Javier Enrique Escalante Estrella
Expediente 1784/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1784/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Javier Enrique Escalante Estrella
Actuaciones
- Principal
MESA III. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe previo, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio con el que se le requirió. Asimismo, se aprecia que es un hecho notorio que mediante proveído de la misma data, en autos del expediente principal de donde derivan los presentes autos, se requirió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que informe a este Órgano Jurisdiccional qué Juzgado tiene a su cargo los expedientes relativos al Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en la Ciudad de México, en específico el expediente 763/2007, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por "Proyectos Adamantine", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en contra de José Antonio Salazar Cayetano y Martha Irlanda García Rodríguez, ya que es necesario que la autoridad responsable tenga conocimiento de la demanda de amparo en la que fue señalada como responsable. Por tanto, para dar margen a lo anterior y una vez que la autoridad requerida dé cumplimiento al requerimiento contenido en el citado proveído de esta misma fecha, en el expediente principal, se acordará lo conducente a los presentes autos incidentales, por lo que difiere la audiencia incidental señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Incidental
MESA V. RESUELVE: PRIMERO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... SEGUNDO.- EN ACATAMIENTO A LO RESUELTO, CAPTÚRESE EL DIA DE SU PUBLICACION LA PRESENTE SENTENCIA EN VERSION PUBLICA...
- Incidental
MESA III. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovida ...por su propio derecho y representante de sus hijas menores de edad ....contra actos del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad, con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto de los actos que reclama de las autoridades responsables, consistentes en la orden de desalojo de fecha doce de noviembre del presente año, emitida en los autos del expediente 78/2019, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, promovido por Celibi Novelo Escalante, en contra del aquí quejoso Javier Enrique Escalante Estrella; se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL por tratarse de actos consumados, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la suspensión definitiva que se pronuncie en el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia registrada bajo el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." Por otra parte, por lo que refiere a las consecuencias del acto reclamado por el quejoso, derivadas del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se dictaron diversas medidas cautelares en contra del ahora quejoso JAVIER ENRIQUE ESCALANTE ESTRELLA, entre las que se encuentran: 1. El desalojo del quejoso del domicilio conyugal. 2. Se prohíbe al quejoso acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente Celibi Novelo Escalante. 3. Se prohíbe a Escalante Estrella amenazar o cometer personalmente o a través de otra persona, cualquier tipo de violencia, llámese física, psicológica, sexual, económica o cualquier otra forma que lesione o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de Novelo Escalante. 4. Se prohíbe al nombrado quejoso intimidar, molestar, llamar por teléfono o comunicarse con Novelo Escalante. Al respecto, es dable señalar, que las medidas de protección dictadas en el juicio de origen, por el Juez familiar, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, en términos del penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, no son susceptibles de ser suspendidos; por tanto, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, por lo que a dicho acto se refiere y únicamente por cuanto al directo quejoso JAVIER ENRIQUE ESCALANTE ESTRELLA. Ahora bien, respecto de las consecuencias del acto reclamado por cuanto a las menores María del Rosario y Jazmín Gizel, ambas de apellidos Escalante Novelo, debe decirse que de la revisión del propio acto reclamado, que adjuntó la parte quejosa con su escrito de demanda, se advierte que las medidas de restricción decretadas en auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, están dictadas únicamente en contra del directo quejoso JAVIER ENRIQUE ESCALANTE ESTRELLA; de ahí, que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, no ha lugar a dictar medida cautelar solicitada al apreciarse que si bien el quejoso acude en representación de sus menores hijas, el acto reclamado únicamente se encuentra dirigido a éste y no respecto de las menores. Asimismo, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la parte quejosa a su demanda y escrito aclaratorio y cuya certificación se ordenó en los autos principales de donde derivan estos incidentes. Finalmente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita la totalidad de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado ...por su propio derecho y quien se ostenta representante de sus hijas menores de edad ...con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de diecinueve de diciembre del presente año; por tanto, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, se reconoce al ocursante la personalidad con que se ostenta, en términos de las actas de nacimiento con números de folio A31-2608737 y A31-2608738, expedidas a nombre de ...por la Directora del Registro Civil del Estado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado, el desalojo del bien inmueble que es su hogar, así como la ilegal notificación. En primer término, se considera importante destacar que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entraron en vigor las reformas, entre otros, del artículo 103 de la Constitución Federal (publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), que dice: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Asimismo, cobra relevancia la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales, respectivamente, disponen: "ARTICULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "ARTICULO 5o- Son partes en el juicio de amparo: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) - - - XXII (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Así tenemos que conforme a la fracción I del artículo 103 de la Constitución (reformada), así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, se establece que corresponde a los Tribunales de la Federación resolver toda controversia que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que es necesario para la procedencia de esta vía, que el acto que se reclame provenga de una autoridad, entendiéndose como tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Luego, en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que dichas nota, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Además dichos criterios son orientadores para determinar en términos del arábigo 5, fracción II, párrafo segundo, cuales actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable atribuir el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, conviene tener en cuenta que la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente, el desalojo del bien inmueble que es su hogar, así como la ilegal notificación. Ahora bien, este resolutor considera que en este caso, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, porque el acto del que se duele el peticionario de amparo, tiene su origen en un actuar de la responsable, y si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del Juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento por ende en términos de lo dispuesto por el artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo, es a éste a quien en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del Juzgado. Lo anterior, se encuentra reflejado, en la tesis siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. En conclusión de todo lo antes expuesto, este tribunal de amparo estima que el acto reclamado al Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, nombrada como responsable, no constituye actos de autoridad, porque si bien, el artículo 103 constitucional, en su fracción I y el artículo 1o., fracción I de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de garantías procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o bien actos de particulares en los casos señalados en la ley, lo cierto es, que para la procedencia del juicio de amparo, no es suficiente con que se reclame una violación a dichos derechos, sino que es necesario que la contravención a esos derechos humanos y garantías, se atribuya a una autoridad o un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, si la violación de derechos fundamentales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente, tal y como acontece en el caso específico. Por lo que se concluye que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, del mismo ordenamiento; aplicado a contrario sensu; y, por ende, lo procedente es DESECHAR PARA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR Javier Enrique Escalante Estrella, por su propio derecho y representante de sus hijas menores de edad María del Rosario y Jazmín Gizel, ambas de apellidos Escalante Novelo, únicamente respecto del Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo, promovida por Javier Enrique Escalante Estrella, por su propio derecho y representante de sus hijas menores de edad María del Rosario y Jazmín Gizel, ambas de apellidos Escalante Novelo, contra actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y de otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, los que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten, apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la demanda de amparo suscrita por la parte quejosa, se desprende que se encuentran en pugna derechos en materia familiar tanto de la aquí parte quejosa como del progenitor de sus hijas menores de edad, de lo que se sigue que evidentemente se involucra el interés de las referidas menores, las que pudieran resultar contrario al de sus padres, pues éstos han demostrado tener intereses controvertidos, tal como se demuestra del procedimiento seguido ante la propia autoridad señalada como responsable; situación que hace evidente que entre dichas menores y sus padres, podría existir un conflicto de intereses, que no garantiza que alguno de ellos ejerza una efectiva representación sobre ellas, debido a que precisamente lo que se reclama en este controvertido constitucional es la decisión de un Juez de oralidad familiar que afecta a las citadas infantes. Atento a lo anterior, este Juzgador considera que es necesario que las menores sean representadas en el asunto que nos ocupa, no solo formal, sino también materialmente; es decir, en forma efectiva, por un tutor especial, como lo dispone el artículo 8° de la Ley de Amparo, que si bien no prevé exactamente el caso que aquí se trata, de una interpretación extensiva del citado precepto, en tanto de su texto subyace la intención del legislador de que se provea al menor una representación efectiva, obliga a este Juzgador a obrar en consecuencia. Por tanto, es inconcuso que en este asunto, en el que están involucrados derechos de las niñas aludidas, existe un conflicto de intereses entre quienes pudieran ser sus legítimos representantes, por lo que resulta conveniente que se nombre un representante especial y, en el caso, se estima que debiera serlo la persona que nombre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, gírese oficio a su superior, esto es, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a su recibo, nombre de un profesionista adscrito a dicha dependencia, que pueda fungir como representante especial para las citadas menores, a quien en el propio acto de aceptación de cargo, se le debe correr traslado con el libelo constitucional y los anexos, a fin de que pueda ejercer adecuadamente su representación, apercíbase a la autoridad que de no cumplir con lo solicitado dentro del plazo fijado, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo antes concluido, es acorde a lo señalado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, que establece las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico, que precisa que, el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de dicha Convención, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. De esta forma, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar primordialmente atender el interés superior de los menores de edad. Lo anterior, buscando en todo momento que el niño, niña o adolescente comprenda los acontecimientos que se desarrollen antes, durante y al término de un procedimiento administrativo o judicial, sin ser afectado en su integridad y derechos. Ello, aunado a que de acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, injusticia o descuido, incluidos el abuso físico, psicológico, mental y emocional; y por otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente grato y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por lo que respecta a Celibi Novelo Escalante, resérvese acordar lo relativo al carácter que le recae en este juicio, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta en su escrito de demanda y aclaratorio, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con dos copias de la demanda que se recepciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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