Javier Cordoba Cobos

Expediente 711/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
711/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • Javier Cordoba Cobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VIII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cuatro de los cursantes, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El expediente es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haber concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 2. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (Punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VIII.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la razón actuarial signada por el Actuario de la adscripción, de la cual se advierte la imposibilidad que tiene para notificar a la parte quejosa Javier Córdova Cobos el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por lo motivos que expone. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del código adjetivo citado, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública cuyas manifestaciones vertidas en sus razones, corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 305 del código adjetivo citado, practíquesele la citada notificación por medio de lista. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa la presente determinación así como la diversa de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido al quejoso y a la parte tercera interesada, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; siendo que solo el primero formuló aquellas. Así pues, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, no se considera necesario realizar una narración de antecedentes; sin embargo, es insoslayable precisar los efectos del fallo constitucional dictado en este sumario, a saber, los siguientes (foja 60 vuelta): "(.) lo procedente es conceder al quejoso Javier Córdoba Cobos, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: 1). Deje sin efectos el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 1386/2005; y 2). Emita otra resolución, en la cual, atendiendo a los lineamientos de la presente sentencia, establezca el alcance de lo pactado en la cláusula segunda del referido convenio celebrado por las partes el veintidós de febrero de dos mil trece, en lo relativo a la fijación de la pena convencional en caso de incumplimiento en el pago, por cada día en que se incurriera en mora en cada una de las fechas de pago; y 3) Exponga en forma razonada, las causas por las que arribó a la conclusión de la fijación de la pena convencional. (.) Así pues, los efectos concesorios se traducen básicamente en formales, sustanciales y mixtos: 1. Dejar sin efectos el auto de veintisiete de abril del presente año, dictado en el expediente laboral 1386/2005 (formal); 2. Emitir una nueva resolución tomando en cuenta las consideraciones del fallo constitucional, valorando preponderantemente el alcance de lo pactado en la cláusula segunda del convenio celebrado por las partes el veintidós de febrero de dos mil trece, en lo relativo a la fijación de la pena convencional en caso de incumplimiento en el pago, por cada día en que se incurriera en mora en cada una de las fechas de pago (mixto), y; 3. Exponer de forma razonada los motivos para fijar la pena convencional (sustancial). Ahora bien, con el propósito de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante oficio TECA400F/104010/A.I/1136/2016, remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de agosto del presente año (fojas 76 a 78), del que se advierte lo siguiente: A) En la fracción I del referido proveído, dejó sin efectos el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis; B) En la fracción III del auto en comento, procede a realizar la siguiente argumentación justificativa respecto de la fijación de la pena convencional: "se procede a cuantificar la pena convencional en los términos que fue convenida por las partes ante este Tribunal, es decir que fue voluntad de los comparecientes celebrar convenio en la modalidad de pago de laudo en los términos en que fue suscrito (.) la pena convencional se pactó en los siguientes términos ". se fija como pena convencional en caso de incumplimiento de pago de laudo la cantidad de $853.30, cantidad que resulte ser el salario acreditado por el actor en autos POR CADA DÍA EN QUE INCURRA EN MORA EN CADA UNA DE LAS FECHAS DE PAGO en consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado en el convenio celebrado en fecha 22 de febrero del 2013 corresponde por pena convencional la cantidad total de $2,036,827.10 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 M.N.). la anterior cuantificación se realiza salvo error u omisión de carácter aritmético o de cualquier otra índole y que es el importe total de la pena convencional de $853.30 por cada día. C) En la misma fracción III del auto en comento, y una vez determinados los alcances de la pena convencional en cuanto a su origen y procedencia, cuantificó la pena convencional derivada del convenio en modalidad de pago de laudo en los términos en que fue suscrito, tomando en consideración los siguientes elementos: 1. Las fechas en que se estipularon los pagos parciales del convenio: Quince de abril de dos mil trece Quince de mayo de dos mil trece Diecisiete de junio de dos mil trece Quince de julio de dos mil trece Quince de agosto de dos mil trece Diecisiete de septiembre de dos mil trece Quince de octubre de dos mil trece Quince de noviembre de dos mil trece Dieciséis de diciembre de dos mil trece 2. Las fechas en que realmente fueron exhibidos los pagos parciales correspondientes precisados en el número anterior: Diecisiete de abril de dos mil trece Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce Veinticuatro de junio de dos mil catorce 3. El número de días en que incurrió en mora la parte demandada en cada una de las fechas de pago convenidas, tomando en cuenta los días estipulados para el pago y los días en que realmente fueron exhibidas las cantidades correspondientes: Dos días Cuatrocientos seis días Trescientos setenta y tres días Trescientos cuarenta y cinco días Trescientos catorce días Doscientos ochenta y un días Doscientos cincuenta y tres días Doscientos veintidós días Ciento noventa y un días 4. La cantidad de $853.30 (ochocientos cincuenta y tres pesos 30/100 moneda nacional), como salario acreditado por la parte actora, mismo que sería multiplicado por los días en que incurrió la demandada en mora en cada una de las fechas de pago: