Javier Arturo Pérez Díaz
Expediente 1286/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Arturo Pérez Díaz
Actuaciones
- Principal
...Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del diez al dieciséis de diciembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento del promovente que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger la copia de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el quejoso JAVIER ARTURO PÉREZ DÍAZ, por medio del cual cumple con la prevención formulada por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de advierte que aquella resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 173, apartado A, fracciones VII, VIII y XIV de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "ARTÍCULO 173. En los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del que quejoso cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixta VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; VllI. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo; [.] XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo." Lo anterior es así, porque en la especie la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Menor en Materia Penal de este Distrito Judicial, dentro de los autos que integran el proceso penal número 2/2019, que se instruye en contra del promovente del amparo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, en el que resolvió de plano el recurso de revocación, declarándolo improcedente, promovido en contra del diverso auto de seis de noviembre del presente año, en el que se acordó que no había lugar a tenerlo justificando su inasistencia a la ratificación de diversos dictámenes periciales. En el caso concreto, el aludido acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, pendiente de integrar al módulo de sistematización, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los actos de imposible reparación son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Juez responsable de declarar improcedente el recurso de revocación, hecho valer contra el auto de seis de noviembre del año en curso, dictado dentro del proceso penal 02/2019, en el que se determinó que no había lugar a tenerlo justificando su inasistencia a las diligencias de ratificación de dictámenes de veintinueve y treinta de octubre de dos mil diecinueve, sólo constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación al 173, apartado A, fracciones VII, VII y XIV, de la Ley de Amparo en vigor, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado, sino sólo sus defensas, ni decide su responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye, esto es, no se está prejuzgando su responsabilidad, o bien, decidiendo el juicio en lo principal, y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia, en que el material probatorio es valorado, lo que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso la determinación que le perjudique. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente". Se cita también en lo conducente, la Tesis Aislada XVII.1o P A 63 P(10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1596, del Libro 56 Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso ***no realizaron manifestaciones en relación al cumplimiento que dió la autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Zacatecas, (fojas 73 a 91), en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Gustavo Saucedo Castrejón y/o José Gustavo Saucedo Castrejón, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve en el toca I-21/2019. 2. Pronuncie otra siguiendo los parámetros establecidos en esta sentencia." 3) En auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días remitieran las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el presente asunto (fojas 118 a 119). 4) Por oficio 1042 allegado a este juzgado el seis de noviembre del presente año, el magistrado responsable, en cumplimiento a la ejecutoria informó que se dejó sin efectos la resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por esa sala, dentro del toca de apelación I-21/2019, asimismo, remitió copia certificada de la nueva resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual emitió los siguientes resolutivos: "PRIMERO. En debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto número 678/2019, promovido por el quejoso Gustavo Saucedo Castrejón y su defensa, contra actos de esta Quinta Sala Penal del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante acuerdo de fecha 31 treinta y uno de octubre del año en curso, se dejó insubsistente la resolución dictada por esta sala el 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, dentro del toca número I-21/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Gustavo Saucedo Castrejón y/o José Gustavo Saucedo Castrejón, en contra de la resolución que solventó la petición de la sustitución de la pena de data 26 veintiséis de marzo del actual, por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, dentro del cuadernillo de ejecución de sanciones penales número CE-232/2018. SEGUNDO. Esta Quinta Sala Penal Unitaria del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente recurso de apelación. TERCERO. Resultaron esencialmente fundados, los motivos de disenso planteados por el gestor jurídico del sentenciado Gustavo Saucedo Castrejón. CUARTO. Por consiguiente, se REVOCA la determinación pronunciada el 26 veintiséis de marzo de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mediante la cual resolvió sobre la solicitud de sustitución de la pena, promovido por el sentenciado Gustavo Saucedo Castrejón y/o José Gustavo Saucedo Castrejón y su defensa, dentro de la controversia de ejecución CE-232/2018, para ahora, en reparación de agravios causados determinar procedente el beneficio de la sustitución de la pena planteado por Gustavo Saucedo Castrejón. En consecuencia, se ordena al Juez de Ejecución convoque de forma inmediata a nueva audiencia en la que establecerá las medidas para que el sentenciado purgue el tiempo que resta de reclusión en prisión domiciliaria, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando Sexto de esta resolución." Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución dictada por esa sala el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca número I-21/2019, asimismo, dictó una nueva en la que revocó la determinación pronunciada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mediante la cual resolvió sobre la solicitud de sustitución de la pena, promovido por el sentenciado Gustavo Saucedo Castrejón y/o José Gustavo Saucedo Castrejón y su defensa, dentro de la controversia de ejecución CE-232/2018, para ahora, en reparación de agravios causados determinar procedente el beneficio de la sustitución de la pena planteado por Gustavo Saucedo Castrejón. Finalmente, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente.
- Principal
...Agréguese el escrito signado por... apoderado del tercero interesado...atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar su petición, en el sentido de que cause estado y sea elevada a la categoría de cosa juzgada la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de garantías, toda vez que en proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la misma. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, autorizando para recibirlas a las personas que indica, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
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