Javier Cham Campos
Expediente 392/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Cham Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de doce de junio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo...se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes...Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la invocada Ley, archívese este asunto como totalmente concluido...este expediente es susceptible de destrucción.....
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el término concedido al promovente... para que desahogara la prevención realizada mediante proveído ocho de mayo de dos mil diecinueve, sin que el peticionario del amparo hubiera cumplido en el plazo indicado en diverso auto de fecha treinta y uno de mayo del presente año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento determinado en ese auto y, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a la formación del presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo...
- Principal
SE NOTFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se reservó acordar el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz, por medio del cual sostiene su imposibilidad para designar representante especial a favor del quejoso..por las razones que aduce...Además, de la certificación que antecede se aprecia que transcurrió el término concedido al peticionario de amparo, a fin de que proporcionara el nombre de algún familiar cercano que pudiera actuar como su representante especial en el presente juicio de amparo; en tal virtud, al efecto se provee: Habida cuenta que con las referidas actuaciones queda paralizado el presente juicio de amparo, a continuación se analizará si la designación de un representante especial a favor del quejoso, en su calidad de adulto mayor en estado de vulnerabilidad, dado que no medió su consentimiento, es compatible o no con el efectivo ejercicio de su personalidad y capacidad jurídica...Para explicar lo anterior, es menester trascribir el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. El precepto reproducido prevé en los casos en que un quejoso acuda en busca de la protección de la Justicia Federal, la designación de un representante especial en tres supuestos, a saber...Además, los tribunales federales han sostenido que dicha disposición debe hacerse extensiva a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad....En el caso, el supuesto que ocupa la atención del suscrito juzgador es el de los adultos mayores, pues el quejoso, en su escrito de demanda, manifestó tener noventa y un (91) años de edad y de los antecedentes que narró se advierte que posiblemente se encuentra en estado de vulnerabilidad, razón por la que en el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve se ordenó la designación de un representante especial a su favor. Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece una especial protección por parte de los órganos del Estado. Esto, al considerar lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución General que señala que todas las personas gozan de los derechos que la misma establece independientemente de la edad que tengan....Tal reconocimiento implica por un lado, que cualquier negación de derechos con base en la categoría de edad se presume inconstitucional y, por otro, que se justifica la protección reforzada de los derechos tanto de los menores de edad como de los adultos en edad avanzada. ..Lo anterior, porque si bien es cierto no puede equiparse la vulnerabilidad de los niños con la de los adultos mayores, no menos cierto es que ambos grupos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población....Por último, de acuerdo a la CONAPO, en el dos mil (2000) en México sólo el veinte punto veintiséis por ciento (20.26%) de los ciudadanos entre sesenta (60) y sesenta y cuatro (64) años de edad contaban con algún tipo de pensión; en ese mismo año el diez punto setenta y ocho por ciento (10.78%) de las personas de sesenta (60) años o más tenían una discapacidad y sólo el cuarenta y ocho punto noventa y cinco por ciento (48.95%) contaban con seguridad social...Igualmente ilustrativas de la situación general de este segmento de la población resultan las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991) en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de mil novecientos noventa y dos (1992) o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en mil novecientos ochenta y dos (1982), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en mil 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995...Tales consideraciones llevaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar. En efecto, la discriminación y el abandono son los principales obstáculos que se deben combatir a través de la protección reforzada de sus derechos....Dicha consideración especial hacia los derechos de las personas mayores se encuentra contenida en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. En el ámbito interno, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Así, en su artículo 5° se establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia en tratándose de éste grupo, entre los mismos destacan: el derecho a tener una vida con calidad, libre de violencia con respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual; así como el derecho a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, también garantiza el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, y establece las bases y disposiciones para su cumplimiento, a efecto de mejorar su calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico y cultural de la entidad. De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que si en un procedimiento judicial alguna de las partes tiene la categoría de adulto mayor, es decir si tiene más de sesenta (60) años, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, proporcionando el mayor beneficio que pudiera corresponder al adulto en edad avanzada. De lo anterior, es posible establecer que la razón específica para la designación de un representante especial a un adulto mayor, es la de otorgar el mismo trato a aquellos que se encuentren ante la imposibilidad de ejercer de manera efectiva su capacidad jurídica, por sí mismos, y que necesiten de ayuda o asistencia para ello. