Javier Bustamante Jiménez
Expediente 1276/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2019
Partes del expediente
- Javier Bustamante Jiménez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el líbelo de cuenta suscrito por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual en atención al oficio que en su oportunidad le dirigió el recaudador responsable solicitándole la clave (sic) interbancaria y otros documentos, con el propósito de dar acatamiento al fallo protector, manifiesta que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento con lo solicitado, pues dice no contar con dichos documentos, en razón de que no tiene cuentas bancarias, por lo que solicita se le dispense tal requisito y se ordene a la responsable devuelva la cantidad económica que en su momento erogó a su favor con motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada, por medio de cheque, pues a su criterio no existe disposición legal que establezca que la devolución de mérito tenga que hacerse vía transferencia bancaria. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales conducentes y, en consecuencia, de conformidad con el precepto 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con los arábigos 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días siguientes, al en que sea notificado de este proveído, de cumplimiento al fallo protector, reintegrando el numerario materia del presente juicio de amparo, vía título ejecutivo (cheque), a favor de la parte quejosa. Toda vez que conformidad a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la suscrita está obligada a vigilar el cabal cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas en los términos que se hayan indicado. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta y dos, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. ....". Además, como se dijo, de conformidad a lo establecido en los numerales 192 y 196, párrafo segundo de la ley de la materia, el juez de Distrito debe vigilar que la sentencia que se haya concedido quede puntualmente cumplida, toda vez que dicho tópico es de orden público e interés social. Asimismo, la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página dos mil quinientos setenta y tres, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. ...." Por tanto, en caso de que exista alguna disposición interna que establezca lo contrario en el sentido de que no pueden reintegrar la cantidad económica materia de la concesión por medio de título ejecutivo, debe decirse que por manual se entiende como aquellos cuerpos normativos que contienen información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando, es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Cabe decir también, que los manuales participan de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan aspectos técnicos y operativos en materias específicas, su fundamento legal es una cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos al interior de las dependencias y entidades. A poya a lo anterior, la tesis I.4o.A.630 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos ochenta y uno, Tomo XXVII, Marzo de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. SU CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.- .... De ahí que para que se consideren normas obligatorias susceptibles de determinar una causa de responsabilidad administrativa, es necesario que además de que la acción u omisión infractora esté prevista en ellos como una atribución del servidor público probablemente responsable, sean aprobados y expedidos por la autoridad facultada para ello y, además ser publicados en el órgano de publicación oficial correspondiente. Así también, la tesis I.4o.A.635 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil setecientos ochenta y uno, Tomo XXVII, Marzo de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. REQUISITOS PARA QUE SE CONSIDEREN NORMAS OBLIGATORIAS SUSCEPTIBLES DE DETERMINAR UNA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- .... Empero, dichos manuales no tienen la calidad de leyes o reglamentos, sino constituyen normas obligatorias y sirven de base para determinar causas de responsabilidad administrativa, siempre y cuando la acción u omisión prevista en un caso concreto se encuentre claramente precisada como conducta de determinado servidor público. Apoya al caso la Jurisprudencia 2a./J.249/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos quince, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO, CON BASE EN LOS CUALES SE LES IMPONEN OBLIGACIONES Y ANTE SU INCUMPLIMIENTO PUEDE FINCÁRSELES RESPONSABILIDAD Y SANCIONÁRSELES, DEBEN PUBLICARSE EN EL ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE.- .... Por tanto, tomando en consideración el principio de supremacía del sistema normativo de las leyes mexicanas, establecido en el arábigo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente, en esencia, en que para la validez de una norma jurídica de menor jerarquía, se requiere que ésta no sea contraria a una norma contenida en un ordenamiento legal de mayor categoría que regule la misma materia específica que la menor, es decir, atendiendo a dicho principio se debe aplicar la ley superior sobre la menor. Así, se colige que si alguna disposición interna de la autoridad responsable establece que las devoluciones de ese tipo se realizarán por transferencia bancaria, dicho requisito no puede aplicarse al presente asunto, pues, en todo caso, el citado requisito se encuentra establecido en un cuerpo normativo que determina el funcionamiento específico de cada una de las unidades administrativas, niveles jerárquicos y sistemas de comunicación, coordinación y grados de autoridad y responsabilidad, para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades y, en consecuencia, no pueden estar por encima de una norma individualizada, como es la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). NOTIFÍQUESE.