Días en que incurrió en mora en cada fecha de pago x Salario acreditado común denominador Días Salario acreditado 1. (2) 2. (406) 3. (373) 4. (345) 5. (314) ($853.30) 6. (281) 7. (253) 8. (222) 9. (191) Resultados: 1. $1, 706.60 (mil setecientos seis 60/100 moneda nacional) 2. $346,439.80 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve 80/100 moneda nacional) 3. $318,280.90 trescientos dieciocho mil doscientos ochenta 90/100 moneda nacional) 4. $294,388.50 (doscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y ocho 50/100) 5. $267,936.20 (doscientos sesenta y siete mil novecientos treinta y seis 20/100 moneda nacional) 6. $239,777.30 (doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta y siete 30/100 moneda nacional) 7. $215,884.90 (doscientos quince mil ochocientos ochenta y cuatro 90/100) 8. $189,432.60 (ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos 60/100 moneda nacional) 9. $162,980.30 (ciento sesenta y dos mil novecientos ochenta 30/100) Gran Total = Monto por pena convencional $2,036,827.10 (dos millones treinta y seis mil ochocientos veintisiete 10/100 moneda nacional). Así pues, de lo precisado en los incisos anteriores, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos concesorios, en atención a las siguientes consideraciones: 1. Realizó una nueva resolución y primeramente dejó sin efectos el diverso de fecha veintisiete de abril del presente año dictado en el expediente laboral 1386/2005; 2. Utilizando como eje rector y valor preponderante de interpretación, la autonomía de la voluntad plasmada en el convenio suscrito por el ahora quejoso y el ahora tercero interesado; determinó que la frase "por cada día en que incurra en mora en cada una de las fechas de pago" era la pauta para el cálculo de la pena convencional, en otras palabras, atendió directamente a lo expresa y claramente plasmado en el referido convenio, y con base en eso, procedió a establecer: A) Que hubo intención de fijar una pena convencional entre las partes, y; B) Que dicha pena convencional debía responder a un cálculo cuyos elementos componentes derivaban de las fechas estipuladas para el pago, las fechas en que fueron pagadas realmente las parcialidades, y la cantidad de salario acreditado por la actora (ahora quejoso), y; 3. Una vez determinado el origen y procedencia de la pena convencional, en la que recogió la consideración precisada en el número anterior; en coherencia con ello, de forma detallada, fundada y motivada, procedió a cuantificar el monto respectivo. De esta forma, se patentiza la satisfacción de los extremos derivados del fallo protector, por lo que debe este órgano de control de constitucionalidad considera cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. No pasa desapercibido que en el escrito de desahogo de la vista del cumplimiento al fallo protector (fojas 82 y 83), el quejoso manifiesta estar conforme con lo establecido hasta el momento; sin embargo, considera que la ejecutoria no se encuentra cumplida debido a que la responsable "SE ESTÁ NEGANDO A PROVEER RESPECTO DEL DICTADO DEL AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO que se le solicitó en escrito de fecha 11 de diciembre 2013, bajo el argumento de que existen embargadas dos cuentas bancarias del Ayuntamiento demandado (.)" Sin embargo, la función de este órgano de control de la constitucionalidad es vigilar y procurar el debido cumplimiento de la ejecutoria que fue dictada, en cuanto a los alcances y puntos concesorios que considera; así pues, si dentro de los efectos del fallo protector no se encuentra el relativo al dictado del auto que aduce, es inconcuso que esta potestad Federal no tiene motivo para exigir del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mayores cuestiones que las plasmadas en la propia ejecutoria dictada en el presente asunto. De otro modo, si se hiciera el requerimiento de mérito con tal de satisfacer la pretensión del quejoso, se estaría actuando en contravención a la técnica del juicio de amparo por considerar puntos no estudiados al dirimir la cuestión constitucional, es decir, se le darían efectos automáticos de ejecutoriedad a cuestiones que ni siquiera fueron ventiladas en el juicio de amparo; lo que evidentemente es irracional, ilegal y alejado de la técnica jurídica adecuada mandatada en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. En abundancia de argumentos, este Juzgado de Distrito no puede considerar que la responsable no dio cumplimiento al fallo protector, por cuestiones que no fueron objeto de la litis constitucional planteada, y consecuentemente tampoco del fallo constitucional dictado; y que más bien son propias de la etapa ejecutiva regulada por la legislación aplicable en lo relativo al acto reclamado, como en el caso, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Situación que deberá gestionar directamente con la responsable a través de los medios jurídicos viables y procedentes. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso Javier Córdoba Cobos, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno relativo al sentido o legalidad del auto recaído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    VIII.- Visto el escrito signado por el quejoso Javier Córdoba Cobos, mediante el cual desahoga la vista concedida mediante proveído de veintiséis de agosto del presente año (fojas 79 y 80), respecto del cumplimiento al fallo protector realizado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, y al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria, ténganse en consideración las manifestaciones vertidas.

  4. Principal

    VIII.- Visto el oficio signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veinticuatro de los cursantes, del que se aprecia que dejó insubsistente el auto de veintisiete de abril del presente año y realizó razonamientos en torno al convenio celebrado por las partes el veintidós de febrero de dos mil trece, en lo tocante a la pena convencional por incumplimiento de pago; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la Justicia Federal, dése vista por el plazo de tres días legalmente computado al quejoso y al tercero interesado, a fin de que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga respecto del cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable al fallo protector. Con el apercibimiento que en caso de ser omisos, se resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente.

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