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el recurso de queja 57/2016, sostuvo que tal justificación no puede llegar al extremo de autorizar a que el juzgador de amparo en cualquier caso en el que el quejoso se encuentre en los supuestos que establece el artículo 8º, párrafo primero, de la Ley de Amparo y acuda en busca de la protección de la Justicia Federal, se le deba designar un representante especial, sin considerar indistintamente su aprobación o desaprobación, pues de conducirse en esos términos su actuar resultaría incompatible con los derechos de igualdad, de no discriminación y al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de ese grupo de personas, incluso en menoscabo de su autonomía y a la libertad de ejercer su propia voluntad en la toma de decisiones. En efecto, la lectura del párrafo primero del artículo 8º. de la Ley de Amparo, con apego estricto a su literalidad, trae consigo la posibilidad de que se proporcione a los grupos de personas a que hace referencia y de manera extensiva a los adultos mayores, un representante especial sin su consentimiento que pudiera adoptar decisiones bajo el sustento de buscar el mayor beneficio de su representado. Sin embargo, si el quejoso no manifestara realmente su voluntad se denegaría el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica como sujeto de derechos y obligaciones; lo cual llevaría a otro escenario negativo consistente en otorgar un trato distinto sin justificar realmente la necesidad de hacer esa designación, pues a partir del propio marco normativo interno como el internacional, todas las personas sin distinción -dentro de las que se encuentran los adultos mayores de edad-, deben ser tratados por igual ante la ley y en igualdad de condiciones, reconociendo en todo momento su personalidad y capacidad jurídica. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que el artículo 8º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, acepta una interpretación compatible y conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte el Estado Mexicano, que privilegia el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas a que hace referencia, a la luz de la autonomía en su toma de decisiones, y que trasciende en su derecho de acceso a la justicia. Lo anterior encuentra justificación en el artículo 1º Constitucional que prevé la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano (por regla general) de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con su texto y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y, además en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2010 de esta Segunda Sala de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN", que reconoce la aplicación de ese principio de interpretación que exige al órgano jurisdiccional optar por aquélla de la que derive un resultado acorde al texto constitucional, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, por lo que elegirá, de ser posible, la interpretación a través de la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, con el objeto de garantizar la supremacía constitucional y, permitir una adecuada aplicación del orden jurídico....En esas condiciones, la lectura e interpretación del artículo 8º, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no debe realizarse de modo limitativo ni literal, sino que deberá ser interpretado de forma: Extensiva: ampliando el significado del texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas de manera clara en los términos literales de la norma; y, ? Armónica: concertándola con los postulados y artículos constitucionales e internacionales al respecto, esto es, procurando extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con su contenido general y al conjunto de las restantes disposiciones del que forma parte. Así, el artículo 8º, párrafo primero, de la Ley de Amparo que generaliza la aplicación a grupos de personas considerados como de especial protección, válidamente puede ser entendido de forma extensiva, pues de inicio no resulta del todo clara la acepción en los términos que está redactada en tanto pudiera entenderse tanto como si se refiere a todas las personas o sólo a aquéllas que necesiten de una representación especial y, por otra parte, es válido armonizarla en congruencia a las restantes disposiciones con las que se relaciona, como son aquéllas relativas al reconocimiento de los derechos de las personas que tenga alguna limitación para representarse por sí mismo y su inclusión eficaz dentro de la sociedad, siempre reconociendo su personalidad y capacidad jurídica, así como la autonomía en la toma de sus decisiones. Lo anterior, a la luz del respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, así como la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia; y dar prioridad a un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, accediendo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, que garanticen el efectivo acceso a la impartición de justicia en términos de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, y