Javier Cisneros Cisneros
Expediente 802/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Javier Cisneros Cisneros
- JAVIER CISNEROS CISNEROS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo causó estado, archívese este expediente como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... [...]. Finalmente, se hace del conocimiento del quejoso, que en sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del Juez *****************, como Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec), con efectos a partir del dieciséis de septiembre del año en curso; por tanto, dese vista al quejoso por el término de tres días, a efecto de que manifieste lo que su interés convenga; hágase lo anterior por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. [...]. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio del Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual remite el amparo directo 674/2019 de su índice, un tomo relativo al juicio de nulidad 0266/2016 y un cuaderno derivado del recurso de revisión 0267/2018. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el consecutivo 802/2019. Para un mejor manejo, fórmese el correspondiente tomo I y II por separado con los autos originales del juicio de nulidad 0266/2016 y del cuaderno derivado del recurso de revisión 0267/2018. Acúsese recibo correspondiente e infórmese a dicha autoridad judicial que este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.. . El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Ahora bien, el promovente del amparo Javier Cisneros Cisneros atribuye a la Sala Superior de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el acto reclamado siguiente: La resolución de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 267/2018. En efecto, de un estudio integral de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierten diversas actuaciones, a saber: Se precisa que ante la ahora Séptima Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el aquí quejoso promovió el juicio de nulidad 0266/2016 (antes 0132/2013), en el que mediante resolución de treinta de abril de dos mil catorce se declaró la nulidad del acto impugnado. Lo anterior para el efecto de que el Gobernador del Estado de Oaxaca, dictara otro en el que fundara y motivara la decisión de resolver lo relacionado con la certeza jurídica de la concesión del actor (quejoso), el alta en papel de seguridad y los oficios de emplacamiento y publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, que le fue ordenado al Secretario de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado; asimismo, para que dictara otro acto en el que, fundara debidamente lo relacionado con la solicitud de renovación de la concesión del citado accionante, aquí amparista. En acuerdo de nueve de junio de dos mil catorce, la resolución referida en los párrafos precedentes, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad demandada. En la etapa de ejecución, en auto de once de julio de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista al promovente con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia. Seguida la secuela procesal, el peticionario del amparo interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia; medio de impugnación que fue resuelto el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, declarándose infundados los agravios y, en consecuencia, cumplida la sentencia. Posteriormente, inconforme con esa resolución esa, el nombrado Javier Cisneros Cisneros, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la que por resolución de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 267/2018, revocó la resolución recurrida y declaró fundada la queja interpuesta, por lo que requirió bajo apercibimiento al Gobernador Constitucional del Estado, para que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, informara sobre el cumplimiento que diera respecto de la sentencia de mérito, remitiendo las documentales correspondientes. De lo expuesto anteriormente, puede advertirse que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de una última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que continua con la secuela procesal del juicio, para que la autoridad responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia de treinta de abril de dos mil catorce. En el caso, de oficio, se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Énfasis es propio). Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que la determinación mencionada que aquí se pretende reclamar no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, toda vez que de los antecedentes narrados anteriormente, se advierte que el juicio de nulidad 0266/2016 se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia y la resolución de segunda instancia constriñó a que se requiriera nuevamente al Gobernador Constitucional del Estado, para que dé cabal cumplimiento a la sentencia de treinta de abril de dos mil catorce; de ahí que en la especie, este juzgador estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Por otra parte, cabe destacar que el citado auto impugnado no constituye un acto que afecte de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa protegidos por la Constitución, tales como la propiedad, posesión o la libertad, que dieran lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que resulta factible que puedan ser reclamados precisamente cuando se impugne la última resolución que se dicte en la fase de ejecución del juicio de nulidad. Puesto que, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado de manera general que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Así entonces, resulta evidente la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia, pues como se explicó, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, sin que los actos que se reclaman en este asunto, cumplan con ese extremo, ni sean de los casos de excepción, pues como lo ha sostenido nuestro Máximo Órgano de Control Constitucional, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Abundando en lo anterior, debe decirse que el acto reclamado, no encuadra en los casos de excepción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que para que la acción constitucional biinstancial sea procedente, se requiere que los mismos no se dicten en ejecución de la sentencia, los cuales revisten el carácter de autónomos y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, como son el arresto como medida de apremio o la adjudicación de los bienes que fije en cantidad líquida la condena, pues la resolución controvertida está vinculada con seguir la secuela procesal de la ejecución de sentencia en un juicio de nulidad; por lo que dicho extremo de excepción, no se satisface en este asunto. Sobre el tópico, cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, cuyos rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de plano promovida por Javier Cisneros Cisneros, por las razones expuestas con anterioridad. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene al disidente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Joel Alejandro Ramírez López con cédula número 1055627, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, y las personas restantes únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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