Javier Chavez Hoyos

Expediente 268/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
268/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Chavez Hoyos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta y el Secretario de Acuerdos ambos de la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, en atención al requerimiento de treinta y uno de octubre del año en curso, informan que mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de nulidad que dio origen al expediente 0080-2021-02-C-09- 12-03-03-L, de su índice, por lo que una vez que transcurra el término para que la autoridad demanda formule contestación de demanda, se acordará lo conducente. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 268/2023-I, promovido por Javier Chávez Hoyos, por propio derecho, contra actos de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un legajo de pruebas y remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número RA. 269/2023, de su índice. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal oficiante resolvió lo siguiente. "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de diez de abril de dos mil veintitrés. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Chávez Hoyos, en contra del acto consistente en la dilación en el trámite del juicio de nulidad 0080-2021-02-C-09-12-03-03-L por parte de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo correspondiente y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días."( Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, toda vez que mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 269/2023, de su índice, se concedió el amparo y protección de la Justicia a la parte quejosa para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En mérito de lo anterior, procede conceder el amparo a la parte quejosa a efecto de que: 1. Sin más dilación, la autoridad responsable -Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa- tramite el juicio de nulidad 0080-2021-02-C-09-12-03-03-L de su índice, apegándose a los términos y formalidades establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 2. Notifique debidamente las actuaciones respectivas a las partes, conforme a lo establecido en el artículo 58- N de la citada normatividad. 3. Una vez que conformada debidamente la Litis contenciosa y cerrada la instrucción, emita sin dilación alguna la sentencia que en derecho corresponda" En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE a la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos y para los efectos precisados en la transcripción anterior. Apercibida, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a la persona física que ocupen los cargos señalados, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio remitido vía interconexión, firmado electrónicamente por la Actuaria del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, acusa recibo del diverso oficio a través del cual se le remitió el escrito de expresión de agravios, los autos originales del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes y un legajo de pruebas, e informa que admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, quedando registrado con el toca del recurso de revisión número R.A. 269/2023. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los presentes autos, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Por recibidos los oficios signados por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal y del Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales informan las gestiones realizadas y solicitan se les desvincule del cumplimiento al fallo protector, toda vez que por diverso oficio FGJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/1752/2023-04, se solicitó a la Directora General de Recursos Humanos la suficiencia presupuestal y el título de crédito a favor del quejoso, por lo que solicita se requiera a dicha dirección a efecto de que continúe con las gestiones de pago; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a sus autos tomando conocimiento de su contenido. En mérito de lo solicitado, dígase a la oficiante que no ha lugar a desvincular a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, lo anterior en razón de que, el oficio por el que se informe que se han agotado todos los medios de defensa en el presente juicio (visto bueno), que se les requiere forma parte del procedimiento interno entre las diversas áreas de dicha dependencia para realizar un pago; de ahí que, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, todas las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberán atender a los requerimientos decretados de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio, que en los diversos asuntos que se tramitan en este Juzgado, la Directora General de Recursos Humanos, ha informado que corresponde al Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal la emisión del oficio en el que se informe que se han agotado todos los medios de defensa (Visto Bueno) correspondiente para continuar con el trámite de pago al quejoso, por lo que su solicitud de que se le desvincule de dicho procedimiento solo refleja una maniobra para retrasar aún más el cumplimiento del fallo protector y así lograr que concluya el año calendario y con ello justificar que se debe iniciar de nuevo el trámite respectivo al haber iniciado un nuevo ejercicio fiscal. Por tales razones, no ha lugar a desvincular al Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ni a su superior jerárquico, del cumplimiento al fallo protector, debiéndose estar a lo acordado en auto de catorce de abril pasado, en el que se les requirió para que acreditaran ante este Juzgado de Distrito haber emitido el oficio en el que se informe que se han agotado todos los medios de defensa en el presente juicio de amparo (visto bueno). Se apercibe a las autoridades oficiantes que, en caso de insistir en ser desvinculadas, se les impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden Judicial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña El Secretario Juan de Dios García Munguía

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