Javier Duarte de Ochoa

Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
142/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Javier Duarte de Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el Oficio 1753, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de marzo del año en curso en el conflicto competencial 6/2022, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para continuar con el conocimiento del juicio de amparo respectivo. SEGUNDO. Dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución." En tales condiciones, acúsese recibo de estilo correspondiente vía interconexión al Tribunal de Alzada; agréguese el oficio, la resolución de referencia y únicamente las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la incompetencia planteada. En consecuencia, atendiéndose el sentido del fallo emitido por el Tribunal de Alzada, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso j) del citado acuerdo, pues se trata de un cuaderno auxiliar derivado de una incompetencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio 1196, remitido vía interconexión, firmado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, del que se advierte que dicho órgano colegiado admitió el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, quedando radicado dicho conflicto con el número 6/2022 del índice del Tribunal Colegiado en cita.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los presentes autos, el oficio 4574/2022, firmado electrónicamente por la Secretaria del Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo 204/2022-4-B de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por JAVIER DUARTE DE OCHOA, contra actos del Juez en etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en el Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, encargado del proceso penal 103/2018; y de su contenido se advierte que no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 142/2022, del índice de este juzgado, por los motivos que expone en el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós... De lo expuesto, se advierte que los motivos que tuvo el órgano jurisdiccional oficiante, para no aceptar la competencia declinada, fueron los siguientes: Que el acto reclamado, al ser la resolución que al resolver un medio de defensa -revocación- confirmó el acuerdo de cinco de enero del año en curso; no contiene una ejecución material, sino que se trata de un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; sin que conlleve alguna ejecución material. Que si bien el acuerdo se emitió por el juez que continuará con el conocimiento del proceso, esa circunstancia no es a virtud del acto reclamado, pues éste contiene un pronunciamiento meramente declarativo y negativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, lo que da lugar a que, el juez natural continúe con el procedimiento, pero ello de ninguna manera significa que propiamente el acto reclamado tenga ejecución material, porque se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, es decir, confirmar una resolución que contiene pronunciamientos declarativos y negativos. En ese tenor, este Juzgado de Distrito, respetuosamente no comparte el criterio anterior e insiste en declarar que la competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, se surte a favor del Juzgado oficiante, con residencia en la Ciudad de Xalapa, por las razones expuestas en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós; en mérito de las consideraciones de orden jurídico siguientes. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tiene encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquéllos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquéllos en que es competente. Así, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, cuantía, grado y territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico amplio, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Ahora, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes, porque resolver un asunto sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar a la postre la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo; por tanto, este Juzgado Federal sostiene que carece de competencia, en razón de territorio, por las razones vertidas en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que a continuación se reiteran. Bajo ese contexto, de la lectura integral al libelo constitucional que se provee, se obtiene que los actos reclamados en esta instancia son: El inconstitucional por violatorio de derechos fundamentales, auto de 10 de 19 de enero de 2022 (sic) dictado en el proceso penal 103/2018, del índice de la autoridad responsable, por medio del cual resolvió confirmar el auto de 5 de enero de 2022. De lo antes transcrito y del texto integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado es el auto de diez y/o diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el proceso penal 103/2018, del índice del Juzgado en etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en el Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por medio del cual resolvió confirmar el auto de cinco de enero del año en curso, el cual refiere viola su derecho a una adecuada defensa, ya que manifiesta el impetrante limita el acceso a la carpeta judicial únicamente a aquellos registros propios del promovente; y solicita se le conceda la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación hasta en tanto el quejoso cuente con absolutamente todas las constancias que estén relacionadas con el proceso penal 103/2018, tales como videograbaciones de audiencias que se hubieren llevado ante autoridades judiciales relacionadas con tal asunto y sentencias de amparo que guarden la misma relación y demás documentos vinculados con el proceso penal. En el caso, se estima que el acto reclamado por Javier Duarte de Ochoa, en su caso, tendría su ejecución en la ciudad de Xalapa, pues tal como lo refiere en su demanda de garantías, el auto de diez y/o diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el proceso penal 103/2018, del índice de la autoridad responsable Juez en etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en el Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, a través del cual resolvió el recurso de revocación que confirmó el diverso de cinco