Javier Enrique Escalante Estrella
Expediente 1389/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Javier Enrique Escalante Estrella
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de agosto del dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de agosto del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Javier Enrique Escalante Estrella, contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; por tanto, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1389/2021-I. Ahora bien, antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente 206/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas por Celiby Guadalupe Escalante Novelo, a fin de que se decrete una pensión alimenticia a su favor y a cargo de Javier Escalante Estrella. Resolución en la cual se decretaron alimentos provisionales a favor de Celiby Guadalupe Escalante Novelo y a cargo de Escalante Estrella y se condenó a este último a pagar la cantidad liquida que resulte del treinta por ciento de todos sus sueldos o emolumentos y demás prestaciones. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 206/2021, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de Celiby Guadalupe Escalante Novelo. En este orden de ideas, se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, el justiciable reclama la sentencia dictada por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 206/2021, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de Celiby Guadalupe Escalante Novelo. Establecido lo anterior, tenemos que los artículos 851 y 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, disponen: "Artículo 851. Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.". "Artículo 369. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución inferior.". De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de apelación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P/J-11/2018 (10a.) visible en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". En los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, por lo que resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la parte quejosa Javier Enrique Escalante Estrella, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia invocada a lo largo de la presente determinación. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para ello en su escrito de demanda; y como su autorizada para tal efecto a Beatriz Adriana Alvarado Fuentes, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, de forma electrónica, al correo electrónico bet300126@gmail.com, el cual se obtuvo plasmado en la boleta relativa a la demanda de amparo y fue señalado en la propia demanda, para asegurar el pleno conocimiento de los autos que se dicten en este asunto; lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. .
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