Javier Córdoba Cobos
Expediente 1361/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/02/2017
Partes del expediente
- Javier Córdoba Cobos
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En Materia de Amparo Y Juicios Federales En el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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vii. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
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VII.- Vista la razón de cuenta, por medio de la cual el actuario de la adscripción, manifiesta su imposibilidad para llevar a cabo la notificación a los quejosos Javier Córdoba Cobos y Gervasio Cano Gutiérrez del auto de veintiséis de enero del año en curso, toda vez que mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (foja 21 a 25), se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y en atención a lo expuesto en el párrafo anterior, de conformidad con el artículo 27, fracción III, hágase la notificación de dicha determinación por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en cumplimiento al presente auto.
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VII.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: "El auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 1386/2005; en el cual consideró que no había lugar a dictar auto de requerimiento de pago y embargo". El veintiocho de octubre dos mil dieciséis, se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Javier Córdoba Cobos, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando último de la misma". Posteriormente el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, quedó firme la sentencia dictada en el presente juicio, y en esa misma fecha, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería, ser en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 1386/2005, de su índice estadístico; 2. Atendiendo a los planteamientos formulados por el peticionario de amparo, mismos que se precisaron con antelación; de manera fundada y motivada, dicte un nuevo auto en el que de forma congruente y exhaustiva con lo que le fue peticionado, tenga al actor quejoso por desistido a su más entero perjuicio del embargo trabado el nueve de diciembre de dos mil trece, haciéndole saber las consecuencias inherentes a su renuncia; 3. En el mismo proveído, despache auto de mandamiento en forma por la cantidad precisada en la fracción III del auto combatido, es decir, la que fue materia de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 711/2016-VIII, y que asciende a la cantidad de $2,036,827.10 (dos millones treinta y seis mil ochocientos veintisiete pesos 10/100 moneda nacional), señalando fecha y hora para la verificación de la diligencia, y; 4. Notifique a las partes como en derecho corresponda" En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficios registrados con los números de control interno 27519 y 27911, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 1386/2005, así como su respectiva notificación a las partes, con lo que aduce se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 1386/2005, de su índice estadístico. De igual forma dictó el auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el que tuvo al actor por desistido a su más entero perjuicio del embargo trabado el nueve de diciembre de dos mil trece, y ordenó girar oficio al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero del Norte a fin de que en el término de tres días computados legalmente le remitiera la constancia que acreditara haber destrabado el embargo sobre las cuentas bancarias 609158045 y 626745563 hasta por la cantidad de $13,755.40 (trece mil setecientos cincuenta y cinco pesos 40/100 m.n), mismas que se encontraban a nombre de Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el mismo auto, la autoridad responsable proveyó respecto de la solicitud del aquí quejoso Javier Córdoba Cobos, respecto al cumplimiento del convenio celebrado por las partes, el veintidós de febrero de dos mil trece, y por tanto estableció el requerimiento de pago y embargo en contra la demandada Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por la cantidad de $2,036,827.10 (dos millones treinta y seis mil ochocientos veintisiete pesos 10/100 m.n.), cantidad que resultó del importe total de la pena convencional derivada de $853.30 por cada día en que incurrió en mora el Ayuntamiento demandado; de igual forma precisó que dicha cantidad sería dividida entre el actor y los acreedores alimentarios, de tal manera que al aquí quejoso Javier Córdoba Cobos, le corresponde la cantidad de $712,889.49, a la C. María del Socorro Sánchez Garduño la cantidad de $264,787.52, al C. Carlos Javier Córdoba Sánchez la cantidad de $264,787.52, al C. Daniel Michele Córdoba Sánchez la cantidad de $264,787.52, al C. Luis Adrián Córdoba Sánchez la cantidad de $264,787.52 y al C. Ivani Alexander Córdoba Sánchez la cantidad de $264,787.52, cantidades que sumadas resultan la señalada en primer término. Asimismo, en el propio proveído señaló día y hora para para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, auto que le fue notificado a las partes el diecinueve de diciembre del año próximo pasado, mediante boletín laboral (foja 86, vuelta). Por lo anterior, se advierte que se encuentra debidamente cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado los actos que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Sin que sea de tomarse en consideración las manifestaciones de la parte quejosa, habida cuenta que las condiciones en que haya fijado la autoridad responsable el monto establecido por requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México por la cantidad $2,036,827.10 (dos millones treinta y seis mil ochocientos veintisiete pesos 10/100 m.n.) no fue materia de la concesión del amparo otorgado al justiciable, pues éste abarcó en los puntos antes precisados relativo a que dejara insubsistente el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis dictado en el expediente laboral 1386/2005; tuviera desistido del embargo trabado en autos, despachara auto de mandamiento por la cantidad antes precisada, en la que se señalara fecha y hora para su diligenciación, y notificara a las partes de dicho proveído. Circunstancia que queda cumplida en su cabalidad por la responsable al emitir el auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, lo cual las manifestaciones del justiciable relativas a la manera en que se dividiría el importe total de la pena convencional que fue materia de condena en el juicio laboral que nos ocupa, no fue materia de escrutinio en la concesión del amparo otorgado al quejoso.
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VII.- Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que por auto de veintiuno de diciembre del año en curso (foja 89), se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual remitió copia certificada del boletín laboral de diecinueve del mismo mes, donde se advierte la notificación a las partes en el juicio laboral 1386/2005 del auto por el que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado lo cual, se dio vista a la parte quejosa en término del artículo 196 de la Ley de Amparo. Así las cosas, de conformidad con el precepto legal mencionado con antelación, con copia simple de los oficios 1634/2016 y 1654/2016 y respectivos anexos, dese vista a la parte tercero interesada Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa.
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