de enero del año en curso, en el que se determinó que únicamente se proporcionaría al quejoso acceso a la carpeta judicial respecto de aquellos registros propios del promovente y no de sus coacusados; se instruye en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Esto se afirma, en virtud de que si bien, la resolución reclamada constituye un acto negativo, su cumplimiento traduce dicho acto en uno con carácter positivo, en virtud que la eventual concesión de amparo, implicaría que sus efectos se trasladan directamente al proceso penal que se le instruye, tal como lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión De ahí que, si el proceso penal al que refiere el promovente no se le da acceso, se encuentra radicado en el mencionado juzgado con sede en la Ciudad de Xalapa, al tener allí su residencia la autoridad responsable; resulta entonces evidente que el acto reclamado se traslada directamente a dicha carpeta judicial, donde tiene su principal impacto y repercusión la posible violación a su derecho de defensa que alega le fue vulnerado; por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo, es el que tiene jurisdicción en el lugar donde se encuentra radicado el proceso penal; esto es, el que reside en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. En adición a lo anterior, debe destacarse que la interpretación realizada por la homóloga oficiante, respecto del párrafo tercero del artículo 37 de la ley de la materia -que el acto resulta ser declarativo y, por tanto, carente de ejecución material-; no puede realizarse de una manera literal, sino que debe llevarse a cabo una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece la primera hipótesis del propio dispositivo legal, el cual prevé que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo, será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. En este contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Xalapa, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, en todo caso, es en aquella ciudad que habrá de surtir efectos el dictado del auto que señala como reclamado. De lo antes reseñado deviene evidente que el acto reclamado y las consecuencias que se reclaman, tienen ejecución en Xalapa, Veracruz; por lo que conforme a las reglas de competencia en materia de amparo indirecto y a lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción. Por tanto, el suscrito considera que el competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo es el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, dado que, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados tienen ejecución material en esa ciudad capital. De ahí que no se compartan de manera respetuosa, los motivos expuestos por la Juez oficiante; dado que, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado no es meramente declarativo y negativo, ni que carezca de una ejecución material. En mérito de lo antes expuesto, se determinó en auto de diecisiete de febrero de la presente anualidad, que la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado con sede en la Ciudad de Xalapa; razón por la cual, se insiste que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, no corresponde a este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, remítase los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta Ciudad, que por turno corresponda, para efectos de la substanciación del conflicto competencial suscitado, en términos de lo que dispone el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese la anterior determinación a la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para su conocimiento y efectos legales. Finalmente, agréguese a los autos el oficio 2252/2022 recibido vía interconexión, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 69/2022-IV-E, número de orden 137/2022, que le fuera enviado, a fin de que notificara al promovente JAVIER DUARTE DE OCHOA, el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en el que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de su demanda de amparo, por los motivos ahí indicados; sin que sea el caso de acusar recibo de la comunicación oficial de mérito, toda vez que el propio sistema genera el acuse correspondiente. Por tanto, ténganse debidamente notificado al citado promovente del auto de diecisiete de febrero del año en curso, para todos los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que, de las constancias relativas a la notificación del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, efectuado al aludido quejoso, se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedido, para que señalara domicilio en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, Veracruz para oír y recibir notificaciones sin que lo hubiere hecho; por tanto, notifíquesele las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista electrónica, hasta en tanto subsane dicha omisión.

  4. Principal

    SE PUBLICA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS RESTANTES PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de dictamen pericial levantada el dieciséis de febrero del año en curso, efectuada a Martín Zarate Flores, en su carácter de perito en materia contable designado por la parte quejosa; por tanto, se tiene por ratificado el dictamen pericial rendido por dicho profesionista, el cual se tuvo por recibido en proveído de catorce de febrero del presente año; sin perjuicio de relacionarlo al resolverse el incidente correspondiente. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión, signado electrónicamente por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Córdoba, a través del cual remite diligenciado el exhorto 45/2022-D-III, orden 101/2022, de esta estadística. En consecuencia, dese de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno relativo; sin que haya lugar a acusar recibo de la comunicación oficial de referencia, toda vez que al haber sido enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el mismo genera automáticamente el acuse correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que la comunicación oficial recibida se encuentra ajustada a derecho, se tiene al perito Ángel de Jesús Rodríguez Rodríguez, notificado del acuerdo de cuatro de febrero del presente año.

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