en el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica considerando su autonomía individual, incluso la libertad de tomar sus propias decisiones. En ese escenario, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la convicción de que la designación de la representación especial a que se refiere el párrafo primero del artículo 8º. de la Ley de Amparo, no debe realizarse indiscriminadamente a cualquier persona que se encuentre en algunos de los supuestos a que se refiere dicho precepto en su sentido literal y acuda en busca de la protección de los Tribunales de la Federación, sino que debe considerarse su aprobación o desaprobación, pues el ubicarse en las referidas categorías no genera per se una limitación para aquella persona que pretenda ejercer una demanda ante un juez de amparo, o bien, que represente patentes restricciones para acceder de manera efectiva a una impartición de justicia con motivo de algún menoscabo o disminución de aquellas funciones a través de las cuales pueda desenvolverse óptimamente para sus intereses en la plena expresión y comprensión de sus acciones y voluntad, que requieran de algún apoyo o asistencia para ejercer su capacidad jurídica. En esa línea de pensamiento, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País concluyó que los juzgadores al tramitar un juicio de amparo, deberán adoptar un Modelo Social de Derechos Humanos de apoyo para la adopción de decisiones dentro del juicio de amparo, tal como lo determinó el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 33/2015... Respeto a la voluntad y preferencias: Todas las formas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica deben estar basadas en la voluntad y las preferencias de la persona, no en lo que se suponga que es su interés superior objetivo; Garantizar el entendimiento: El modo de comunicación de una persona no debe ser un obstáculo para obtener apoyo en la adopción de decisiones, incluso cuando esa comunicación sea no convencional o comprendida por muy pocas personas; Impedir limitar otros derechos humanos. El apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos; Derecho a oponerse: La persona debe tener derecho a rechazar el apoyo y finalizar la relación de apoyo o cambiarla en cualquier momento; y, Protecciones: Deben establecerse salvaguardias para todos los procesos relacionados con la capacidad jurídica y el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, a efecto de garantizar que se respeten su voluntad y preferencias... Las personas que tenga alguna limitación para representarse por sí mismos, pueden acudir al juicio de amparo por propio derecho, inclusive cuando tengan legítimo representante; El legislador previó la posibilidad de que cuando una persona que tenga alguna limitación para representarse por sí mismo, promueva un juicio de amparo, pueda existir un apoyo en su tramitación;..Al constituir un apoyo la figura del representante especial, entonces la persona que tenga alguna limitación para representarse por sí mismo, tiene el derecho de elegirlo y, en su caso, de rechazar la designación de alguno. 2. Derivado de esta interpretación, se concluyó que cuando una persona a las que se refiere el artículo 8 de la ley de la materia promueva un juicio de amparo, el órgano jurisdiccional, en principio, debe respetar su voluntad de promoverlo y continuarlo por propio derecho, supuesto en el cual no existe la necesidad de designarle un representante especial. 3. Y, para el caso de que el Juzgador advierta de manera objetiva que el quejoso necesita ser apoyado en la tramitación del juicio de amparo (como pudiera ser, a manera de ejemplo, a través de una entrevista directa entre ambos, o bien, que el promovente presente argumentos que van contra sus intereses), optará en cualquier caso por designarle un representante especial, para lo cual le dará vista a efecto de que en el plazo legal lo designe, e incluso informarle el derecho que tiene a rechazar la designación. De acuerdo con los razonamientos desarrollados, el suscrito juzgador llega a la conclusión que la designación de representante especial realizada al quejoso Javier Cham Campos, sin considerar su aprobación, contenida en el proveído de ocho de mayo del año en curso, es incompatible con la interpretación que debe recaer al artículo 8º de la Ley de Amparo, pues no se privilegió el efectivo ejercicio de la personalidad y capacidad jurídica de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad y, por ende, tampoco se reconoció ante la presentación de la demanda, que podía acudir por sí mismo al juicio de amparo, incluso que, en principio no necesita de apoyo para la tramitación del mismo, es decir, de forma alguna se observó su autonomía para ello. En tal virtud, se deja insubsistente la designación de representante especial a favor del quejoso Javier Cham Campos, por lo que deberá hacérsele de su conocimiento el proveído de ocho de mayo pasado, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado de dicho acuerdo, acuda por sí mismo a desahogar la prevención que se le formuló, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción II, III IV, V y VI de la Ley de Amparo, subsane las irregularidades advertidas en el escrito de demanda, informándole que subsiste el apercibimiento a que el mismo se contrae, de no tener por presentada su demanda. ..
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Agréguese a los autos la razón suscrita por la Actuaria Judicial de la adscripción, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso... hágase dicha notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones.
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