Javier Dejesús Gonzalez Ayala

Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
248/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Javier Dejesús Gonzalez Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 248/2021 promovido por **en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, la autoridad señalada como responsable la omisión de darle seguimiento a mi incidente no especificado tendente a obtener una libertad anticipada. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el doce de marzo de dos mil veintiuno. La quejosa señaló como autoridad responsable: al Juez Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo: la omisión de darle seguimiento a mi incidente no especificado tendente a obtener una libertad anticipada. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 248/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, en el caso concreto el impetrante del amparo acudió a esta instancia constitucional para reclamar la omisión de darle seguimiento a mi incidente no especificado tendente a obtener una libertad anticipada, solicitado mediante escrito presentado ante la responsable. V. INEXISTENCIA DEL ACTO. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a la responsable. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma probar su dicho, debe recordarse que la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. Al respecto, los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. (.)". "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. (.)". De los citados dispositivos legales se advierten tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, se actualiza a través del reconocimiento que hacen estas últimas al justificar su proceder. Es aplicable a lo anterior, respecto del segundo supuesto, prueba directa de la existencia del acto reclamado, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, registro 210769, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 77, con número de registro 210769, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Precisado lo anterior, tenemos que la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, sin que dicha negativa la desvirtuara la parte quejosa; ello es así atendiendo a lo expuesto por la responsable al rendir su informe justificado manifestando lo siguiente: "En el sentido de que, una vez realizada una búsqueda minuciosa en el Libro de Gobierno físico y electrónico de este Juzgado, no se advierte carpeta de ejecución relativa a la petición de Libertad anticipada señalada por el quejoso Xavier de Jesús González Ayala por lo que dicha solicitud no fue recibida en este Juzgado, sosteniéndose la negativa del acto reclamado consistente en "la omisión de darle seguimiento a mi incidente no especificado tendente a obtener una libertad anticipada." Cabe señalar que el sentenciado Xavier de Jesús González Ayala se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social 13 CPS-OAXACA por lo que atendiendo al artículo 24 de la Ley de Nacional de Ejecución Penal, respecto a la competencia objetiva es prudente destacar: Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces (sic) cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de su libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción de ejecución. De lo antes expuesto, se advierte que en todo caso la competencia para resolver sobre la petición planteada por el sentenciado correspondería al Juez de Ejecución que ejerza jurisdicción en el Estado de Oaxaca y no al suscrito a quien se le reclama el acto". Sin embargo, no se actualiza esa hipótesis, en razón que el promovente del amparo, omitió aportar elementos de convicción idóneos para demostrar la existencia del escrito que dice presentó ante la autoridad responsable. A efecto de verificar lo anterior, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento a la promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó a al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Página 351, que dice: "PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." En la especie no hay evidencia o indicio que indique que se haya realizado una petición en específico a la citada autoridad responsable. Lo anterior, porque en el caso que se analiza, la parte quejosa omitió exhibir pruebas con las que acredite fehacientemente que llevaron a cabo actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de Gobierno que precisamente omitió. Es decir, el impetrante no exhibió un medio de prueba apto mediante el cual acreditara que efectivamente realizó la solicitud a que hace referencia, o bien, que la autoridad se haya negado a recibirle dicho petitorio.; por ello, se estima que es inexistente la abstención atribuida a las responsables, de ahí que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con la finalidad de robustecer la determinación adoptada, conviene hacer hincapié en que cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de naturaleza omisiva como en el caso, para estar en aptitud de precisar su existencia se requiere comprobar un elemento previo que haga exigible el actuar que no se llevó a cabo. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclama una omisión de la autoridad que está condicionada al actuar del particular, corresponde al interesado demostrar que llevó a cabo los actos tendientes a originar la conducta esperada por el ente de gobierno y que precisamente omitió. DECISIÓN Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe señalado en la cuenta, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido, toda vez que el pasado ocho de abril del año en curso, se acordó lo conducente, al recibirse diverso informe con similar contenido. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que el pasado ocho de abril del año en curso, se tuvo al Juez Presidente del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, rindiendo su informe justificado y toda vez que la audiencia constitucional está señalada para este día; por tanto, las partes no tendrán conocimiento del citado informe con la debida anticipación de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal razón, la audiencia constitucional se difiere para las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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