Javier Flores Diaz

Expediente 2074/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2074/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
10/04/2017

Partes del expediente

  • Javier Flores Diaz
  • JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILlACION y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 10220, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la autoridad responsable antes referida, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen 1087/2016 en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 9395, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la cédula de notificación de treinta de marzo del año en curso. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la autoridad responsable antes referida, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acredite fehacientemente las gestiones que realiza para lograr el emplazamiento de los demandados Global Preser S.A. de C.V. y Gas Global Corporativo S.A. de C.V., en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Por otra parte, se tiene por recibido el escrito con folio 8334 signado por la apoderada de la parte quejosa, atento a su contenido dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 2074/2016, promovido por Javier Flores Díaz, por conducto de su apoderada; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de casa una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Sin que exista promoción pendiente por acordar, se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que anexó a su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el actuario de su adscripción, relativas al expediente laboral 1087/16. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las parte los formuló, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 2074/2016, promovido por Javier Flores Díaz, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada el mismo día a este Juzgado, Javier Flores Díaz, solicitó el amparo en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y actuario de su adscripción, por el acto siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consiste en la omisión por parte de la responsable, H. Junta Especial Número Treinta v Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al ser omisa en dictar acuerdo dentro de las veinticuatro horas al momento de recibir la demanda en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda, así como en notificar dicho acuerdo personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, generando con ello un notorio retardo u omisión del trámite del juicio natural, ya que las autoridad responsable no atiende cabalmente el procedimiento establecido por la ley. Por lo que debe otorgárseme el amparo para que procedan con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes al reclamado en estricto apego a los plazos y términos que indica la ley de la materia, pues sólo así podrán cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, es decir, que se desahogue todo el procedimiento dentro de los plazos términos legales establecidos. " SEGUNDO. Por auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 2074/2016, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que la publicación de la sentencia se haría con la supresión sus datos personales. Sin que exista la obligación de llamar a la contraparte del quejoso a esta contienda, toda vez que lo que se reclama en este juicio constitucional, es la falta de llamamiento de la parte demandada al juicio laboral de origen. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por la Junta Especial Número de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación Clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación Clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." El acto de molestia se hace consistir en: *La omisión de la responsable de admitir la demanda y emplazar a la parte demandada, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el expediente del juicio laboral 1087/16, así como tramitar el juicio en los términos de ley. TERCERO. La Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidenta, y el actuario de su adscripción al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como anexo a su informe, de las que se advierte, que por lo menos en el momento en que el quejoso presentó la demanda de amparo, no se había emplazado a juicio a la parte demandada, lo cual es suficiente para tener por cierto, de manera parcial, el acto reclamado el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En este contexto, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado si bien admitió la certeza de los actos reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitió se advierte que, la demanda laboral promovida por el quejoso ante la responsable fue admitida el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en particular respecto de esa omisión reclamada. En efecto, Javier Flores Díaz reclama la falta de radicación de la demanda laboral y el señalamiento de fecha para el desahogo de la audiencia bifásica, acto que no existe, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó el referido auto de radicación de la demanda. Conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias certificadas y remitidas por el tribunal laboral, tienen pleno valor probatorio. En ese contexto, como se adelantó, no existe el acto reclamado por la quejosa consistente en la falta de radicación de la demanda laboral y el señalamiento de fecha para el desahogo de la audiencia bifásica, ya que como se advierte de la documental remitida como anexo a los informes de las responsables Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto que el quejoso hizo consistir en la falta de radicación de la demanda laboral. QUINTO En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado consistente en el la falta de emplazamiento de la parte demanda en el juicio laboral 1087/16. