Javier Chávez Hoyos
Expediente 491/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Javier Chávez Hoyos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Mónica Caballero Castillo, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y solicita se admita a trámite un incidente innominado para analizar los cálculos de cuota pensionario formulados por la quejosa en pretendido cumplimiento a la sentencia de origen; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, respecto al incidente propuesto por la promovente, dígase a la parte quejosa que este juzgado únicamente se encuentra constreñido en vigilar el cumplimento del juicio de origen, puesto que la Sala fue quien determinó sus efectos, a saber: En las citadas consideraciones este Cuerpo Colegiado estima que procede declara la nulidad de la resolución impugnada en los siguientes términos: respecto del periodo comprendido a partir de la fecha en que se otorgó la concesión de pensión al actor, esto es el 17 de julio de 1991 hasta el año 2001, conforme al contenido del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 4 de enero de 1993, donde los incrementos a su pensión deben ser conforme al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo y por lo que hace al periodo comprendido del año 2002 en adelante que la autoridad emita una nueva en la que ordene hacer los ajustes correspondientes a la concesión de pensión otorgada a la demandante, conforme lo establece el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 01 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, esto es conforme aumenten los sueldos de los trabajadores en activo o conforme al incremento de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, al que resulte más benéfico, precisando los mecanismos y/o datos que se utilicen para dicha determinación, cubriendo el pago de las diferencias con motivo de la violación al citado artículo 57, desde la fecha de su otorgamiento y hasta el cumplimiento del presente fallo, siendo obligación de la autoridad determinar en forma precisa, práctica y esquemática el mecanismo que se utilice para dichos efectos; tomando en consideración que de conformidad con el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la base salarial, no podrá exceder el tope de diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Se arriba a la conclusión anterior sin que resulte procedente la limitante respecto del pago de las prestaciones al plantear la prescripción de las mismas, atento a que no se actualiza la figura jurídica antes referida. De ahí, en caso de que resulte necesaria la cuantificación de cantidades para cumplir la sentencia de nulidad, resulta procedente que la Sala de origen sea quien se pronuncié al respecto, pues es la única que puede fijar los efectos a cumplir respecto de la sentencia firme de uno de marzo de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, con copia del oficio y escrito con números de correspondencia 12116 y 13257, con sus respectivos anexos, manifieste si la autoridad responsable ha dado cumplimiento la sentencia de nulidad de uno de marzo de dos mil dieciséis, e interlocutoria de queja por incumplimiento defectuoso de diecisiete de noviembre de dos mil 862/15-17-12-9, de su índice; asimismo, se pronuncié al respecto del incidente innominado propuesto por la parte quejosa. Se apercibe que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidad de cuenta general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden judicial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado Presidente y Secretario de Acuerdos de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, remiten copia certificada del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad 0080-2021- 02-C-09-12-03-03-L, de su índice, por el que admitió la demanda de nulidad promovida por el quejoso, asimismo, concedió la suspensión provisional de la resolución impugnada en el citado juicio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de cuatro de mayo de la anualidad que transcurre; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Sin que haya lugar a dar vista con las referidas constancias, ya que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables son parte en el juicio de nulidad de origen y por ende, tienen conocimiento de sus actuaciones. En ese sentido, toda vez que la autoridad responsable exhibe el acuerdo de admisión de la demanda de nulidad que dio origen al juicio 0080-2021-02-C-09-12-03-03-L, de su índice, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza una causal de improcedencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se da vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgador analizará las constancias de autos y determinará si, en su caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y, de ser así, se decretará el sobreseimiento en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a letra establece: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594). Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Jefe de Servicios de Informática adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintiuno de abril de dos mil veintidós, remite en original la constancia de evolución salarial de O.L.E.. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones, remítase copia del oficio de cuenta y su anexo, al Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido que en el presente asunto, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[...] para el efecto de que la autoridad responsable, Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá demostrar lo siguiente: a) Obtener, la Constancia de Evolución Salarial, que incluya la información hasta el año dos mil veinte, hecho lo anterior obtenga el porcentaje de evolución salarial respectivo hasta esa anualidad; b) Dictar otra resolución siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia de nulidad de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad 7763/16-17-05-8, y en esta sentencia, resolución en la que deberá comparar los porcentajes de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, con el porcentaje de incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del uno de enero de cada año, así también compararlos con los porcentajes de incremento previos ya reconocidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; hecho lo anterior, aplicar en cada periodo el más bénefico para obtener la cuota diaria pensionaria de la quejosa, y así cuantificar la gratificación anual y pago de diferencias que resulten. c) Posterior, en su caso, ordenar el pago de las diferencias con motivo del ajuste pensionario, únicamente por los cinco años anteriores a la fecha en la que la aquí quejosa solicitó el incremento de su cuota diaria de pensión, incluyendo las diferencias por concepto de gratificación anual. Se impone destacar que, no es necesario que la autoridad responsable, emita algún acto en el que expresamente deje insubsistente el oficio SP/2400/2020, de veintisiete de abril de dos mil veinte, toda vez que, al declararse su inconstitucional en la presente sentencia, de manera inmediata y directa ha quedado nulificado de la esfera jurídica de la quejosa." En el entendido que considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Titular de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su calidad de superior jerárquico de la directa responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos de las autoridades requeridas, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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