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 442 a 443), causó ejecutoria la sentencia emitida en autos, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, la cual se notificó a las partes, el siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 443), surtió sus efectos, para la parte tercera interesada y quejosa, el siguiente día hábil, esto es el ocho de noviembre de dos mil diecisiete; por lo tanto, el término de seis meses previsto por el numeral 156 de la Ley de Amparo, para reclamar la devolución del certificado de depósito N 805622 (foja 341 del original del incidente de suspensión), valioso por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, exhibido por la autorizada de la quejosa, para garantizar la concesión de la suspensión provisional dictada en autos, comprendió del nueve de noviembre de dos mil diecisiete al nueve de mayo de dos mil dieciocho, plazo dentro del cual la parte tercera interesada, no se presentó a efecto de solicitar la garantía otorgada. Consecuentemente, al no ser necesaria la retención del certificado de depósito N 805622, valioso por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, requiérase a la parte agraviada, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a recoger el propio, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito el mismo a favor del Fisco Federal. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que por proveído emitido el diecinueve de marzo del año en curso (foja 134), se requirió al Director de Seguridad Pública y al Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, con el propósito de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, dieran cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio, con el apercibimiento de que que en caso de no dar cumplimiento con causa justificada, o de no informar el impedimento legal que tuvieran para ello, se les impondría una medida de apremio consistente en multa, por la cantidad de ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; notificación que les fue realizada el veintiuno de marzo posterior (foja 136), surtiendo sus efectos en ese mismo día, por tal motivo, el plazo concedido al día de hoy ya transcurrió con exceso, sin que hasta la fecha se hubiere dado cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado. Ante esa tesitura, se hace efectivo el apercibimiento indicado en auto de diecinueve de marzo del año en curso (foja 134), al Director de Seguridad Pública y al Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, consistente en la aplicación de una multa de ciento cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. Por tanto, previo a girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, a efecto de que por su conducto, haga efectiva la multa impuesta en el presente juicio de amparo, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, proporcione a este juzgado federal el nombre completo de las personas que al diecinueve de marzo del año actual fungían o fungen en los cargos de Director de Seguridad Pública y Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, así como sus domicilios particulares (precisando calle, número exterior e interior, colonia, localidad, Entidad Federativa, código postal y municipio) o aquellas direcciones en las que pudieran ser localizados los sancionados y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC); ello, con el propósito de remitir dicha información a la autoridad exactora para que practique el cobro de las sanciones impuestas. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por otro lado, vistas las constancias de autos, se advierte que por acuerdo emitido el tres de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 98 y 99), causó ejecutoria la resolución emitida en el presente juicio y en virtud de lo anterior, se requirió al Director de Seguridad Pública y al Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que dentro del término de diez días siguientes al en que recibieran el oficio de notificación de ese proveído, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, en los términos plasmados en la propia resolución, que se concentraron en lo siguiente: ".a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, el Agente de Policía y Transito de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como el cajero adscrito a la Tesorería del citado ayuntamiento deberán reintegrar al quejoso la cantidad enterada por concepto de la multa derivada de la boleta de infracción 6215, correspondiente al pago que hizo constar en el ticket **********, debidamente actualizados. Se aclara que, ante la irregularidad advertida, al no haberse justificado el cobro de la multa a partir de una conducta infractora por parte del impetrante, las autoridades responsables quedan impedidas de reiterar la infracción objeto de reclamo, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo." Asimismo, destaca que desde del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, fue la última ocasión en que las autoridades responsables informaron sobre la ejecutoria de amparo, pues por oficio presentado en esa fecha en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ***********, Delegado de las responsables, solicitó ampliar el plazo de cumplimiento para exhibir el billete de depósito a favor del quejoso ******(foja 127 a 128), sin que hasta la fecha se haya informado el resultado de su entrega, con su debida actualización. Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo requiérase por última ocasión, a las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente dén cumplimiento al fallo protector en los términos antes precisados. Asimismo, con sustento en el ordinal 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a las autoridades responsables en cita dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Sin que de momento resulte procedente, remitir los autos del presente sumario al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que conforme a sus atribuciones resuelva respecto a la inejecución de la sentencia, toda vez que atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante dicho Tribunal Colegiado se debe esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo; por lo que, una vez que se determine el incumplimiento, se enviarán los autos al Tribunal Colegiado aludido a fin de que continúe con el procedimiento relativo.
- Principal
Tepic, Nayarit, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el telegrama enviado por el Director General de Control de Juicios de Amparo, en suplencia por ausencia del Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual pretende rendir informe justificado; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, toda vez que éste no le fue requerido, ya que como se advierte del estado de autos, no se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la parte quejosa debido al impedimento legal planteado por ésta juzgadora. Con independencia de lo anterior, con fundamento en los ordinales 9 de la Ley de la materia, 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, por disposición de su numeral 2º, téngasele como delegado, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, los que se indica en el comunicado de mérito.
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