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Lo que se efectúa con apoyo en la tesis VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". En este Contexto, son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la solicitante del amparo, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como en seguida se verá: En principio cabe indicar que de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión en que incurre la Junta responsable al no emplazar a juicio a la parte demandada en el juicio laboral de origen, dentro del término que señala el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de las constancias enviadas por la junta responsable relativas al expediente del expediente laboral 1087/16, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte lo siguiente: Que mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda presentada ante la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, data en la que se fijo fecha para el verificativo de la audiencia de ley. No obstante lo anterior, hasta el momento en que dicta la presente sentencia, no existe constancia de que la responsable hubiere emplazado a juicio a la parte demandada en el juicio laboral de origen, lo anterior dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el expediente del juicio laboral de origen. Ahora, en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, se establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De la trascripción anterior se advierte que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En relación al tema que nos ocupa, los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, se establece: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario". "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días". De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; en el artículo 771 se reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Asimismo, de una interpretación adecuada de los preceptos jurídicos trascritos en líneas que anteceden, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. De esta guisa el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Como ya quedó plasmado, de las constancias analizadas se advierte que, desde el seis de abril de dos mil dieciséis, en que se ordenó emplazar a la parte demandada, hasta este momento la junta responsable no la ha emplazado en el expediente laboral de origen, lo que motivará el retraso en el procedimiento; pues ha provocará que la audiencia de ley no se desahogue dentro de los plazos legales, en razón de la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, sin que la responsable justifique legalmente el retardo en que ha incurrido. De esta manera, se tiene que la autoridad responsable ha vulnerado la garantía de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que de las constancias se advierte entre otras cosas, la falta de emplazamiento oportuna de la parte demandada y la procuración de las medidas necesarias para lograr la mayor economía del proceso, ya que si bien, pronunció el auto admisorio, señaló fecha para la audiencia de ley, así como ordenó el emplazamiento de la parte demandada y la notificación de dicho acuerdo a las partes, de manera personal; sin embargo, a la fecha en que remitió copias certificadas del expediente laboral 1087/16, aún no se había emplazado a la parte demandada en el juicio laboral, lo que pone de manifiesto que el juicio laboral no se ha desarrollado en los términos señalados en los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en la omisión de proveer lo conducente a fin de lograr la mayor economía del proceso, así como de vigilar de que los procesos tramitados no queden inactivos y se notifiquen sus determinaciones a efecto de lograr que se desahoguen, dentro de los términos establecidos, la audiencia de ley, señalada en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de lo cual no ha cumplido la responsable; de ahí que resulte fácil apreciar que no se acató por la responsable entre otros, el plazo que imponen los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, porque el procedimiento laboral deberá ser público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo, entre ellas, lograr el emplazamiento de la parte demandada. Con base en lo anterior, resulta indudable concluir que la Junta responsable ha rebasado en exceso los plazos establecidos en la ley y, con ello, la garantía de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, cabe mencionar que por regla general los órganos encargados de administrar justicia, deben observar el mandato constitucional referido con arreglo a las leyes ordinarias, respetando los plazos y términos que para el efecto las mismas determinen. Para ello se retoman algunos de los conceptos previamente establecidos. La dilación en la tramitación del procedimiento o la omisión de tramitarlo, constituyen violaciones de carácter negativo o abstenciones de la autoridad, para desarrollarlo conforme a los plazos y términos legalmente establecidos. El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la autoridad responsable: 1. A que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate; y, 2. A cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de ser favorable a los intereses de la parte quejosa, logre restituirla en el goce de la garantía individual violada. En ese tenor, si el artículo 17 Constitucional, en la parte conducente, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, sea porque no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos establecidos para ese fin o porque omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento y durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a los cuales la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente. En relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, Javier Flores Díaz, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, proceda en forma expedita a continuar el procedimiento conforme a los plazos y términos legales, en relación a la etapa procesal en que se encuentre, lo cual implica que realice los actos subsecuentes a los reclamados para tal fin, que en la especie resulta ser el señalamiento de fecha y hora de la audiencia bifásica, dentro de los términos previsto en la ley, así como lograr el emplazamiento de la parte demandada, en el juicio laboral de origen, dictando las determinaciones y actuaciones que conforme a derecho proceda para lograr tal fin, pues sólo de esa manera podrá respetar y cumplir lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para desahogar los procedimientos sometidos a su conocimiento dentro de los plazos y términos señalados en la ley, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. Sin que los alcances de la ejecutoria puedan llegar al extremo de obligar a la junta responsable a que continúe con el juicio hasta el dictado del laudo, como pretende el justiciable, pues como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por su contenido, es aplicable al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, del texto literal que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Javier Flores Díaz, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Flores Díaz, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado que autoriza y da fe.- Doy fe.

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