Javier Castillo Palafox

Expediente 2687/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2687/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Javier Castillo Palafox
  • Presidente de la Junta Especial Número Sesenta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante por oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el tres de agosto de este año, la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como lo acreditó con las documentales que adjuntó al oficio de referencia. En relación con lo anterior, por acuerdo de cinco de agosto de este año, entre otras cosas, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que efectuaran manifestaciones al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución emitida el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto siguiente: ".a efecto de que la Junta Especial número 61 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit: -De forma inmediata, dicte laudo en el juicio laboral ********************/2017.". Resolución que causó ejecutoria el veintitrés de enero de dos mil veinte. De lo anterior se obtiene que la Junta responsable de forma inmediata, debía dictar laudo en el juicio laboral ********************/2017, de su estadística. En cumplimiento a lo anterior, por oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el tres de agosto de este año, la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que el once de marzo de este año, emitió el laudo en el sumario laboral ********************/2017, de su índice, tal y como se desprende de las copias certificadas que adjuntó a la comunicación oficial aludida. Por tanto, al haber resuelto pronunciado la resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales y derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad denominada Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, hizo del conocimiento (foja 99), haber dejado insubsistente lo actuado en el juicio 96/2015, incluyendo el auto admisorio de la demanda, así como la resolución de once de mayo de dos mil quince, ordenando la reposición del procedimiento, por lo que ordenó emplazar al procedimiento al ahora quejoso y girar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, para que proveyera lo necesario y no realizara acto alguno en relación a las parcelas 679 y 680, ubicadas en la zona número 8, polígono 1, ubicadas en el potrero "Rojas o Los Arrozales" del poblado El Pantanal, Xalisco, Nayarit; siendo este último, quien adujo (foja 118), haber solicitado a la Dirección General de Registro y Control Documental ubicado en la Ciudad de México, reactivara los certificados parcelarios de las parcelas antes citadas, sin que hasta la fecha se tenga noticia si ya se realizó. En consecuencia, de conformidad a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, informe el cumplimiento al fallo protector, es decir, indique si ya se realizó la reactivación de los certificados parcelarios números 1005626 y 1005627 expedidos a favor de Carrillo Romano Sergio Antonio, que amparan la titularidad de las parcelas 679 y 680, con superficies de 00-40-32.120 y 6-65-15.447 hectáreas del Ejido El Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el proveído de diecisiete de diciembre del año en curso, se aprecia que la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector dentro del presente sumario constitucional; asimismo, en dicho auto se indicó que se estaría en la espera del acatamiento total del mismo; sin embargo, hasta la fecha no se ha comunicado lo anterior. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre de la presente anualidad (foja 775, Tomo II), se requirió a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal convenga, en relación con el oficio y anexos presentados por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informó haber dado de alta las firmas de los licenciados Pedro Saúl Mercado Aguirre, Teresa de Jesús Isiordia Carrillo y María de Jesús Borrayo, en su carácter de Juez y Secretarias de Acuerdos, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ante el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (BANSEFI); lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento al fallo protector, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Así pues, con fundamento en el dispositivo 196, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es:Seguido el juicio por sus demás trámites legales, mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 429, Tomo I), se ordenó tramitar el incidente innominado ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en autos del recurso de queja 420/2017, para determinar el pago que le correspondía a la restante quejosa Ana Cecilia Ibarra Rico respecto del quince por ciento cedido por la parte actora; lo que se hizo del conocimiento de las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho fuera pertinente. Por lo que la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, el tres de agosto de dos mil dieciocho, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual adjuntó copia de la promoción que presentó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y en el cual exhibió los billetes de depósito a nombre de la parte quejosa (fojas 527 a 534, Tomo II); Sin embargo, se le dijo que no se tenía por cumplido el mismo, en virtud de que aún no se encontraba resuelto el incidente innominado de mérito. Posteriormente, por interlocutoria de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 609 a 616, del tomo II), se determinó procedente el incidente innominado de referencia y se estableció que una vez que se declarara firme el mismo, se requiriera a la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, por el cabal cumplimiento al fallo protector. Inconforme con la anterior resolución la responsable Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado legal interpuso recurso de queja (foja 631, Tomo II), cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (foja 667, Tomo II), quien por determinación de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (fojas 701 a 710, Tomo II), declaró sin materia el mismo en virtud del desistimiento de la quejosa ********** del incidente innominado, en virtud de que todos los actores en el juicio natural convinieron la forma en que se distribuirían los montos consignados en los seis billetes de depósito que la autoridad responsable exhibió ante el Juez Civil de la causa, dentro del expediente 205/2007 de su estadística; motivo por el cual se requirió al Juez de origen, para que hiciera entrega de los billetes de depósito aludidos. Luego, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, el treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 733 a 749, Tomo II), se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, remitiendo copia certificada de la diligencia levantada a las nueve horas del quince de octubre de dos mil diecinueve, de la entrega de los billetes de depósitos consignados a la parte actora; por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (foja 751, Tomo II); realizando lo propio únicamente el autorizado de la quejosa Ana Cecilia Ibarra Rico; quien señaló que si bien le fue entregado el billete de depósito a su representada, no lo había podido hacer efectivo, en virtud de que al presentarse en "Bansefi" (Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros), le indicaron no poder realizar el pago hasta en tanto cotejaran la firma del juzgado que hizo entrega del mencionado billete de depósito. Por otro lado, mediante oficio recibido el once de noviembre siguiente (foja 758, Tomo II), el Juez Primero de lo Civil, con sede en Bucerías, Nayarit, hizo del conocimiento que el trámite del registro de la firma ante el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (BANSEFI), correspondía al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por lo que ese Juzgado se encontraba realizando las gestiones necesarias para que le fuera facilitado dicho trámite Así pues, a través del oficio y anexos recibidos el veintidós de noviembre de la presente anualidad (fojas 770 a 774, Tomo II), el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó haber dado de alta las firmas de los licenciados Pedro Saúl Mercado Aguirre, Teresa de Jesús Isiordia Carrillo y María de Jesús Borrayo, en su carácter de Juez y Secretarias de Acuerdos, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ante el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (BANSEFI). En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues si bien en sentencia definitiva se sobreseyó en el presente juicio de garantías, la misma fue revocada y concedida por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, por lo que ésta prevalece sobre la primera; además, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvanse a la autoridad denominada Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las constancias que remitió para el estudio del acto reclamado, en tres tomos (foja 89, Tomo I), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente.

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