosa hubiere atribuido algún acto a alguna autoridad con jurisdicción en el Estado de Morelos. En esa guisa, es claro que quien es competente para dictar la resolución del juicio de amparo de que se trata, es el Juez de Distrito en materia civil en turno en la ciudad de México, conforme con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 de la Ley de Amparo, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad ordenadora y ejecutora de los actos reclamados señalados por la parte quejosa. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el embargo del bien inmueble a que hace alusión la autoridad señalada como responsable, posiblemente sea el mismo que refirió la quejosa y esté ubicado en el Estado de Morelos, pues, como se dijo, no se señaló autoridad alguna con jurisdicción en esta entidad federativa a la que se le pudiera atribuir algún acto. En esa guisa, es que no asiste razón al juez de Distrito recurrido en cuanto a que le resultó competencia porque ".se reclaman actos de índole civil atribuidos a una autoridad en esa materia, cuya ejecución podrían materializarse en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. (.)" Lo anterior, es así porque del escrito inicial de demanda se advierte que la aquí quejosa, señala como autoridades responsables -ordenadora- al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca Morelos, y -ejecutora- a la actuaria adscrita a dicho juzgado, y dicho juez señalado como responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, aclarando que tiene radicado el exhorto 61/2022, en el que se ordenó que por conducto de la fedataria adscrita procediera al lanzamiento correspondiente de las personas que se encontraran ocupando el bien inmueble que por esta vía defiende la parte quejosa; en consecuencia, ahora, son señaladas las autoridades del Estado de Morelos como responsables, a efecto de ejecutar la orden de desocupación, desalojo y entrega del citado inmueble; de ahí que se considera que no se surte la hipótesis por la que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, ordenó la competencia al Juez de Distrito en materia civil en turno en la Ciudad de México, Finalmente, una vez notificado el presente acuerdo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Déjese sin efectos la hora y fecha de las audiencias constitucional e incidental señaladas en autos, así como las providencias decretadas en los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

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