Javier Castellanos Reyes

Expediente 975/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
975/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Javier Castellanos Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 6613/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en sesión de diecisiete de agosto del año en curso, dentro del conflicto competencial **********, planteado por el Secretario Encargado del Despacho de este Juzgado y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, dentro del juicio de amparo número 975/2023-V; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO. Se declara competente para conocer de la demanda promovida por **********, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en términos del considerando último de esta ejecutoria." Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 6272/2023 signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito con sede en esta ciudad por el que acusa recibo del diverso con el que se remitió el original del juicio de amparo número 975/2023, en virtud del conflicto competencial que determinará el órgano de amparo que debe conocer del juicio promovido por ... Asimismo, se toma nota de que quedó registrado como conflicto competencial 32/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 13671/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; mediante el cual devuelve el juicio de amparo 975/2023 de este índice; en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por ***********, apoderado jurídico de ****************, contra actos de la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ello en atención a que el citado órgano constitucional consideró que este Juzgado Federal es quien debe conocer del juicio de amparo en que se actúa, pues estima que al tratarse de disposiciones autoaplicativas, existe el desconocimiento si dentro de la circunscripción territorial en la que ejercen competencia los Juzgados de Distrito, con sede en Uruapan, Michoacán, se va a realizar el trámite concerniente a las concesiones otorgadas como la que refiere el quejoso, de manera que para entender su demanda, en este caso, lo relevante, también es que todo aquello relacionado con su concesión, esto es, las cargas adicionales que reclama para conservarla, implicaría que debe acudir a la oficina central ubicada en Morelia, Michoacán, sede de la autoridad facultada para atender esos temas. Por tanto, refiere que el acto reclamado no solo tiene impacto en el lugar donde el quejoso, como persona concesionaria del Gobierno del Estado de Michoacán, en Morelia, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, le permite prestar el servicio de transporte público, sino también, en el lugar donde el quejoso, debe cumplir con la comprobación del cumplimiento de dicha concesión, precisamente, ante la autoridad que se le otorgó, cuya residencia se ubica fuera de la competencia territorial, sobre la cual la juzgadora ejerce jurisdicción, concretamente en Morelia, Michoacán. De ahí que, la Juez estima que partiendo de que la norma impugnada puede irradiar sus efectos en más de un Distrito y, queda a elección del quejoso su presentación ante cualquiera de ellos, en términos del artículo 17 Constitucional que prevé el principio de acceso a la justicia, entonces, la opción del justiciable de elegir en cuál Distrito Judicial presentará su demanda, también es una circunstancia importante que no puede pasar desapercibido y, que tomó en cuenta para considerar competente por razón de territorio a un Juzgado de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán. Sin embargo, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgador respetuosamente insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones del auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, pues el acto reclamado consiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, que se reclamó en su carácter de autoaplicativa. Así, tratándose de normas autoaplicativas, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Entonces, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia Constitucional conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que el quejoso debe acatar las disposiciones plasmadas en dicha ley. De ahí que sí de los anexos que el quejoso adjuntó a la demanda de amparo, se advierte que cuenta con una concesión del servicio de autotransporte público, que le fue expedida el once de febrero de dos mil ocho, por el Gobierno del Estado de Michoacán, con número de concesión FZCU01334, para que sea explotada en el municipio de Los Reyes, resulta inconcuso que ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, derivado de las disposiciones normativas reclamadas, toda vez que como se advierte en párrafos que anteceden, el citado quejoso tiene la concesión de Servicio de Público de Autotransporte en Los Reyes, Michoacán, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. En consecuencia, se estima que los actos reclamados por esta vía Constitucional tienen como consecuencia, un principio de ejecución, es decir, la norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita una ejecución material precisamente en el lugar en que el gobernado deba dar cumplimiento a sus prescripciones; por tanto, se deberá analizar una actuación realizada por las autoridades responsables en el lugar en que deba tener ejecución la misma, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone la jurisprudencia la tesis 2a. 11, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 193, Tomo IV, primera parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con número de registro 206498, que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Es aplicable la tesis: I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Y la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En mérito de lo expuesto, se considera que el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con jurisdicción en Uruapan, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el que debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, ya que su acto reclamado consiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, de ahí que, si la concesión del servicio de autotransporte público, que le fue otorgada al quejoso es para que sea explotada en el municipio de Los Reyes, Michoacán, resulta inconcuso que ahí tendrá ejecución el acto reclamado, lugar en el que dicho órgano ejerce jurisdicción. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el suscrito insiste que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir estos autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, en turno, con el objeto de que se sirva determinar qué Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo. Asimismo, comuníquese esta determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para los efectos legales procedentes. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda, el oficio número 909, remitido vía correo electrónico por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio número 15865, mediante el que se le notificó el proveído de once de julio de dos mil veintitrés; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.

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